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Karina G. Garcia Reyes, University of Bristol
Latinoamérica es la región más violenta del mundo y estos datos muestran cuánto:
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El 33% de los homicidios del mundo ocurre aquí, aunque sólo somos el 8% de la población del planeta.
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Los homicidios se concentran en Brasil, Colombia, México y Venezuela. En el primero, más de un millón de personas fueron asesinadas en los últimos 30 años. En su mayoría eran hombres jóvenes.
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En 2017, de los 20 países con mayor tasa de homicidios per cápita, 17 eran latinoamericanos. El Salvador encabezaba la lista con una tasa promedio 60 homicidios por cada 100 000 habitantes.
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Mientras que el promedio de homicidios con armas de fuego en el mundo es de 32 %, esa proporción salta al 67 % en Centroamérica; 53 % en Sudamérica, y 51 % en el Caribe. En contraste, la proporción de homicidios con armas de fuego en Asia del Este es de 3 %.
Estos datos provienen el libro Tráfico de armas y violencia: De la red global al reto de seguridad local, editado en 2021 por los académicos David Pérez, Carlos Pérezy Eugenio Weigened.. En diez capítulos escritos por 25 expertos de 7 regiones del mundo, el libro presenta el primer estudio comparativo de los retos que tienen, en materia de armas, Estados Unidos, América Latina, Europa, África y Oceanía.
El libro aborda tres dimensiones del problema: las dinámicas del tráfico de armas; la relación entre armas y violencia, y los casos exitosos y fallidos en el intento de imponer reglas sobre la producción, almacenamiento y uso de armas ligeras en diferentes regiones del mundo.
El papel de Estados Unidos
Para los editores, no se pueden entender las dinámicas de este tráfico sin primero resaltar rol de Estados Unidos tanto en el comercio legal como ilegal de armas.
La evidencia demuestra que armas fabricadas en Estados Unidos alimentan la violencia en varias regiones. En el caso de América Latina se sabe que un número importante de armas recuperadas en escenas de crimen fueron manufacturadas en Estados Unidos, o bien importadas primero a Estados Unidos y después traficadas ilegalmente. Algunos datos elocuentes:
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En Haití y las Bahamas un 98% de las armas ilegales viene de Estados Unidos.
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En México esta cifra alcanzó el 70% en la última década.
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En los 7 países de América Central, el 50% de las armas ilegales viene de EE.UU. (respecto de América del Sur hay menos información disponible y no hay cifras al respecto).
Eugenio Weigened, uno de los autores del capítulo sobre Estados Unidos, sostiene que “un mayor número de armas no se traduce a mayor seguridad”. Los números que incluye en su capítulo alarman. En Estados Unidos una persona es asesinada con un arma cada 14 minutos; y hay un tiroteo masivo cada 25 horas (entre 2013 y 2018 se han registrado 400 tiroteos en escuelas); 76 000 personas resultan heridas con un arma cada año; y ocurre un disparo involuntario cada 18 horas.
Para Eugenio Weigened el desastre norteamericano tiene importantes lecciones para Latinoamérica. Una de ellas es que debemos poner mucha atención a quienes hacen lobby a favor liberalizar el comercio de armas: “Hay que monitorear a los grupos de cabildeo y de interés que empujan por más armas, y su influencia en la legislación sobre políticas de armas y políticas de seguridad en general. Estados Unidos es un caso claro de que tan influyentes son. Hay intereses que protegen a la industria de las armas y no a los intereses o las demandas de la ciudadanía”.
La guerra contra las drogas
Los autores del capítulo sobre Latinoamérica resaltan que una de las principales causas del incremento de la violencia en la región es la guerra contra las drogas.
Esto ha significado el retorno de los militares en misiones de seguridad interna, lo que a su vez implica la adquisición de armas por parte de actores estatales y no estatales en toda la región. Para los editores del libro, sin embargo, el problema que enfrentamos en Latinoamérica no es la droga misma, sino el tráfico de armas. El editor Carlos Pérez resume así la idea: “Dejemos de hacerle la guerra a las drogas y hagamos la guerra a las armas”. “Si queremos reducir la violencia dejemos de hablar de drogas y pongamos a las víctimas y a las armas que las hacen víctimas al centro. Necesitamos que la academia hable más del tema. Necesitamos que ese sea el centro del debate”.
La violencia ligada a la prohibición de drogas se puede medir a través del número de armas disponibles en la región. En 2017 la encuesta de Small Arms estimó que en el mundo había aproximadamente 857 millones de armas en poder de civiles. En América Latina los países que lideran la lista fueron:
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Brasil con 17,5 millones,
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México con 16,8 millones,
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Venezuela con 5,8 millones y
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Colombia con 4,9 millones.
