¿Aumento de alumnos por aula para reducir el gasto en Educación?

Ma. Eugenia Paniagua

La disposición para aumentar el número de alumnos para reducir el gasto de Educación a razón de la disminución de la natalidad, emanada del Despacho del actual Ministro de Educación, en la Resolución No.0292-MEP-2022, del pasado 3 de febrero, es una prueba más de la visión mercantilista de la Educación que impera en la mentalidad de algunos de los jerarcas del MEP. La educación es una inversión, no un gasto.

Economizar en el espacio educativo como lo es el aula -docente y estudiantes- es una forma de agresión solapada a cada uno de los niños y adolescentes del país. Y también a los educadores. Se evidencia la miopía sobre el estado que ha alcanzado el servicio educativo a la fecha, gestado desde hace bastante tiempo, y que se hizo patente con la pandemia. Los estudiantes tienen un derecho humano inalienable en la Educación, y por lo tanto es intocable.

En lugar de economizar en aulas y profesores, deben meditar en otros aspectos en que si es posible y prudente economizar como:

• reducción del gasto en alquileres de oficinas;
• cierre de programas y direcciones, obsoletos e innecesarios;
• reducción de la planilla administrativa de la Sede Central;
• eliminar dos viceministerios con toda la parafernalia que le acompaña;
• cerrar instancias absurdas que configuran cadenas de mando de hasta cinco puntos;
• revisar las transferencias de fondos a entidades no universitarias que vienen desde décadas atrás y que ofrecen poco o nulo valor agregado al Sistema Educativo;
• revisar la calidad y pertinencia de múltiples capacitaciones light para los educadores, ofrecidas por diversas entidades externas, cuyos certificados implican el derecho a un incremento salarial, aún cuando tengan poca o ninguna relación con el trabajo que realizan;
• actualizar el sistema de evaluación del desempeño de todos los trabajadores del Sistema Educativo, analizando la justicia y pertinencia de las correspondientes recompensas salariales;
• y así, hay muchas otras posibilidades de ahorro.

Justificar esta Resolución sobre la base de la reducción de la natalidad, es perder la oportunidad de que dicha reducción sea un acicate para pensar creativamente en nuevas alternativas para mejorar el trabajo de aula, y para gestionar una nueva forma de enseñar y de aprender, de atender a los estudiantes y mejorar la calidad de la oferta y sus resultados.

También es una oportunidad de replantear el esquema de trabajo de las escuelas con “horario alterno de doble y triple jornada”, que son aquellas que solo ofrecen las materias básicas -sin acceso a las materias culturales y deportivas- y que tienen una importante reducción del tiempo presencial de los estudiantes en el aula, así como permitir a los docentes dedicarse plenamente a un solo grupo de niños. Con esta Resolución el docente de doble jornada tendrá 70 niños que atender, y no solo 35, por lo que generalmente los resultados educativos son y serán de baja calidad por las pocas lecciones semanales que reciben.

Y la Resolución justifica su contenido al señalar que tienen “limitantes de infraestructura, presupuesto y personal”. ¿Debe entenderse, entonces, que los problemas con la infraestructura, el presupuesto y el personal se originan en los estudiantes, en los educadores, y en el aula asignada? Esta es una afirmación inaceptable. Los problemas indicados se generan por la pésima gestión del Sistema Educativo.

Dicha gestión, que viene de muy atrás, es compleja, gigantesca, confusa, con una jerarquía rígida, caracterizada por las cadenas de mando -entiéndase: tramitadores de papeles y órdenes- que toma decisiones casi sin datos ni evidencias, a quien se obedece sin pensar no cuestionar.

Me pregunto qué acción tomará al respecto el Consejo Superior de Educación, rector del Sistema Educativo con rango constitucional.
Es necesario que se mantengan los lineamientos del año 2017 por el derecho que les asiste y el respeto que se les debe a los actores del aula.

Días después el señor Ministro retrocede en su decisión porque los gremios protestaron por ”sus implicaciones salariales”. Ambas partes utilizan un argumento espurio y lesivo a los derechos de los estudiantes. Tanto el Jerarca como los gremios ignoran o minimizan el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes, principio rector esencial en la toma de decisiones que les atañe.
Si los estudiantes y los docentes no son el eje central en la toma de decisiones ministeriales, sino que lo es el dinero u otros elementos asociados con una mentalidad casi empresarial, olvidando que es un servicio público básico para el desarrollo de la sociedad costarricense, se puede entender porque estamos como estamos.

– Exviceministra de educación