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Ernesto Guadamuz
En esta ocasión nuestro propósito es más amplio: se trata por una parte, de relevar de qué progresismo hablamos desde América Latina, de qué tradición política e ideológica descendemos las personas que en Costa Rica nos deseamos progresistas y, por otra parte, identificar los principios programáticos que de cara a las próximas elecciones, el PAC podría enarbolar para conjuntar las voluntades de transformación sociopolíticas necesarias para hacer de la celebración del Bicentenario el inicio de una época de fortalecimiento y renovación del nuestro Estado social de derecho.
La tradición progresista en América Latina: continuidad y ruptura
Los antecedentes más tardíos del progresismo como corriente cultural y en menor grado, política, se ubican en el ideario de la Revolución Francesa: es con ella que la idea del inmovilismo histórico de las sociedades es cuestionada radicalmente. De allí que el concepto medular que el progresismo aportará y a la vez se apropiará desde las revoluciones francesa y americana es que las personas y sus organizaciones no están condenadas a ser entidades pasivas de fuerzas ingobernables, sino que están llamadas a ser protagonistas de un devenir que se construye por la acción social en la historia. Este elemento se constituye entonces en un parteaguas entre el progresismo y su oponente ideológico: en primera instancia el conservadurismo, pero con mayor rigor todas las formas del fundamentalismo político que confían ciegamente en el papel de las estructuras y tradiciones (mercado y familia, por ejemplo) como fuerzas modeladoras de las formaciones sociales y que del mismo modo tienen un miedo cerval a la intervención humana (principalmente mediante el Estado pero también por medio de los movimientos sociales) en el desarrollo social e histórico.
Por otra parte, en el hemisferio norte, el progresismo va a experimentar desde principios del siglo XX una relación dual, de continuidad y ruptura, con la tradición europea socialdemócrata y de izquierdas. Los referentes políticos e ideológicos de esta relación crítica con la herencia europea del progresismo son, entre otros, el aprismo de Haya de la Torre, la influencia estadounidense desde el “New Deal” y el keynesianismo, la producción de izquierda desde Mariátegui a la teología de la liberación. De este crisol amerindio surgirá una visión que en las últimas siete décadas ha compartido su lucha radical contra los regímenes autoritarios de derecha y la promoción de la intervención estatal en sectores estratégicos de la economía y de la prestación de los servicios públicos. Correlativamente, han surgido diferencias tácticas tan significativas como para poner sobre el tapete la verdadera identidad del progresismo en el continente. De manera esquemática se pueden precisar estas diferencias anotándolas como las áreas grises: del ejercicio democrático del poder, de la intervención estatal en la economía, de la relación entre crecimiento económico, protección ambiental y desarrollo sostenible y finalmente, de un proyecto nacional policlasista y multiétnico respecto a la inserción económica y política de nuestras sociedades en la globalización.
El desafío fundamental del progresismo: hacer política inclusiva
En los últimos años la pugna ideológica entre progresismo y la recombinación posmoderna del conservadurismo religioso con el neoliberalismo económico: el fundamentalismo antipolítico, ha marcado la tónica de las elecciones en nuestro continente. Denominamos fundamentalismo antipolítico a una corriente ideológica presente en América que, a partir de una matriz neoconservadora, repudia la acción e inclusive la existencia misma de los partidos políticos, solamente para apropiarse de la iniciativa política a partir de los temas que el neoliberalismo ha venido impulsando sin mucho éxito. Del lado del progresismo los avances (en EE.UU. y América del Sur) en esta disputa se han vuelto tangibles no sin dificultades, en la ampliación o consolidación de los derechos civiles y reproductivos de los grupos tradicionalmente postergados, en la defensa del carácter laico del Estado, en la agenda de la lucha contra el cambio climático y en general, es la vigencia de un Estado estratégico en sus intervenciones puntuales.
Tomando en consideración lo anterior, se plantean por ahora de manera sucinta, con la idea de pormenorizarla en un próximo artículo, los que consideramos los principales desafíos que actualmente encara el progresismo en nuestra sociedad.
El progresismo contemporáneo es esencialmente un reformismo radical. Lo cual significa que va más allá de reformas sociales o políticas aisladas, por contrario se plantea como un proyecto de largo plazo con reformas sostenidas y sostenibles que procuran fundamentalmente: que el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías nacionales se obtenga mediante el incremento del valor de la economía popular, una reforma tributaria ecoflexible y progresiva y la ampliación de la base ciudadana en torno las políticas públicas que promueven la democratización del Estado.
Tenemos así que los desafíos fundamentales pueden resumirse en: lograr mayor equidad social con un desarrollo económico inclusivo, una economía verde y digital y una reforma del Estado y de los mercados. Los hitos principales de este movimiento de reformas por la equidad se pueden resumir en: colocar el énfasis del desarrollo económico en las unidades productivas de pequeña y mediana escalas, en la facilitación de los encadenamientos productivos y tecnológicos entre estas unidades y los sectores con mayor capacidad de gestión y rentabilidad. Para obtener que las condiciones de partida y despegue de estas unidades sean más homogéneas se plantea una reforma sustancial del sistema de compras del Estado, el cual deberá adoptar claramente una opción preferencial por la promoción de los pequeños y medianas empresas y la conformación de clúster para que ellas puedan alcanzar cuotas de aprovisionamiento y logísticas competitivas. Para que los efectos distributivos y de creación de cadenas de valor, se exprese en la reversión del ensanchamiento de la inequidad, el enfoque de la acción estatal deberá ser territorial y descentralizado. Asimismo, los servicios estatales de la seguridad social, la energía, la banca deberán adaptarse para servir preferencialmente a las necesidades de las empresas e iniciativas de pequeña y mediana escalas. Paralelamente a la promoción de la equidad social y la inclusión económica, el desafío progresista implica una reforma política sustancial del sistema republicano de representación política, principalmente en lo que atañe a la forma en cómo se eligen las diputaciones, los procedimientos de rendición de cuentas de los cargos de elección popular, la participación de la ciudadanía, la sociedad civil y los organismos gremiales en las consultas y elaboración de las políticas públicas. Otro eje sustancial del progresismo gira en todo al tema de los derechos humanos para todas las personas, pero especialmente la defensa y consolidación de los derechos humanos de las personas tradicionalmente excluidas de las políticas públicas como es el caso de: las mujeres, las personas pertenecientes a la diversidad sexual, las poblaciones rurales en actividades agrícolas de pequeña y mediana escalas, las poblaciones migrantes y las que son perseguidas por razones étnicas o sociales. En el plano de las relaciones internacionales, el progresismo, se asocia al multeralismo como forma de solución pacífica de los conflictos y de promoción del desarrollo entre las naciones. Al mismo tiempo, que se manifiesta vigorosamente a favor de la democracia en sus distintas modalidades y en contra de toda forma de tiranía y represión de la ciudadanía. Al final se trata de hacer política inclusiva desde la ciudadanía, lo que parecería una redundancia, si no fuera porque una y otra vez hemos presenciado la presunción de hacer política a favor de las mayorías sin su participación.
