1884 – El Estado y la Iglesia

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Mi profesor de Religión en el Liceo Napoleón Quesada de Guadalupe centro, Ricardo Blanco Segura fue un gran escritor, investigador minucioso, que nos legó una serie prolífica de libros en especial referentes a la Iglesia Católica y la relación con el Estado costarricense; su trabajo de estudiar en el Archivo Eclesiástico de San José (Curia Arquidiocesana), el Archivo Nacional, el Archivo del Seminario Mayor (Seminario Central), Colección de Leyes y Decretos y otras fuentes propias, nos conduce a conocer de primera mano la historia de esta relación. En 1884 sucedieron en el país hechos de gran trascendencia institucional, ya que el Estado e Iglesia se enfrentaron, y se inició la legislación con las reformas liberales sobre enseñanza y culto, que culminó con la introducción del divorcio y el matrimonio laico en el Código Civil; se dio el destierro del Obispo Bernardo Augusto Thiel, se expulsaron los jesuitas y se dio una persecución al Clero costarricense.

En ese tiempo gobernaba Próspero Fernández, se emitieron leyes anticlericales y se prohibió el ingreso y el establecimiento de comunidades religiosas en el país. Aunque si bien casi es un tema no muy ahondado por los historiadores, es de reconocer que solamente Monseñor Víctor Sanabria y Hernán G. Peralta se han referido parcialmente al tema; tal vez por cierto “conservadurismo” o alegando algún respeto a la historia de la Iglesia Católica; pero es precisamente el escritor Ricardo Blanco, quién si le entraba a estudiar, analizar e investigar profusamente estos acontecimientos que son parte fundamental del desarrollo del Estado costarricense, y toda la relación con la Iglesia Católica, y su influencia en la sociedad y en la mayoría de sus seguidores; prácticamente es indisoluble con su formación, la paz social, política y religiosa. Recordemos que uno de los factores de mayor influencia del proceso de independencia de América, fue el religioso.

Las antiguas colonias españolas profesaban en su totalidad, la religión católica y en ese tiempo los sacerdotes ejercían un poder decisivo en múltiples aspectos, especialmente en la educación y de ahí se dio la formación intelectual de los futuros próceres. La Iglesia temía la influencia del “filosofismo” y otras manifestaciones del pensamiento que entrañaban modos de pensar contrarios al tradicionalismo católico en materia política y religiosa. Los dictados los hacía la jerarquía representada por los Obispos y los sacerdotes; es decir hablaban a nombre de todos los fieles, de una manera vertical, “La Iglesia se opone”, “La Iglesia está a favor”, “los lujos de la Iglesia” etc., en el modo de proceder de los obispos regalistas influyó mucho la doctrina relativa al derecho divino de los reyes, emanada de la consagración ritual establecida por raigambre bíblica. Tres leyes limitaban el poder del rey: la ley de Dios, la ley natural y las instituciones políticas del reino.

Cierto, es que en América circulaban las obras de los filósofos de la ilustración; los autores racionalistas existían tanto en Europa como en nuestro continente, caracterizados por un ideal político y el afán de realizarlo: Hobbes, Locke, Grocio, Espinoza, Wolf, Alfierir, Voltaire, Rousseau entre otros. Los criollos de Indias admiraron la filosofía social francesa y buscaron también principios de organización en autores ingleses. Tomás Moro, inspirado en la República de Platón, escribió su Utopía con miras en una república democrática, sin castas, donde el poder residía en la voluntad popular, comunidad de bienes y humana simpatía por los necesitados. Los hombres de la independencia, por lo tanto, no fueron antirreligiosos y mucho menos anticatólicos; “conservar nuestra Santa Religión”; “la Religión Católica será la única existente”; “Juráis a Dios por sus Santos Evangelios” y otras expresiones similares aparecen frecuentemente en los documentos de la época con marcada insistencia como una ostentación de fe.

