Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Por Priya Morley
Octubre 27, 2021
LOS ÁNGELES, Estados Unidos – Muchas personas se conmocionaron por la reciente “crisis” en la frontera entre Estados Unidos y México, cuando miles de migrantes haitianos intentaron entrar en Estados Unidos y fueron recibidos con violencia a manos de los agentes de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos.
Pero desde entonces, más de 7500 haitianos han sido deportados de Estados Unidos bajo el pretexto del Título 42, una medida de “salud pública” ampliamente criticada, que probablemente viola el derecho internacional (en particular el principio de no devolución) y que es perjudicial en especial debido a la “violencia, anarquía e inestabilidad” en Haití en este momento.
Como muchos han señalado, esta respuesta forma parte de una larga historia de leyes y políticas de inmigración estadounidenses anti-negras, y específicamente antihaitianas. Sin embargo, lo que no recibe suficiente atención es cómo el racismo y la xenofobia ya han afectado a estos haitianos a lo largo de su ruta migratoria.
Es esencial aplicar un lente de justicia racial transnacional no sólo para entender la reciente migración haitiana a través de las Américas, sino también para desarrollar cualquier respuesta legal o política futura a la migración en la región.
En varios países latinoamericanos, las leyes y políticas de inmigración al principio fueron acogedoras para los haitianos, aunque sólo fuera para facilitar la explotación temporal de la mano de obra “barata” haitiana.
Luego, a medida que las economías nacionales declinaban, los gobiernos de derecha fomentaron el sentimiento racista y antiinmigrante y restringieron la inmigración para excluir a los haitianos de la protección legal y de los territorios nacionales.
Muchos haitianos emigraron primero a Brasil tras el terremoto que asoló Haití en 2010, que exacerbó la inestabilidad política y económica del país y provocó una mayor inseguridad y violencia. A partir de 2011, Brasil concedió visas de trabajo a haitianos, en parte para utilizar su “mano de obra barata” para preparar la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Entre 2010 y 2018, casi 130 000 haitianos entraron a Brasil, pero menos de 7000 obtuvieron el estatus de refugiados, en parte porque huir de un desastre natural no era una justificación legal aceptada.
Cuando Brasil cayó en una recesión económica en 2014, muchos haitianos se quedaron sin empleo, con menos vías para conseguir un estatus legal permanente y con un aumento del racismo y la xenofobia en el país.
Es esencial aplicar un lente de justicia racial transnacional no sólo para entender la reciente migración haitiana a través de las Américas, sino también para desarrollar cualquier respuesta legal o política futura a la migración en la región.
A partir de 2014, muchos haitianos comenzaron a emigrar a Chile desde Brasil y Haití. La expresidenta chilena Michelle Bachelet, como parte de la respuesta humanitaria de Chile al terremoto de 2010 en Haití, facilitó que los haitianos que entraron en Chile con visas de turista obtuvieran unas de trabajo una vez que encontraran empleo en el país. El número de haitianos que residen en Chile creció exponencialmente a más de 185 000, a partir de diciembre de 2019.
Pero con el aumento de la visibilidad llegó la discriminación generalizada basada en la raza y el género que impactó la capacidad de los migrantes haitianos para encontrar empleo, acceder a los servicios o integrarse de otra manera en la sociedad chilena.
Según un estudio de 2018 que encuestó las condiciones de trabajo para los migrantes haitianos, de los cuales 33,8 % de la muestra eran mujeres, 48 % había experimentado discriminación y dijo que eso fue una barrera significativa para obtener un empleo.
A medida que la visibilidad de los migrantes haitianos crecía en los centros urbanos de Chile, el tema de la inmigración se situó en el primer plano del debate público. El entonces candidato presidencial Sebastián Piñera fomentó el sentimiento antiinmigrante en su carrera electoral y, tras asumir el cargo en marzo de 2018, suspendió rápidamente las visas que habían permitido que los haitianos trabajaran en Chile.
