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El Café de la 7
Welmer Ramos González
Esas fuentes de desequilibrio latentes merecen atención, pues tienen la capacidad de ocasionar huecos fiscales en el corto plazo, tales como: quiebras o la necesidad de capitalizar empresas públicas, recesión económica, crecimientos de las tasas de interés de la deuda pública, emergencias sanitarias y climáticas, desbalances en los sistemas de pensiones, entre otros riesgos.
El Estado costarricense cuenta con varias empresas públicas muy relevantes para sostener el modelo de estado social, solidario y universal, las que deben brindar servicios como la disposición de electricidad, agua potable, combustibles, sistemas jubilatorios, salud, entre otros, que tienen, además, la virtud de funcionar al costo. No obstante, muchas veces por presiones políticas, estas se ven sometidas a imponer precios que no corresponden con los costos reales y que podría, a mediano plazo, llevarlas a situaciones de insolvencia.
Especialmente, por su naturaleza de ser entes públicos, en el corto plazo se pueden disimular desequilibrios importantes pero que, a mediano y largo plazo, se deben enfrentar con recursos públicos. Hay toda una controversia no resuelta técnicamente sobre las atribuciones que puede tener la autoridad reguladora de las tarifas para definir cuáles rubros pueden ser parte o no las estructuras de costos de las empresas públicas y, que no es correcto dejarlas a entera discreción de funcionarios técnicos que ignoran los derroteros de la política pública, que en sentido amplio se han trazado en la planeación de mediano plazo.
Tarifas fijadas por debajo de costos reales para los servicios públicos, pueden ser del agrado de grupos de presión y de los gobernantes de turno, pero podrían estar dinamitando la sostenibilidad del sistema solidario a largo plazo. Es más, cuando se trata de las finanzas de las empresas públicas, impera el interés difuso que generalmente no es asumido por ninguno de los actores sociales, sino hasta que se muestra como un problema fiscal significativo, que es imposible de postergar. No opera así, en el caso de las tarifas de servicios públicos brindados por empresas privadas, que tienden, al contrario, a presionar por ajustes de precios al alza a la menor circunstancia, pero no a la baja, cuando las circunstancias cambian en sentido contrario.
Es más, varias grandes concesiones que ha dado el Estado costarricense a las empresas privadas, tienen cláusulas que les garantizan ingresos mínimos que de no lograrlos, es el Estado el que debe hacer jugosas transferencias, un ejemplo, es el caso de Aeris que administra el Aeropuerto Juan Santamaría, que en el 2020, debió ser compensada con unos US$29,8 millones de dólares, según lo publicado, pero igual es el caso de otras concesiones. Los riesgos contingentes no se eliminan con privatizaciones o concesiones, pueden encarecerse los servicios y desmejorar la calidad como han alegado los exportadores en el caso de APM-Terminal y sin que desaparezcan los riesgos contingentes.
En resumen, se debe prestar mucha atención a los riesgos contingentes que pueden acumular las finanzas públicas, por medio de las empresas estatales, las concesiones otorgadas, y tener claridad que el modelo solidario y universal es una política pública superior, definida en la Constitución Política.
Por otra parte, Costa Rica enfrenta de manera recurrente catástrofes ocasionadas por la naturaleza (sismos y tormentas, huracanes y pandemia) que significan, cada vez, mayores costos para paliar las consecuencias, y que continuarán incrementándose, conforme los problemas de cambio climático se acentúen y la infraestructura nacional aumente, pero el Estado costarricense no cuenta con un modelo sistemático de aseguramiento o de acumulación de recursos para tales eventos. Sin tal sistema, las finanzas públicas tendrán un enorme flanco de vulnerabilidad en el mediano plazo, que puede implicar varios puntos del PIB.
En el cuadro anterior se aprecia que en promedio anualmente, en los últimos 5 años, se destinaron ¢260.863 millones (0,6% del PIB), para paliar los efectos de las emergencias declaradas. Para tener un parámetro de comparación distinto al dinero, este monto equivale a que cada año se pudieron haber realizado 10.000 viviendas de un valor de ¢26 millones cada una, alternativamente. Este es un costo muy alto que merece ser repensado con el fin de tratarlo sistemáticamente para que no se convierta en un desequilibrio permanente de las finanzas públicas.
También tenemos que estar atentos a las pensiones, ya que el aumento de la esperanza de vida, la variabilidad de la rentabilidad de las inversiones, deudas acumuladas por el Estado, el envejecimiento de la población que cambia sensiblemente la relación entre trabajadores activos y pensionados impactan fuertemente la sostenibilidad de los regímenes y puede que en determinado momento los recursos del fisco deban apoyar la sostenibilidad.
El FMI define “riesgos fiscales como las desviaciones de los resultados de las variables fiscales de lo que se esperaba en el momento de la presupuestación u otro pronóstico. Estos pueden surgir de shocks macroeconómicos y la materialización de pasivos contingentes. Entre estos riesgos están los riesgos de deuda, demandas contra el Estado, riesgos fiscales en los regímenes de pensiones, por desastres naturales, aquellos originados por las municipalidades y empresas públicas, del sistema financiero, por proyectos financiados con asociaciones público- privadas y de tipo macroeconómico.”
Pero todos estos riesgos contingentes, junto con el déficit fiscal, se pueden manejar y atemperar si el Gobierno frena la enorme erosión de recursos causada por la evasión, la elusión, la traslación de utilidades a paraísos fiscales, busca sistemas de aseguranza, disminuye el costo de la deuda pública, a la vez que gestiona líneas de crédito para posibles contingencias con organismos internacionales, entre otras acciones, y si se atreve a reactivar la economía interna.
Muy importante, no se pueden utilizar las tarifas de los servicios públicos para hacer populismos o politiquería, es un asunto muy serio, en el cual tenemos que estar vigilantes.
Pero me temo que aunque la luz del “check engine” se prendió y parpadea, estos pilotos no entienden inglés.