En nuestro país el clero fue elemento decisivo durante la colonia y en los años de la independencia. No tenían más remedio los seglares de entonces que recurrir constantemente a los sacerdotes para la solución de graves problemas y la redacción de los documentos trascendentales. Lo sucedido en Costa Rica en 1884 fue el producto de una actitud ideológica conocida como liberalismo, con antecedentes desde el principio del siglo XIX y que tarde o temprano se haría sentir en contraposición a las enseñanzas doctrinales de la Iglesia Católica. La obra del liberalismo se habría realizado con característica muy diferentes en cuanto a procedimientos, si el ejemplo persecutorio y fieramente antirreligioso de Justo Rufino Barrios en Guatemala no hubiese sido su inspiración. Fue el Doctor Lorenzo Montúfar Rivera, liberal rojo y extremista, quien preparó el terreno por los hechos del 84 mediante su influencia en los letrados y hombres de gobierno costarricenses, durante la segunda mitad del siglo XIX.

El afán de imitar lo que sucedía en Guatemala, en parte por aparecer como progresistas e ilustrados y no quedarse atrás, en parte por miedo a la amenaza que Barrios constituía para la paz de Centro América, llevó a nuestros gobernantes a complacerle. El resultado fue totalmente negativo, porque el guatemalteco acabó proclamando la unión centroamericana bajo su jefatura suprema. La iglesia por medio de sus representantes jerárquicos, protestó como era lógico por las reformas liberales, porque ellas se oponían a sus principios canónicos y dogmáticos; reclamó sus derechos con base en un Concordato que hasta ese momento no había sido derogado y la garantía que le daba el artículo constitucional en que el Estado declara la religión católica como la propia, aunque sin impedir el ejercicio de otros cultos.

En la actitud de la iglesia las autoridades vieron intenciones nefastas, propósitos oscuros, traición, intentos de revolución, golpes de Estado, etc., sin que nunca se probase rotundamente y ante ningún tribunal que todo eso era cierto, al señalar como culpables al obispo Thiel y a los padres de la Compañía de Jesús. La expulsión de los jesuitas y el destierro del obispo fueron injustos, sin formación de causa ni proceso. Su culpabilidad no ha sido nunca jurídicamente demostrada. Durante el destierro el obispo tuvo algunas actuaciones imprudentes o controversiales; el clero secular adoptó actitudes inconvenientes pero que a pesar de confirmar algunas sospechas del gobierno, no fueron suficientes para respaldar la inculpación de querer romper el orden establecido.

Las leyes y los decretos liberales, con excepción de la del 22 de julio de 1884, tuvieron aspectos positivos y las disposiciones relativas al divorcio y al matrimonio civil aprobadas posteriormente, siempre se habrían incorporado al Código Civil en el transcurso del tiempo. El asunto no fue solamente anticlerical ni solo antirreligioso. Tuvo de ambos factores; en ningún momento se intentó la separación de la Iglesia del Estado, sino que la primera se sometiere al segundo y aceptara como un hecho todo lo dispuesto por él. Lo censurable en el liberalismo no fue ni es su ideología, sino los procedimientos inhumanos, ilegales e incorrectos que usó en 1884 para imponerla. Superados los momentos difíciles y transitorios, fue una experiencia que enseñó a convivir a la Iglesia con el Estado y viceversa, con total definición de derechos y obligaciones para beneficio de las dos instituciones.

El profesor Blanco Segura, escribe finalmente que: “La Iglesia entendió, aunque mucho le costara aceptarlo, que sus tiempos de gloria y dominación universal habían pasado en occidente y que no era la dueña absoluta de la conciencia y del pensamiento humano. O se acomodaba a las circunstancias, sin renunciar a sus principios aplicados a quienes libremente quisieran aceptarlos, o se liquidaba.” En nuestro país ocasionalmente sale el debate sobre declarar un Estado Laico; no obstante, siempre se obvia el tema, y considero que seguiremos bajo la influencia número uno de la Iglesia Católica en muchos aspectos, independiente del respeto a otros cultos consagrados en la Constitución Política, pero no veo interés del gobierno actual ni en la Asamblea Legislativa, de tramitar y discutir un proyecto de ley que reforme el artículo constitucional. Bueno, es parte de la historia, que se podía ampliar; pero quería recordar algunas letras de mi querido profesor de Religión colegial; y prolífico escritor de estos temas que son parte de la formación del Estado costarricense.