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Progresemos
Carlos Manuel Echeverría Esquivel
A las puertas de una decisión crucial de la Sala IV respecto a la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) recién aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa, el señor presidente de la Corte Suprema (PCS) se pronuncia en un momento donde puede influir en forma no conveniente en la Sala IV y en la ciudadanía.
La Sala IV no es un ente autónomo de la Suprema Corte como muchos piensan debería ser, pues los magistrados de aquella son compañeros del PCS en la Corte Suprema. Lo veo como una interferencia que confío en que los honorables miembros de la Sala Constitucional (SIV) sabrán manejar. Lo más delicado es que el PCS es el presidente de la SIV. O sea, soltó prenda antes de tiempo y en mala forma, una falta de respeto a la ciudadanía y sus compañeros de sala. Lo expreso con el respeto que el PCS me merece.
El PCS argumenta que la LMEP como está se entromete en el Poder Judicial, cuya independencia con razón, debe ser defendida. Comparto el criterio de que no conviene que los nombramientos de los jueces por ejemplo y otros altos funcionarios de carácter sustantivo, así como asesores muy calificados, se salgan del ámbito del Poder Judicial o que las medidas disciplinarias las dicte MIDEPLAN. En todo caso, podrían implementarse esquemas de coordinación bien regimentados que no mancillan autonomías.
En el tema salarial discrepo, aunque ciertamente los altos funcionarios asesores mencionados requieren de una consideración especial, que tampoco debe ser desmedida partiendo de supuestos no bien fundamentados o de que “el papel aguanta lo que le pongan”.
No considero que las remuneraciones en el Poder Judicial, lo que también vale para el caso del resto del sector público, tienen que ser competitivas con las que paga el sector privado. La carrera pública tiene mucho menos riesgos que la privada y compensa remuneraciones menores por otro tipo de incentivos. Además, es de esperar que haya un elemento vocacional. Obviamente tampoco se trata de que el funcionario público de alto nivel y bien formado “gané mal”, pues también tiene su alta cuota de responsabilidad y excelencia en su gestión. Para incentivarlo y protegerlo está la carrera administrativa, que debe dar estabilidad, nunca inamovilidad.
Así mismo es de esperar que los funcionarios que tienen más años de laborar ganen más, en función a los beneficios que la misma carrera administrativa establece y que no veo por qué no pueden ser homogéneos a nivel de sector público, aunque la base para cada categoría de puesto debe de ser la misma.
Derechos sociales. El PCS expresa con razón que los derechos sociales deben respetarse. Estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, hay que entender que los derechos sociales dependen de la capacidad productiva y competitiva del país, en el caso nuestro uno pequeño con una economía si bien de nivel medio, con serias limitaciones para financiar los derechos sociales, hoy los básicos estresados en cuanto a su financiamiento por la pandemia mundial.
No es de recibo entonces el que el Poder Judicial o las universidades que gozan de una bien intencionada y correcta pero a mi juicio manipulada autonomía, deban de ser financiados sin unirse al sacrifico nacional, mientras quedan al descubierto derechos sociales básicos de otros menos afortunados o por el impacto que tiene un aparato estatal desproporcionadamente caro, no efectivo y mal gestionado, en la competitividad internacional del sector productivo.
No parece haberse percatado el PCS que sin esa competitividad y si las finanzas del estado por mala gestión o gasto improductivo se complican, el tipo de cambio se puede “disparar”. Ello disminuiría drásticamente el poder de compra de los salarios y las pensiones. Podría provocar indexaciones de remuneraciones haciendo que el poder de compra se desplome junto con la estabilidad económica, lo que haría trizas en la práctica los derechos sociales, incluyendo los básicos. La economía es ciencia no práctica vudú.
La LMEP no es perfecta y puede ser modificada para mejorarla, como sucede a menudo con la legislación una vez que luego de algunos años se conoce su desempeño. Es necesaria no solo para cimentar el acuerdo con el FMI. Nos pone en la ruta del cambio estructural que requerimos en consonancia con la buena práctica económica necesaria para financiar una política social agresiva que hoy no tenemos como lo demuestra el desempeño del coeficiente de Gini aplicado a Costa Rica. Así mismo, hay razones de orden ético y moral que hacen necesario enrumbarse hacia una política de empleo público más acorde con nuestras posibilidades económicas, con la equidad entre los empleados públicos y la necesidad de construir un aparato estatal más homogéneo y ojalá blindado ante los excesos en cuanto a remuneraciones que se han dado donde se ha podido. Conviene que sea aprobada la LMEP, ley marco al fin, con las consideraciones bien fundamentadas y que no fomenten el desorden actual, en el caso de algunos estamentos del estado muy calificados.
El Poder Judicial no puede permanecer ajeno a los requerimientos de un país con grandes posibilidades, pero estresado a un nivel que lo puede llevar al derrumbe; no sería el primero.
No está bien el Poder Judicial. La justicia no se imparte pronta ni es cumplida, algo que debería preocupar seriamente al PCS. Hay demasiados portillos para evadir o limitar condenas. Así mismo, buenas razones para demostrar que muchos jueces no tienen la venda sobre los ojos bien puesta. Entre otros que lo acompañan que no terminan de resolverse y otros similares que seguramente vendrán, el caso cochinilla que empezó mal pero que se ha enderezado, será sin duda la “prueba de ácido” para el Poder Judicial. Si esa prueba no es exitosa y el que la ciudadanía perciba que el Poder Judicial va en Mercedes Benz, mientras el resto, sector privado, sector público y pensionados no de lujo viajan más frugalmente, ponen en entredicho la credibilidad del Poder Judicial.
– Miembro de la Comisión de Reforma del Estado Costarricense (COREC I).
El presidente de la Corte ha realizado exposiciones públicas constantes donde manifiesta su oposición a los alcances del proyecto de Empleo Público, incluso quiso influir en la Corte Plena queriendo llevar a un relator de la ONU claramente recargado hacia su posición. De acuerdo con el Derecho Procesal vigente, este Juez debiera recusarse y no participar en estas discusiones, como lo ha venido haciendo. Si quiere seguir actuando para la gradería, entiéndase sector sindical del Poder Judicial, que se aparte de estas resoluciones y sea consecuente con la investidura que representa. Bien Carlos Manuel.