Una salida al endeudamiento de las familias costarricenses

El Café de las 7

Welmer Ramos González

Una encuesta realizada por la Oficina de Defensoría del Consumidor Financiero (OCF), de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), publicada el febrero del 2021, presenta interesantes hechos reveladores sobre la condición financiera de las personas físicas costarricenses, y genera un panorama de la situación que se vive actualmente:

• El 74% de los costarricenses mayores de 18 años tiene deudas.
• En promedio, las personas tienen entre dos y tres deudas, principalmente créditos personales o de consumo, préstamos con familiares o amigos, y deudas con empresas de electrodomésticos y otros comercios.
• Al 35% de los consultados, apenas les alcanza para lo básico y al 27% no les alcanzan del todo los ingresos que generan; dado el endeudamiento que tienen. Esto es que “seis de cada diez personas admiten que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, o del todo no le es suficiente”.
• El 20% de los encuestados dedican 62,5% o más de sus ingresos para el pago de deudas.

Por su parte, un estudio de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado: “En búsqueda de mejores condiciones de endeudamiento para empresas y hogares: Informe económico sobre Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana”1, publicado en abril del 2022, presenta un panorama de los niveles de deuda de las familias en Costa Rica y los efectos para la buena marcha de la economía en general y de la salud de las personas. Hay algunos hechos reveladores que es importante citar de ese informe:

1. Que durante la crisis de COVID se aplicaron medidas paliativas, como disminución de las tasas de interés de referencia, moratorias de pago, refinanciamiento de deudas, entre otras que aliviaron temporalmente la situación, pero las condiciones se han reversado abruptamente.
2. El brusco aumento de las tasas de interés de hasta 8 puntos porcentuales en un año, presiona la capacidad de pago de los hogares que todavía no se recuperan debido a la pérdida de empleo e ingresos.
3. El estudio demuestra que son las familias de menores ingresos quienes más sobreendeudamiento padecen, así, el nivel de deuda decrece con el nivel de ingreso.
4. El 27% de los hogares de Costa Rica tienen deudas que superan el 30% de los ingresos. A partir de tal límite se considera sobre endeudamiento.
5. Los hogares cuyo jefe de familia es joven o está desempleado, así como los hogares con mayor carga de dependientes son más propensos al sobreendeudamiento, exacerbando su vulnerabilidad.
6. Los datos muestran que el crédito a los hogares explica la mayor proporción de crecimiento de crédito al sector privado en Costa Rica, en la última década.
7. En Costa Rica, la mitad de los hogares no posee ahorros.
8. El estudio encuentra evidencia de que las familias sobreendeudadas acarrean peores resultados en salud.

De ambos estudios se deduce, que es necesario crear una batería de acciones para solventar la difícil situación de sobreendeudamiento que están viviendo los hogares. En el corto plazo, el alto endeudamiento de los hogares, puede parecer un problema de estos únicamente, pero el agravamiento del impago puede acarrear problemas para los entes financieros.

Endeudamiento de los hogares y la exclusión financiera

El cuadro inserto, muestra el grave problema del cobro judicial en Costa Rica, a finales del 2021; según “El Estado de la Justicia”, existían 854.412 casos activos, con una tasa de crecimiento del 13.9%, respecto de año anterior, siendo este el rubro que más porcentaje de casos judiciales acumula con 58,9% del total.

Detrás esa estadística, subyace un cuantioso costo para el Estado costarricense que supera los ¢12.000 millones anuales, que es el presupuesto estimado de las oficinas del Poder Judicial dedicadas al cobratorio. Pero también para las personas se ven fuertemente afectadas, pues además, la obligación original de deuda, una vez en cobro judicial, se ve fuertemente incrementada por costos diversos del proceso, que en muchos casos más que duplican el monto original; es usual también que, los bienes comprometidos se rematan y adjudican a precios ruinosos alejados de la realidad, los fiadores no solo deben asumir la obligación incrementada, sino que ven manchado su historial crediticio; y todo eso ha dado lugar al surgimiento de una industria de cobro judicial que lucra a partir de la calamidad que sufren miles de costarricenses.

El veloz incremento en los cobros judiciales es nociva para todas las partes y tienen múltiples causales. Por un lado, existe un fuerte mercadeo del crédito personal, muy agresivo, que induce a la población a tomar dinero para consumo, a tasas de interés altas, con trámites ligeros, y por otro, un entorno de familias con escaso conocimiento de las finanzas que cifran sus decisiones en el muy corto plazo, entre otros factores. No obstante, esa dinámica está llevando a una situación de pandemia de morosidad a la población costarricense y crecimiento acelerado en la exclusión financiera que, luego obliga a la ciudadanía a recurrir a canales financieros informales.

Es necesario que los jueces castiguen a aquellos que prestamistas institucionales o no, que otorguen créditos a personas sin capacidad de pago, pues es sabido el daño económico y moral que ocasiona esta práctica usurera.

El entes reguladores del sistema financiero deben buscar implementar un mecanismo de alivio del sobreendeudamiento de las familias, especialmente las más pobres y todas aquellas que los entes financieros les concedieron créditos por encima de su capacidad de pago. Por ejemplo:

• Las deudas de tarjetas que tengan más de tres meses, hoy al 35% de interés, se pueden pasar a crédito personal a 12% o al 14%.
• Refinanciar los créditos personales y de consumo al doble del plazo de vencimiento, y suspender el pago del principal si la tasa pasa de cierto límite.
• Generar seguros de desempleo colectivo y de bajo costo.
• Una cruzada de educación financiera, liderada por CONASSIF.
• Implementar canales de información oportunos con las distintas ofertas crediticias para que las personas puedan trasladarse a la entidad de menor costo, con relativa facilidad.
• Y que tal, si se les libera un poquito de encaje legal a los entes financieros que se apunten en la iniciativa, se eliminen los costos de inscripción de nuevas garantías, entre otras.

Es por el bienestar y la salud de las personas y del sistema financiero que hay que llevarlo adelante.