La banca nacional y el costo del crédito

Otra forma de victimización de la pobreza

Por Guido Mora

No sé cuántos de ustedes han intentado solicitar un crédito a un banco público o privado. Lo cierto del caso es que la cantidad de requisitos, lo engorroso de los trámites y el costo del financiamiento, constituyen un grave obstáculo para tramitar y adquirir un préstamo bancario.

Si eso nos pasa a Usted y a mí, que somos personas con ingresos medios, imagínese lo que ocurre a personas con ingresos bajos, subempleados o desempleados.

Definitivamente estas personas no son sujeto de crédito de ninguna institución bancaria: no seamos ilusos, a estas personas NINGÚN BANCO LES VA A PRESTAR DINERO.

El argumento de que la entrada en vigor de la LEY N° 9859: CONTRA LA USURA CREDITICIA, promovida por los exdiputados Welmer Ramos y David Gourzon, es la responsable de que los bancos no presten dinero a los costarricenses; del surgimiento de los préstamos gota a gota y de la violencia que muchos de estos provocan ES UNA FALACIA y debe combatirse como tal: ningún banco va a prestar dinero a los ciudadanos que hoy, por razones ajenas a esta Ley, recurren a los préstamos gota a gota.

Sucumbir ante esta falaz afirmación, es obviar la existencia de la precaria realidad socioeconómica que enfrentan muchos sectores sociales en nuestro país: las personas que recurren a los préstamos, denominados gota a gota, o están sobre endeudados, o tienen bajos ingresos, o forman parte del sector informal y por ello, no cumplen con los requisitos establecidos por las instituciones bancarias, para ser beneficiarios de un crédito.

El problema, entre otras cosas, se relaciona con la falta de educación financiera; el elevado desempleo; el subempleo y, sobre todo, la pauperización del salario de los costarricenses que trabajan en el sector formal de la economía, elementos que constituyen una amenaza real a la capacidad de endeudamiento del sujeto crediticio. Resumidas cuentas, median en esta realidad aspectos tales como los bajos salarios, que no permiten a los costarricenses acceder al crédito bancario, por una parte, y por otra, la ausencia de políticas públicas y de voluntad política de transformar, como alguna vez lo fue, a la banca pública en un motor de desarrollo económico y social.

El tema del crédito y de las altas tasas de interés tiene aspectos socioeconómicos de fondo y está estrechamente vinculada con la concepción ideológica que sustenta el ejercicio del poder.

Depende estrictamente de la definición política sobre el rol de la banca en la economía y de su papel como motor en la formulación e implementación del modelo de desarrollo -que en un pasado cercano resultó importante en la construcción y el mantenimiento del Estado social de derecho-; y del silencio cómplice de actores políticos que han posibilitado el favorecimiento de los privilegios del que gozan los representantes del capital financiero, que pretende imponer un alto costo del dinero, captado a bajas tasas de interés y prestado con intereses de usura, con el único propósito de continuar el proceso de concentración inescrupulosa de la riqueza, a costa del sobreprecio del crédito y los gravosos intereses que están acostumbrados a cobrar.

Y es que, tenemos que decirlo claramente, la mayor cantidad de recursos que poseen los banqueros en sus carteras crediticias, son dineros de los ahorrantes, a los que les pagan intereses miserables y que utilizan para arrendarlo a altas tasas de interés. A saber, se enriquecen con el dinero de otros, asumiendo riesgos muy calculados y promoviendo, entre los costarricenses, la búsqueda de préstamos orientados fundamentalmente al consumo. Lo que sigue ya lo conocemos, el sacrificio de los exiguos recursos económicos de los deudores, o el de sus fiadores, que deben de pagar varias veces el monto de los créditos, mediante la cancelación de elevadas e interminables cuotas.

La misma situación promueven quienes facilitan los préstamos gota a gota, con la única diferencia de que los bancos utilizan al Poder Judicial y saturan los juzgados con procesos de cobro judicial, alcanzando más de 700 mil casos en años pasados.

Contrario a quienes manejan al capital financiero, es importante entender que el tema del crédito debe de evaluarse desde una perspectiva diferente.

Es imprescindible que el Estado encuentre y ejecute los mecanismos que permita a los ahorrantes acceder al crédito, con tasas de interés racionales, de manera que el trabajo transforme esos dineros en opciones laborales para miles de costarricenses: promover la educación financiera; limitar y castigar el crédito de consumo, que tiene endeudados a miles de familias y promover el crédito destinado a la generación de fuentes de empleo, impulsando los emprendimientos y financiando las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lejos de asumir la responsabilidad de construir y estimular propuestas para procurar la reactivación económica, vemos a representantes del sector financiero y a políticos de diversas bancadas, abogar por la derogatoria de la LEY CONTRA LA USURA CREDITICIA, con el fin de posibilitar que los banqueros sigan expoliando a muchos costarricenses.

Resulta impostergable la atención de esta problemática. Evadir la responsabilidad que le compete al Estado de exterminar los préstamos gota a gota, tiene como consecuencia permitir el blanqueo de capitales, amén de poner en serio riesgo la seguridad de muchos costarricenses y sus familias. Permitir que continúen las altas tasas de interés, condena a miles de familias a vivir con su futuro hipotecado.

Es importante, por otra parte, y tal como lo expone el economista Leiner Vargas, asumir la responsabilidad de promover la educación financiera, de manera que podamos conocer y comprender la relación entre nuestros ingresos y la capacidad de endeudamiento.

El Estado tiene la obligación moral de diseñar y ejecutar los instrumentos económicos que permitan a miles de familias, superar sus problemas de endeudamiento, que no son sino otra forma de revictimización de la pobreza, a la que les ha condenado este modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza.

Finalmente, sería interesante que los deudores de bancos y otras instituciones financieras se organizaran e hicieran frente común para renegociar sus deudas, con el propósito de que no tengan que dejar de llevar comida a las mesas de sus familias, para pagar desproporcionados intereses que debieron aceptar, por necesidad económica o ignorancia financiera.