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Progresemos
Carlos Manuel Echeverría Esquivel
Las empresas públicas nos salen caras e inciden negativamente en el crecimiento del PIB que ha pasado de un crecimiento promedio de 5% a 2,5%. Con ese nivel de crecimiento no salimos adelante.
Sin crecimiento no hay recursos económicos para mejorar la infraestructura y para darle contenido económico a una política social agresiva que ataque frontalmente los niveles de pobreza y pobreza extrema que a través de los años vergonzosamente no hemos podido derrotar, así como la creciente brecha social, una de las más altas del mundo, vergüenza también para un país OCDE y cualquiera.
En general nuestras empresas públicas no son eficientes y muchas ni eficaces en el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, su demanda por recursos es desproporcionada a la capacidad del país. Emplea más personal que el que la experiencia en otros países de la OCDE demuestra como necesario. Las necesidades financieras de las empresas públicas estrujan financieramente al sector productivo no público y presionan negativamente el tipo de cambio.
En términos generales son muchos los errores en las empresas públicas, vinculados sin duda a deficiencias en la gestión a todos los niveles, a la maraña de leyes y normas que hace imposible evolucionar y que promueven la corrupción, convirtiendo a menudo al funcionario público en el corruptor y no al revés. La incapacidad de funcionar sistémicamente como lo ordena la ley 5525 de planificación nacional y la 6227 Ley General de la Administración Pública, como parte de los sectores donde las respectivas empresas cumplen funciones es una seria deficiencia.
Necesitamos en las empresas públicas una gestión de recurso humano de alta calidad, que vaya más allá del control, una práctica obsesiva en Costa Rica y que más bien genera lo opuesto a lo que se quiere. La pobre gestión deviene en pobre ejecución, altos costos y funcionarios desmotivados por falta de liderazgo efectivo.
Como en los países desarrollados, nadie debería asumir una gerencia pública en cualquier instancia si no tiene al menos un programa de alta gerencia pública a su haber.
Hemos llegado a más de 300 empresas públicas, pues en lugar de transformar las que creamos en las primeras décadas a partir de la segunda mitad del siglo pasado, lo que hicimos fue crear nuevas sin reparar en la capacidad del país de mantenerlas sin perder competitividad internacional, lo que para un país pequeño importador y exportador como el nuestro es fatal.
Al próximo gobierno me parece le corresponderá como una de las primeras tareas el revisar al fondo el régimen de empresa pública en Costa Rica. Requerimos de un liderazgo capaz de llevar adelante ese proceso propio de una política de estado trascendente a su gobierno y partido, que entienda la funcionalidad sistémica del Estado y que sepa usar las valiosas herramientas que para la dirección política le dan las mencionadas leyes 5525 y 6227.
El ejercicio mencionado en el párrafo anterior tendrá que ser participativo pero restringido para que pueda ser operativo: gobierno, sector empresarial y cooperativo; sector sindical y academia, basado en una nueva visión del país y una sociedad mucho más justa, productiva y competitiva, con un sector público mucho más funcional, en el que las empresas públicas renovadas encuentren su nicho.
Es necesario examinar la relación costo-beneficio de las empresas públicas según su misión y la visión que se tengan, privilegiando las de impacto estratégico o sea de incidencia central en el progreso hacia el desarrollo del país en el largo plazo. Deben analizarse a fondo la naturaleza y límites de las diferentes autonomías para aprovechar sus beneficios y consolidar la integralidad el Estado. ¿Qué debe desconcentrarse, qué debe descentralizarse, donde refundir o eliminar, así como que reconvertirse? Son preguntas necesarias de responder pasar a la acción y recalibrar.
El papel de las empresas públicas y las alianzas público privadas es un tema estratégico insoslayable. Los tiempos, las posibilidades de financiamiento, los requerimientos socio económicos, científicos y ambientales van cambiando, la tecnología va evolucionando; eso hace necesario adaptación, fundición, creación de nuevas instancias o desaparición si ese es el caso. Algunas por su condición financiera en virtud de errores cometidos, malos cálculos políticos y hasta corrupción, posiblemente tendrán que vender activos para equilibrarse pues por tarifas e impuestos ya es tan fácil como en el pasado. Son realidades…nada es gratis en este mundo.
Al tema se le debe entrar con seriedad y profundidad definiendo qué tipo de Estado y dentro de éste, que tipo de empresa pública queremos. No soy ni mucho menos partidario como algunos de desmantelar el aparato estatal, aunque hay que escuchar los diferentes planteamientos. Me inscribo en la economía mixta, con sectores estatal, sindical y privados fuertes en el buen sentido de la palabra. O sea, una fortaleza basada en la capacidad no de imponerse, sino más bien de ser parte de procesos transformadores y promotores del progreso. A futuro la empresa pública redefinida y reubicada sistémicamente dentro del Estado y la vida nacional debería ser clave.
– Ex viceministro-subdirector de OFIPLAN de la Presidencia de la República.
Efectivamente Carlos Manuel, nos hace falta un análisis profundo, objetivo, crítico, apolítico, no populista, con visión de largo plazo, para tratar de enderezar la empresa pública. Se trata de un esfuerzo nacional, los que pretenden hacerlo desde una única trinchera política, considerando que ya tienen asegurada la presidencia, como algunos que dan su opinión en este espacio lo sostienen, simplemente están fuera de contexto, dicho en vox populi «OFT», eso no será posible.