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Por Sanne Weber y Marlies Stappers
Agosto 4, 2021
Justo cuando el país está celebrando el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años que se cobró más de 200 000 vidas, las acciones para secuestrar el sistema de justicia de Guatemala por parte de las élites políticas y económicas amenazan con cimentar la impunidad.
Esta vez, sin embargo, han levantado fuertes protestas dentro del país y, lo que es más importante, también en Estados Unidos. Ahora Europa debe seguir su ejemplo.
Nueva amenaza de amnistía
En las últimas décadas, el apoyo internacional a Guatemala y a sus organizaciones de la sociedad civil ha alimentado un fuerte movimiento a favor de los derechos humanos en el país. Las organizaciones de derechos humanos, junto con los supervivientes del conflicto armado interno, han desempeñado un papel crucial a la hora de impulsar la justicia por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de Guatemala.
Un ejemplo del papel crucial desempeñado por estas coaliciones es el caso de genocidio del pueblo indígena ixil presentado contra el exdictador Efraín Ríos Montt, cuya sentencia fue anulada solo 10 días después del veredicto, lo que demuestra hasta qué punto se hace difícil acabar con la impunidad en Guatemala.
El caso más reciente que se ha llevado a los tribunales es el crucial juicio del “Diario Militar”, en base al que se ha detenido recientemente a 12 militares retirados. Este diario fue descubierto accidentalmente en 1999, y proporciona pruebas esenciales sobre el terror militar y policial.
Contiene información sobre graves crímenes, como los secuestros, torturas y desapariciones de 183 personas durante el conflicto armado interno, muchos de ellos dirigentes sindicales y de movimientos sociales. El caso llegó finalmente a los tribunales guatemaltecos tras un largo proceso internacional y una lucha de décadas de los familiares de las víctimas.
Una nueva ley de amnistía amenaza con deshacer el trabajo de toda la vida de muchos supervivientes, que han arriesgado sus vidas para impulsar la justicia
Sin embargo, avances importantes en la investigación del caso provocaron una reacción inmediata: el partido político conservador VALOR, dirigido por la hija del exdictador Ríos Montt, Zury Ríos, propuso una nueva ley de amnistía que significaría la puesta en libertad de más de 50 oficiales condenados por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, e impediría futuras investigaciones.
Esta ley amenaza con deshacer el trabajo de toda la vida de muchos supervivientes, que han arriesgado sus vidas para impulsar la justicia.
La justicia se tambalea
Aunque el Tribunal Constitucional no ha aprobado otras leyes de amnistía propuestas en el pasado, su posición sobre la última iniciativa no está clara. La independencia del Tribunal Constitucional es, cuando menos, incierta, tras la negativa del legislativo Congreso a volver a nombrar a Consuelo Porras, una magistrada independiente muy conocida por su defensa de los derechos humanos. Mientras tanto, otro juez juró su cargo, a pesar de las acusaciones de malversación de fondos en su contra.
Otros jueces se han enfrentado a amenazas similares, entre ellos el juez que dirige el Caso del Diario Militar quien, junto con otros jueces de alto rango, ha notificado denuncias y amenazas en su contra.
Estas amenazas, también realizadas contra otras personas que han promovido la justicia y los derechos humanos en el país, provienen de las élites militares y económicas, que están estrechamente relacionadas con quienes orquestaron e implementaron la campaña contrainsurgente durante el conflicto armado guatemalteco.
Esto demuestra la conexión entre la impunidad del crimen y la corrupción del pasado y del presente. A pesar de que la ley obliga al Ministerio Público (fiscalía general) a actuar en un plazo de 20 días, la mayoría de estas denuncias, a menudo claramente infundadas, no han sido investigadas.
La cooptación del Ministerio Público se puso aún más claramente en evidencia el pasado viernes 23 de julio, cuando la fiscal Consuelo Porras destituyó al respetado fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Unidad Especial de Persecución de la Impunidad, y encargado de decenas de investigaciones contra funcionarios corruptos del gobierno, incluyendo casos vinculados al presidente Alejandro Giammattei.
Con la captura de la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, Guatemala se vuelve cada vez más propensa a convertirse en una cleptocracia, donde la corrupción y las violaciones a los derechos humanos amenazan el bienestar y la seguridad de la población.
Más aún debido a que una nueva “ley de ONG” amenaza la libertad de asociación y de expresión, debilitando enormemente la importante función de vigilancia que cumplen las ONG, que es crucial para defender la democracia y los derechos humanos en cualquier país.
Las protestas masivas necesitan apoyo internacional
Estos preocupantes acontecimientos, agravados por la pandemia de la covid-19 que desborda el débil sistema sanitario del país, han provocado la desesperación de la población.
A las repetidas peticiones de dimisión de Giammattei por su pésima gestión de la pandemia, incluso por parte del defensor del Pueblo del país, se sumó ahora una huelga nacional sin precedentes el jueves 29 de julio, para exigir la dimisión del presidente Giammattei y de la fiscal Consuelo Porras.
De esta manera, la población espera repetir las impresionantes protestas sociales que llevaron a la renuncia del corrupto presidente Otto Pérez Molina en 2015. Para ello, necesitan el apoyo internacional.
Aunque Guatemala no suele estar en el centro de la atención internacional, últimamente Estados Unidos se ha interesado por el país. El mes pasado, la vicepresidenta Kamala Harris se reunió con varios operadores de justicia exiliados, y unos días más tarde se reunió con el presidente Giammattei.
Anunció el apoyo de Estados Unidos para combatir la corrupción, proporcionar ayuda humanitaria y promover la inversión en Centroamérica. La destitución de Sandoval y su posterior huida del país ha llevado a Estados Unidos a suspender su colaboración con el Ministerio Público de Guatemala.
Hasta ahora, Europa ha permanecido alarmantemente callada en relación con estos acontecimientos en Guatemala. Debería seguir el cambio de política de Estados Unidos y tomar medidas urgentes. Un sistema judicial ineficaz en Guatemala presenta un escenario preocupante en relación con las redes de narcotráfico ya existentes, que tienen un fuerte arraigo en Centroamérica y México, y que apuntan cada vez más a Europa.
La delincuencia y la corrupción mantienen intactos los flujos migratorios, ya que no es sólo la pobreza de lo que huyen los migrantes.
Ha llegado el momento de que Europa reclame la recuperación del Estado de derecho. Y lo que es más importante, es necesario impulsar los derechos humanos y la justicia para apoyar a las víctimas y a los operadores de justicia que luchan por conseguir justicia en medio de la impunidad. Europa les ha apoyado durante mucho tiempo, no puede defraudarles ahora.
Este es un artículo de opinión de Sanne Weber, investigadora de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, y especialista en justicia posconflicto, y de Marlies Stappers, fundadora y directora ejecutiva de Impunity Watch. Se publicó originalmente en democraciaAbierta.
RV: EG/IPS
