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Kenia García y Paula Sánchez Perera
El problema no es que cierren los clubes, sino que lo hagan sin ofrecer alternativas tras el desastre de gestión ocurrido durante el confinamiento y la exclusión deliberada de las trabajadoras sexuales del escudo social.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, envió el pasado viernes una carta dirigida a las Comunidades Autónomas animándolas a cerrar los clubes de alterne, que pronto aplicaron Castilla la Mancha y Cataluña. Aunque el cierre de los burdeles se fundamenta en razones sanitarias, la ministra ha querido vendernos que esta es una medida motivada por un Ministerio comprometido con la lucha contra la explotación sexual. Paradójicamente, este mismo partido político, junto al PSOE, paralizó la creación de una comisión para estudiar los abusos a menores bajo tutela pública en centros de acogida de Baleares y Valencia.
Con todo, la decisión de cerrar los burdeles, aunque comprensible dado el contexto social de emergencia sanitaria que atravesamos, nos resulta alarmante. El problema no es que cierren los clubes, sino que lo hagan sin ofrecer alternativas al ejercicio, tras el desastre de gestión ocurrido durante el confinamiento y la exclusión deliberada de las trabajadoras sexuales del escudo social. De haberse tratado de otro sector laboral, probablemente el titular sería “El Ministerio de Igualdad deja a 60.000 mujeres en la calle”. En la calle, literalmente, porque en los clubes usualmente las mujeres no solo trabajan, sino que además residen, muchas de ellas, en situación administrativa irregular. Para acabar con la prostitución, por lo visto, solo hace falta acabar con las prostitutas. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Durante el confinamiento, ante la ausencia de cualquier tipo de ingreso y el silencio sepulcral de los poderes públicos, las trabajadoras sexuales se organizaron y armaron cajas de resistencia mientras los empresarios de los clubes pudieron acogerse a los ERTE del Gobierno
Durante el confinamiento, ante la ausencia de cualquier tipo de ingreso y el silencio sepulcral de los poderes públicos, las trabajadoras sexuales se organizaron desde sus respectivos colectivos y armaron cajas de resistencia con las que hacer frente a los múltiples casos de mujeres que llamaban a las asociaciones pidiendo auxilio. Mujeres trans en situación de calle, madres solteras migrantes sin redes de apoyo, deudas de alojamiento incrementándose. Mientras, los empresarios de los mismos clubes que hoy denuncia con tanta vehemencia la ministra pudieron acogerse a los ERTE del Gobierno.
Esa “industria proxeneta” a la que nadie le pone el foco, según Montero, no solo se encuentra legalizada como patronal desde el 2003, bendecida por el Tribunal Supremo, sino también por la jurisprudencia social, que considera que el alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución no es proxenetismo. De ahí que los partidos de izquierda, como el PSOE, que hoy vociferan en pro de la abolición les hayan concedido licencias desde sus Ayuntamientos a lo largo y ancho del territorio nacional. Todos los derechos y el reconocimiento laboral se encuentran monopolizados por la parte fuerte de la relación laboral, por el empresariado, mientras que, al otro lado, las mujeres carecen de cualquier herramienta con la que hacer frente a los continuos abusos y situaciones de explotación de toda índole que sufren.
Todos los derechos y el reconocimiento laboral se encuentran monopolizados por el empresariado, mientras las mujeres carecen de herramientas para hacer frente a los continuos abusos y situaciones de explotación de toda índole que sufren
Cuarenta días después de decretarse el estado de alarma, el Ministerio de Igualdad publicó un documento en el que ampliaba las medidas de protección dirigido a víctimas de trata y de violencia de género, pero también para “mujeres en contextos de prostitución”. Prometieron acceso al IMV, con independencia de la situación legal en España, y alternativas habitacionales. El 1 de junio, la redacción final del BOE excluía a las mujeres que ejercen la prostitución de formar parte de esos grupos de excepción.
Por parte del Ministerio solo se obtuvo silencio: ya habían copado los titulares, ya nadie estaba mirando. Mientras, las entidades denunciaban el fraude y difundían diversos casos dramáticos agudizados por la falta de recursos y una precariedad alarmante. El pasado 29 de julio, Cruz Roja denunciaba las dificultades de las víctimas de trata para acceder sin pasaporte o permiso de residencia. Ni derechos laborales, ni acceso al IMV. Ni trabajadoras ni víctimas, invisibles, al menos, hasta que se trate de arañar votos o continuar la batalla contra el PSOE por el liderazgo de la agenda feminista.
Irene Montero habla repetidas veces de “experiencia acumulada” y de “garantizar derechos”. ¿Qué derechos? Es de público conocimiento que las mujeres se han quedado en la calle mientras que los empresarios han podido solicitar los subsidios del Gobierno, como el caso del Club Paradise; otras han permanecido dentro de los clubes acumulando deudas; otras se han quedado sin agua ni electricidad ni comida, como las trabajadoras del Club Olimpo de Guadalajara.
