La UNGL: el municipalismo neoliberal

Albino Vargas Barrantes

Está circulando al interior de la comunidad institucional de las municipalidades costarricenses, el documento Metodología para la fijación de salarios globales al régimen municipal, emitido por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL); una deplorable decisión que, disfrazada de “inducción técnica” a la imposición en las municipalidades de la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, no es más que una traición a los más esenciales valores del régimen de los gobiernos locales de nuestro país, específicamente su autonomía, sometiéndose la UNGL a la visión ideológica contenida en dicha legislación y que se materializa en esa legislación.

Por eso hablamos del municipalismo neoliberal que ha adoptado la UNGL al cual hay que cerrarle el paso, de manera radical. De esta manera y con su “metodología”, la UNGL asume como suyo el ajuste fiscal ortodoxo, de corte neoliberal, impuesto al sector público de nuestro país del lado equivocado e injusto: el de la clase trabajadora.

Tengamos presente que la UNGL no afilia al 100 % por ciento de las municipalidades del país; al menos, casi la mitad de ellas, según nuestros últimos datos. A pesar de ello, no se debe menospreciar que esta entidad tiene incidencia en el mundo municipal costarricense desde un punto de adopción de sus “recomendaciones” políticas para influir en muchas de las personas que gravitan en su seno.

Con la emisión de su Metodología para la fijación de salarios globales al régimen municipal, la UNGL está haciendo suyos los dos contenidos centrales, ideológico-políticos y estratégicos, inmersos en la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, fuertemente combatida, desde su misma gestación, por la corriente sindical en la cual militamos.

Por una parte, la adopción del salario global implica que se conceptúa éste como parte del ajuste estructural de las finanzas públicas, al ligarlo a la evolución de la relación deuda pública-producto interno bruto (PIB).

¿Por qué? Por cuanto todas las personas trabajadoras asalariadas de la Administración Pública costarricense quedaron condenadas a que sus futuros reajustes por costo de vida se obtendrán si esa relación deuda-PIB está por debajo de los 60 puntos porcentuales.

El personal trabajador municipal costarricense pasará a engrosar la funesta situación de sus colegas del Gobierno Central, por ejemplo, el cual a partir del 1 de enero de 2024 ingresará al quinto año de congelamiento salarial total, sin un solo centavo de reajuste por costo de vida. Han sido sometidos a la dictadura de la relación deuda-PIB todos estos últimos años.

Segundo el salario global es, en sí mismo, una trampa. La cantidad-diferencia que supere el monto actual del salario compuesto, la recibirá cada persona trabajadora en tractos, según reajustes por costo de vida paulatinos y anualidades productos de positivas evaluaciones del desempeño. Un proceso que tomará años hasta que se llegue al monto del salario global.

Y, a la inversa, si el salario global es inferior al salario compuesto actual, se congelan los sucesivos aumentos por costo de vida y reconocimientos de anualidades hasta que la persona trabajadora “devuelva” el sobre-pago salarial que le quedó producto de su nuevo salario global con relación al salario compuesto del momento.

La otra consecuencia nefasta para el municipalismo costarricense de la decisión de la UNGL con su “metodología”, tiene que ver con la propia autonomía del régimen. El salario global viene a ser la puerta de entrada para la intromisión de las políticas de personal y salariales que se impondrán desde el Gobierno Central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) a las municipalidades.

Ambas circunstancias (el salario global y el imperio de Mideplan), de adoptarse en los diferentes gobiernos locales, aportan a la construcción de un Estado central altamente empoderado, verticalista y de sesgo totalitario-autoritario; castrando el desarrollo de las municipalidades en circunstancias en las cuales su fortalecimiento es urgente para la misma democracia, valorando de nuestra parte que el peso de la deuda pública y la ausencia de decisiones de alto calibre para atenderla, intensificarán la situación de quiebra, ya no solamente técnica, de una serie de programas ministeriales que podrían ser trasladados a las municipalidades: el gobierno más cercano a la gente, a la ciudadanía.

Creemos que el municipalismo costarricense está en la encrucijada más difícil y definitiva de toda su historia. Creemos que el municipalismo, muy afín al liberacionismo clásico-histórico de raíz socialdemócrata, tiene una oportunidad de oro para fortalecerse en momentos en los cuales más necesita la Democracia de él; y, en circunstancias en que la urgencia de su unidad interna es vital para tal fin: las alcaldías, los concejos, el personal trabajador y sus organizaciones gremiales y sindicales, así como la comunidad misma.

Y, ¿cuál es el camino para ello? ¡Los Derechos Humanos (DD.HH.)! y la serie de tratados adoptados por Costa Rica. Por ejemplo, mediando el respeto integral a los contenidos de la Opinión Consultiva OC 27-21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva. De ello, hablaremos en nuestra próxima entrega.