Los autores destacan que menos del 10% de estas armas están registradas oficialmente, a pesar de la estricta legislación de estos países.
En Venezuela y Brasil, por ejemplo, hay un mínimo de edad (25 años) para obtener permiso de porte de armas. En México hay solo una tienda, propiedad del Ejército, donde se puede conseguir armas de manera legal. Además, en estos tres países el porte de armas está prohibido en territorio nacional, con excepción de oficiales de seguridad pública o privada.
El problema, sugieren los autores, radica en los miles de armas ilegales infiltradas desde Estados Unidos. Para Carlos Pérez, como es poco lo que se puede hacer para controlar el flujo que sale de Estados Unidos, una estrategia más realista se debe enfocar en las políticas locales de modo que “una vez que las armas están en el país no terminen en las manos equivocadas”. Sin embargo, de nada sirven las estrictas leyes que tienen algunos países, sin voluntad política, o capacidad institucional para hacerlas cumplir.
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Retos principales
El primer reto que los autores señalan en cuestión del combate al tráfico de armas es la corrupción institucional.
En Guatemala, por ejemplo, las redes de exmilitares y oficiales de inteligencia de alto rango con fuertes lazos con el sistema político han monopolizado el tráfico de armas en el país. Dinámicas similares son la norma en Latinoamérica, confirmando que el tráfico es posible gracias a la complicidad y cooperación de fuerzas de seguridad corruptas.
Uno de los muchos casos documentados de los lazos entre oficiales corruptos y el tráfico de armas es el de la venta de armas del gobierno peruano a las guerrillas colombianas en 1999. Ese año, el servicio de inteligencia de Perú (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos, actualmente encarcelado en Perú, compró alrededor de 10 000 armas AK-47 al gobierno de Jordania. Oficialmente el SIN sería el último destino y usuario de las armas. Sin embargo, Montesinos ya había arreglado previamente la reventa de las armas con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un segundo reto en la región según los autores es el contrabando de pequeñas cantidades de armas. La mayoría de las que circulan en América Latina fueron importadas así. El tráfico de armas es realizado por grupos criminales tradicionales y redes criminales transnacionales, las cuales tienen otras actividades ilegales como drogas o tráfico de personas. Es esta amplia variedad de delitos ligados al tráfico de armas lo que hace tan difícil de contrarrestarlo.
Mientras un importante porcentaje de armas es ilegalmente adquirido en Estados Unidos y después traficado a través de la frontera con México, existen otras rutas más complejas hacia el Caribe y el sur de América, las cuales reciben menos atención.
Un ejemplo son las vías marítimas. Las armas se esconden en embarcaciones, desmontadas y mezcladas con mercancía legal. Son casi imposibles de detectar debido al gran tamaño de los contenedores y la cantidad de mercancía que pasa por los puertos.
Otro gran reto es el tráfico de armas entre estados vecinos. Además de la frontera entre México y Estados Unidos, hay otras dos zonas muy complejas:
La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Durante años, las regulaciones laxas de Paraguay hicieron de este país un paraíso para los traficantes en Brasil. Hasta hace poco, era posible comprar armas legalmente con tan solo presentar una copia de identificación a las autoridades locales. Las armas eran, en su mayoría, importadas desde Estados Unidos. A pesar de un cambio en la legislación de Paraguay, todavía existe una gran cantidad de armas estadounidenses disponibles en la frontera paraguaya.
Otro punto estratégico se encuentra en América Central, en la triple frontera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. En esta región la cocaína y otras drogas transitan desde la zona andina hacia el norte; y las armas hacen la ruta opuesta. Con un estimado de 2,8 millones de armas no registradas en la región, es fácil encontrar donde comprar armas y municiones a lo largo de esta frontera.
Los precios incluso son los más bajo en la región, los rifles AK-47 tienen un precio entre los 200 y 400 dólares. Además de las organizaciones mexicanas y colombianas, quienes han tomado ventaja de esta situación son las pandillas locales, quienes frecuentemente son más violentas que las organizaciones transnacionales. Las consecuencias inmediatas de esto son el aumento de extorsión, secuestro, alto número de homicidios y las subsecuentes olas de migración.
Cinco recomendaciones para América Latina
Para enfrentar los principales retos identificados en la región, los académicos concluyen con cinco recomendaciones clave, basadas en la evidencia empírica que analizaron, para los diseñadores de políticas públicas en América Latina:
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En países donde el excedente de armas militares es importante, gracias al declive en el tamaño de sus fuerzas armadas (Argentina, Brasil, Paraguay y Perú), la destrucción del excedente de armas es altamente recomendado.
