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O nos unimos o nos hundimos
Ágora
Por Guido Mora
La desigualdad; la entropía burocrática y el irracional funcionamiento del Estado; el delito nacional e internacional; la corrupción; la desvergüenza de individuos y organizaciones, que abusan de las ayudas económicas estatales; la miopía de algunos sectores empresariales y políticos; la inequidad fiscal y la voracidad de quienes sólo piensan en incrementar sus utilidades, obviando la urgente necesidad de mitigar el impacto de la pobreza en miles hogares; el desempleo estructural, resultado entre otras cosas, de la profunda crisis que vive la educación y más recientemente el desgaste en el sistema sanitario causada por la pandemia; son sólo algunos de los más apremiantes problemas que enfrentamos como sociedad y que resulta imperioso atender.
La pérdida de valores, una manifestación más de la crisis del sistema educativo ha debilitado los cimientos de nuestra sociedad y hoy nos estalla en el rostro. Los sonados casos de corrupción -Cochinilla, Acueductos y Alcantarillados y Diamante, para mencionar los más recientes- han sido, por años, de conocimiento público. Lamentablemente el sistema no logro tomar las medidas de contención para frenar y detener el daño social y económico que han causado.
Ahora explotó el escándalo y entonces se habla de limitar la reelección continua de autoridades locales, acción que debió haber sido ejecutada desde hace muchos años y que, ante la presión política de algunos alcaldes poderosos, los diputados de todos los partidos nunca se animaron discutir.
A las puertas de un nuevo proceso electoral, es indispensable hacer conciencia de que la atención de esta problemática pasa por la necesidad de establecer acuerdos nacionales, supra partidarios, orientados a aunar esfuerzos y voluntades, que nos permitan hacer frente a estos enormes desafíos.
Candidatos y partidos -junto con otras organizaciones sociales, empresariales y académicas-, están en obligación de trabajar conjuntamente en la construcción de consensos, para reencausar los destinos de la Patria. La indolencia y el desinterés solo incrementan el deterioro institucional y refuerzan las amenazas al sistema democrático.
Analizando las perspectivas de los mecanismos posibles, orientados a construir estos consensos, me he encontrado con la experiencia chilena y la ejecución de la estrategia que se ha dado en llamar “la democracia de los acuerdos”.
Pese a no contar Costa Rica con un régimen parlamentario y a las diferencias que puedan señalarse entre las particularidades de aquel país y el nuestro, la estrategia política ejecutada por los chilenos tuvo como objetivos superar la profunda división social provocada por la dictadura y fortalecer los esfuerzos por volver a la democracia. El éxito en la consecución de esas metas permitió a esa Nación sudamericana, convertirse en una de las economías más dinámicas y robustas de América Latina.
La estrategia conocida como “la democracia de los acuerdos”, condujo a los partidos políticos chilenos a presentar, aprobar los proyectos, y ejecutar las decisiones políticas que permitieron modernizar las instituciones, el aparato de estado y la economía, colocando a Chile en la ruta del crecimiento económico.
Aunque muchos de los lectores informados pueden emitir críticas a esta estrategia, por considerarlo un mecanismo elitista para planificar y ejecutar las tareas políticas consensuadas, lo cierto de caso es que, “la democracia de los acuerdos”, construyó los consentimientos que condujeron a Chile, en la transición del pasado autoritario hasta su regreso a la democracia.
En nuestra realidad particular, la “democracia de los acuerdos” tiene como precondición el establecimiento de un pacto de no agresión entre partidos y candidatos. La premisa de inicio es que, en el libre juego de la democracia, no puede ni debe permitirse la agresión entre actores políticos, de manera que imposibilite posteriormente la construcción de consensos en el ejercicio del gobierno. Los partidos -y sus candidatos-, deben de guardar las consideraciones y el respeto en el período de la campaña, a fin de que no infrinjan las normas éticas de comportamiento político, que conducirían a transformar a los otros actores de rivales a acérrimos enemigos.
No se trata de evadir la discusión o de ser complacientes, sino de que, en medio de las particularidades de cada una de las visiones políticas que se presentan en el amplio menú electoral de cara a las elecciones de 2022, puedan aunarse las voluntades que posibiliten consensuar proyectos y propuestas y que, en el marco del fortalecimiento de la democracia política y económica, logremos superar el estancamiento y reorientar el país en la búsqueda del crecimiento económico con equidad y justicia social.
Es imperativo convencer a los actores políticos, económicos y sociales, de la necesidad impostergable de transformar la acción del Estado, procurando el manejo estratégico de los recursos públicos. Esta acción no necesariamente significa, como lo suponen algunos, el recorte y empequeñecimiento indiscriminado del aparato estatal sino su racionalización, en un marco de justicia social y en armonía con la realidad económica, las fortalezas, las limitaciones y los alcances de la economía costarricense.
Sólo una actitud proactiva en la construcción de acuerdos, por encima de los intereses particulares, permitirá al partido y al candidato triunfante en febrero de 2022, aprobar los proyectos en el Poder Legislativa y concretar las acciones desde el Ejecutivo, orientadas a superar los problemas que han erosionado y deslegitimado paulatinamente nuestro sistema político.
La lectura de los acontecimientos económicos y políticos actuales, conducen a presumir que, al menos los próximos 24 meses, estarán marcados por una profunda crisis, en donde es probable que enfrentemos incluso un fenómeno de “estanflación”.
Solo unidos, en respaldo de las nuevas autoridades, podremos enfrentar y superar los retos que plantea la realidad nacional e internacional.
Hago un llamado a la cordura, para que la contienda electoral, lejos de profundizar las divisiones en nuestra sociedad, se constituya en un instrumento que permita reescribir el ejercicio democrático que coloque a Costa Rica en el camino del crecimiento económico con equidad y justicia social.
Esa es la Patria que tenemos la obligación de legar a los costarricenses del futuro, porque cualquier modelo político y económico, por encima de las características particulares y concepciones ideológicas que pueda evidenciar debe tener, como principal objetivo, el fortalecimiento de la democracia y el bienestar del mayor número de costarricenses.
Buen artículo Guido, ese es el camino correcto, pero da tristeza mirar la oferta, no hay mucho que rescatar, ¿serán esos los interlocutores correctos?, me quedan serias dudas.