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15 Junio 2021
La Internacional Socialista ha estado siguiendo con profunda preocupación el continuo deterioro de la situación política en Nicaragua donde deben celebrarse elecciones generales el 7 de noviembre de este año. Ya en el mes de enero de 2019 el Consejo Mundial de la I.S., reunido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, decidió por una amplia mayoría retirar de su membresía al partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por “graves violaciones a los derechos humanos y valores democráticos cometidos por el gobierno de Nicaragua”.
En el preámbulo de las elecciones que se celebrarán en noviembre, un número de prominentes opositores y críticos del Presidente Daniel Ortega han sido arrestados las últimas semanas y últimos días, entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta, quien dirige la Fundación con el nombre de su madre Violeta Barrios de Chamorro, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, el ex embajador Arturo Cruz, el economista José Adán Aguerri, la socióloga Violeta Granera, el abogado José Pallais, la presidenta de Unamos Suyen Barahona y el vicepresidente de Unamos Hugo Torres, Dora Téllez ex combatiente junto al Presidente Ortega y hoy opositora, la abogada y activista de Unamos Ana Margarita Vijil, la abogada Tamara Dávila activista de Unamos y el ex vicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco Fonseca. Asimismo, un número de otros actores sociales, activistas de derechos humanos y de oposición al gobierno de Ortega han sido detenidos durante los últimos días, encontrándose incluso algunos de ellos sin conocerse su paradero.
Es grave no solo para Nicaragua sino para toda la región de América Latina y el Caribe y más allá de ella, observar que la institucionalidad y la legitimidad democrática se han ido deteriorando y degradando progresivamente en ese país, a la vista de todos en los últimos años. Hoy la situación se torna crítica, ya que se están infringiendo derechos y libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses.
Las masivas manifestaciones sociales de 2018 y las graves violaciones de derechos humanos que acompañaron la violenta represión gubernamental de éstas, respondían en parte a la contestación a la creciente concentración de funciones públicas del sandinismo y al proyecto de mantener al presidente Daniel Ortega en el poder. Tras ellas fueron adoptadas diversas iniciativas legislativas, administrativas y judiciales tendientes a restringir la democracia nicaragüense que hoy están siendo aplicadas con ilegítimos fines políticos.
Ante la necesidad de contar con condiciones que permitan elecciones creíbles, participativas e inclusivas en noviembre próximo, el gobierno de Nicaragua debe liberar de forma inmediata a todos los detenidos por razones políticas e impedir toda restricción ilegítima a los derechos de sus ciudadanos a expresar su adhesión a las distintas propuestas y alternativas que buscan el apoyo y la confianza del electorado nicaragüense.
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