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Más que concentrar los esfuerzos en perseguir a quienes poseen armas, la recomendación es perseguir y controlar la producción, importación y comercialización ilegal y legal de armas.
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En cuanto a la producción, se recomienda que los países establezcan medidas más efectivas en el registro y seguimiento de las armas producidas. Por ejemplo, asegurarse de que la marca en las armas se realice sobre una superficie visible y que sea fácilmente reconocible, legible y durable.
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Una recomendación importante es la separación de las burocracias que regulan y documentan las armas y aquellas que las utilizan. Los autores recomiendan la creación de una institución mixta, bajo control civil y militar y, con un claro sistema de pesos y contrapesos.
En la mayoría de los países de América Latina, la producción, comercialización, regulación, y uso de armas de fuego está bajo control de una sola entidad, usualmente el ejército, como es el caso de Colombia, México, Chile, Paraguay y Honduras, o el Ministerio del Interior/Justicia como es el caso de Argentina, Perú, Costa Rica y Brasil.
Este control institucional ha facilitado la corrupción, abuso de poder y falta de transparencia respecto a la compra, administración y distribución de armas. Para prevenir esto, la recomendación es establecer agencias de coordinación nacional para investigar y monitorear el comercio legal e ilegal de armas.
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Finalmente, como los Estados Unidos son el principal proveedor de armas utilizadas en actos criminales en casi todos los países de la región, se recomienda la creación de coaliciones diplomáticas integradas tanto por países como por ONGs con el fin de coordinar esfuerzos en favor de una regulación de armas más estricta en Estados Unidos. Una coalición así daría a los países latinoamericanos una mayor capacidad de negociación que una relación bilateral de cualquiera de los países en una relación que claramente sería asimétrica con Estados Unidos.
Cinco lecciones aprendidas
Estas cinco ideas resumen las principales enseñanzas sobre políticas que logran reducir la cantidad de armas y las que no funcionan o son muy insuficientes.
Mejorar inventarios
Para evitar fugas de municiones y armas de los almacenes nacionales, la policía y las autoridades militares deben actualizar continuamente sus inventarios, mejorar sus prácticas administrativas, y ser más transparentes. La creación de inventarios más efectivos y la implementación de mecanismos de control de adquisición de armas por civiles han dado buenos resultados en reducir el desvío de armas y municiones.
Entrega de armas
Considerar el éxito de los programas de la rendición o entrega de armas. En 2007, Argentina comenzó el programa de rendición como resultado del diálogo y la cooperación entre organizaciones civiles y el entonces gobierno del presidente Néstor Kirchner. Basada en una rendición voluntaria y anónima de armas y municiones, el plan alcanzó la destrucción de más de 175 000 armas y 1,5 millones de balas en menos de una década. A cambio, los participantes reciben un incentivo financiero. Este programa en Argentina ha sido reconocido a nivel mundial, recibiendo el prestigioso premio Future Policy Award por la mejor política pública de desarme.
Confiscar no es suficiente
Cada año se confiscan en Centroamérica alrededor de 16 000 armas. El número es tan bajo que, manteniendo ese ritmo y sin que entraran más armas al mercado, tomaría 188 años para remover todas las armas de las calles de Centroamérica». La lección en este sentido es que los esfuerzos de la policía en incautar armas son irrelevantes si los gobiernos no reducen la demanda de estos productos. Mientras la demanda persista, el impacto de las políticas de seguridad seguirá siendo limitado.
Regular la industria de armas latinoamericana
América Latina tiene una pequeña pero creciente industria regional de armas. Países como Brasil tienen una industria de defensa bien establecida que produce, ensambla, importa y exporta armas. La industria armamentista está creciendo en otros países como Chile, México y Perú. Este escenario hace que la regulación de la producción y comercialización de armas en la región sea aún más relevante.
Cooperación regional e internacional
Dicho lo anterior, hay algunas acciones que los países latinoamericanos podrían realizar para combatir el contrabando de armas. La que ha probado ser más eficaz es la cooperación entre gobiernos y organizaciones internacionales, como El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC). En colaboración con UNLIREC, muchos países han trabajado en la implementación de programas para intensificar sus capacidades de balística forense, desarrollar estrategias para investigar y sancionar el tráfico de armas y municiones. Aunque el impacto de esta y otras colaboraciones es difícil de medir, la evidencia sugiere que, hasta ahora, una de las mejores maneras de disminuir el tráfico de armas es la cooperación regional e internacional.
La versión original de este artículo fue publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile. 
Karina G. Garcia Reyes, Profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos, University of Bristol
This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.
