¿Y usted qué opina?
Fernando Berrocal
Lo primero es lo primero y para enfrentar, desde el punto de vista operativo, la grave crisis de inseguridad ciudadana y violencia criminal, lo urgente e inmediato es darle recursos suficientes al Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública, la PCD, la Fiscalía General y el OIJ.De esa forma, y actuando coordinadamente, se mejorarían las acciones de prevención y represión policial. La otra urgencia es la compra y colocación de “escáneres” en las instalaciones portuarias. Esas decisiones e inversiones presupuestarias solo las pueden tomar el presidente Rodrigo Chaves y su ministro de Hacienda Nogui Acosta. Al hacerlo, se daría un paso gigantesco.
Veamos: por razones fiscales, al presupuesto 2023 del Ministerio de Seguridad Pública le eliminaron mil millones y no le están girando los recursos que le fueron asignados en el impuesto a las sociedades anónimas, los casinos, la exportación de cajas de banano y los ingresos migratorios. Esos recursos están en la Caja Única. También, y es uno de los grandes misterios de este país, en el Banco de Costa Rica están ganando intereses US$20 millones retenidos de un famoso y viejo caso de lavado de dinero y narcotráfico, con el alegato absurdo de que no se sabe quién es el propietario de esos fondos y nadie se presenta a reclamarlos. Solución: incautarlos por ley con dispensa de trámites y transferirlos al Ministerio de Seguridad Pública. Con esta cantidad de dinero en efectivo, se podría reparar delegaciones y comprar patrullas, uniformes, chalecos, botas, armas y municiones.
Están también los proyectos de ley en materia penal, sustantiva y procesal, preparados por el Poder Judicial y a los que la Asamblea Legislativa les daría dispensa de trámites. Igualmente, un proyecto que se presentó con la firma de 17 diputados para reformar la Ley General de Policía y crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo la integración del Consejo de Seguridad y coordinando (no fusionando) por ley los Cuerpos de Policía, incluyendo a las Policías Municipales, para enfrentar eficientemente esta crisis con políticas integrales y simultaneas de Estado, tanto en el “frente policial”, como en el “frente judicial” y en el “frente de las políticas sociales”.
¡Que se puede, se puede! Lo que falta es actuar, tomar esas decisiones y hacerlo con “visión país”, al margen de cualquier enfoque político partidario y sin protagonismos que no vienen al caso.
El problema es real, nos explotó en la cara y viene de mucho atrás.
Hay que actuar con “mano dura” y “mano inteligente” contra las mafias y los delincuentes. No es solo un tema policial. La acción preventiva y represiva policial debe complementarse con acciones en esos otros dos frentes de acción. Ese es el camino costarricense, haciendo funcionar el Estado Social de Derecho. Las soluciones están sobre la mesa. ¡Es hora de pasar a la acción!