Entre octubre de 2018 y mayo de 2019, su administración “devolvió voluntariamente” a unos 1400 haitianos a Haití. No hay constancia de que ningún haitiano haya obtenido el estatus de refugiado entre 2010 y 2019.
Muchos de estos migrantes haitianos, a menudo con sus hijos pequeños nacidos en Chile o Brasil, tuvieron que abandonar Sudamérica y buscar seguridad en Estados Unidos.
La ruta migratoria atraviesa aproximadamente 7000 millas y once países, y sus horrores, en particular en los más de 150 kilómetros del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, están bien documentados. Cuando estos migrantes llegaron a la frontera sur de México, se encontraron con el “muro mexicano”.
Desde 2019, debido en gran parte a la presión económica que ejerce Estados Unidos sobre México, las autoridades mexicanas han dejado de expedir los “permisos de salida” que antes permitían a los migrantes haitianos (y africanos) transitar hasta la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo en el país.
En su lugar, los haitianos y sus hijos han estado entrando en el sistema de inmigración mexicano en mayor número: en agosto de 2021, los haitianos eran el segundo grupo más grande de solicitantes de asilo en México después de los hondureños.
Como se documenta en nuestro reciente informe, los haitianos se enfrentan a numerosos obstáculos en México, entre ellos: barreras lingüísticas; abusos racistas por parte de funcionarios de inmigración, otros migrantes y ciudadanos mexicanos; discriminación en el empleo y la vivienda; y exclusión y aislamiento social.
Las mujeres haitianas se enfrentan a formas de discriminación por razón de género, incluso cuando buscan atención sanitaria reproductiva. Como describe una de las mujeres haitianas entrevistadas en el informe, “es como si la sangre que corre por sus venas no fuera la misma que la de nuestras venas. Te miran como si no fueras nada porque eres negra”.
Los migrantes haitianos y otros afrodescendientes, junto con los afromexicanos y los indígenas mexicanos, también sufren el impacto negativo del racismo generalizado y la discriminación por el color de piel en México.
Es en este contexto, después de esperar durante meses o años para ser procesados por un sistema de inmigración mexicano carente de recursos y sobrecargado, que miles de haitianos llegaron recientemente a la frontera entre Estados Unidos y México.
No se trata de una “crisis” temporal: todavía hay miles de haitianos en México, y otros miles en la ruta migratoria, a los que es poco probable que se disuada de solicitar asilo en Estados Unidos.
Como señalé antes, un análisis de justicia racial de la migración haitiana en las Américas no sólo ilustra las violaciones de derechos humanos con base en la discriminación racial a las que se enfrentan, sino que también descubre cómo el racismo estructural contra las personas negras impregna la región y las sucesivas leyes y políticas de inmigración de los países.
Más aún, un análisis de justicia racial también ilumina los límites del derecho internacional de los refugiados.
La definición de “refugiado” articulada en el derecho internacional de los refugiados a menudo excluye a las personas negras, indígenas y otras personas racializadas que se ven cada vez más obligadas a migrar debido a la desigualdad mundial (“migrantes económicos”) y, en relación con ello, a los impactos ambientales y humanos del cambio climático en las naciones y poblaciones más marginadas (“migrantes climáticos”).
Estos fenómenos son las manifestaciones actuales de las historias del colonialismo (de poblamiento) y la esclavitud, el imperialismo (estadounidense) y la explotación (actual) de los recursos naturales en toda la región, incluido Haití, y deben entenderse como cuestiones de justicia racial tanto a nivel nacional como transnacional.
La respuesta a estos fenómenos, y específicamente a la migración haitiana que se está produciendo como resultado, requiere no sólo una respuesta regional basada en los derechos humanos, sino también una respuesta racialmente justa.
Este es un artículo de opinión de Priya Morley, asesora de políticas de justicia racial en el Promise Institute for Human Rights de la Facultad de Derecho de la estadounidense Universidad de California (Ucla), en Los Ángeles; publicado originalmente en OpenGlobalRights.
RV: EG