Junto a algunas ONG, desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla hemos podido constatar que muchos pisos de acogida se encuentran colapsados y sin plazas en multitud de zonas de España. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido denunciado ante el Defensor del Pueblo por los malos tratos y condiciones infrahumanas de trabajo e higiene, intentos de asesinato, suicidio e, incluso, trata de personas ocurridos en sus albergues. Así que tal vez por “experiencia acumulada” la ministra se refiera al abandono, la indiferencia y la desidia.
Si no han sido capaces de asistir integralmente durante estos cinco meses, ¿lo harán ahora que muchas entidades se encuentran cerradas por vacaciones?, ¿realmente cuentan con recursos suficientes para atender a todas las mujeres?
Si no han sido capaces de asistir integralmente durante estos cinco meses, ¿lo harán ahora, en el mismo momento que muchas entidades se encuentran cerradas por vacaciones?, ¿realmente cuentan con recursos suficientes para atender a todas las mujeres?, ¿o les entregarán material de prevención sanitaria y guías de recursos nacionales e internacionales para facilitar el retorno a sus países de origen?
Si en varias décadas de abolicionismo institucional, con un país poblado de entidades que asisten a las mujeres que ejercen la prostitución, las alternativas laborales no han logrado su cometido, ¿lo conseguirán ahora?, ¿qué alternativas les va a ofrecer?, ¿serán distintas a los habituales cursos que se les ofrecen orientados hacia el trabajo doméstico, el cuidado de ancianos y camareras de pisos?, ¿dentro de la “experiencia acumulada” de la ministra se encuentra la baja tasa de contratación tras la realización de estos cursos? Estas alternativas no solo son feminizadas y precarias, sino que se dirigen a los mismos nichos laborales de donde procedían muchas mujeres que hoy ejercen y frente a los cuales optaron por la prostitución.
Dentro de la “experiencia acumulada” parece que no se encuentra el análisis de las consecuencias a las que conducen este tipo de medidas. Basta mirar hacia lo ocurrido en Argentina para abducir los efectos que el cierre de prostíbulos previsiblemente producirá. La desesperación económica empujará a muchas mujeres hacia otros espacios clandestinos regentados por terceros, como los pisos donde gobierna el sistema de trabajo a porcentaje. Es decir, paradójicamente, la medida adoptada por el Ministerio, lejos de luchar contra la explotación sexual, la incrementará. ¿Podrán rastrear en estos espacios mejor los brotes que en aquellos otros que contaban con licencia y a los que tienen acceso la policía y las entidades? A su vez, las mujeres bajarán las tarifas de los servicios, incrementarán la jornada laboral y aumentarán las prácticas de riesgo. Las medidas prohibicionistas como esta no disuelven la explotación, tan solo la ocultan confinándolas en espacios más opacos donde será mucho más difícil ya no solo controlar los brotes, sino detectar los abusos y las diferentes violencias.
Llama la atención, además, que en la lucha contra la explotación sexual de la ministra y la garantía de derechos de las trabajadoras no entre la derogación urgente de todas las normativas, como las ordenanzas municipales y la Ley mordaza, que las sancionan en el espacio público, criminalizan su actividad y las endeudan progresivamente. Dentro de su lucha contra la explotación sexual no entran las normativas que ponen en peligro su derecho a la unidad familiar y la guarda y custodia de sus hijos e hijas porque no las consideran lo suficientemente capacitadas para ser madres. Tampoco, claro está, todas las políticas que las deportan de manera rutinaria tras las redadas o que las encierran en CIES, centrales, para un colectivo donde el 90% es migrante.
Convertirlas en chivos expiatorios de la transmisión del covid-19 solo consigue incrementar el estigma añadiéndole una capa más a la pecadora, mala mujer, víctima, ahora también tildada de proxeneta: contagiosa
La justificación sanitaria de esta medida nos trae conocidos ecos del pasado. Desde el siglo XIX, primero, con la expansión de la sífilis y un siglo más tarde con la pandemia del VIH, las trabajadoras sexuales han sido repetidamente conceptualizadas por el paradigma higienista como focos de transmisión de enfermedades. Todo ello, a pesar de que conformen un colectivo especialmente concienciado en la prevención de ITS y VIH, para el que los testeos y el uso de material preventivo forman parte de su rutina. Convertirlas en chivos expiatorios de la transmisión del covid-19 solo consigue incrementar el estigma añadiéndole una capa más a la pecadora, mala mujer, víctima, ahora también tildada de proxeneta: contagiosa.
Un Ministerio de Igualdad que le hiciera gala a su nombre reconocería a las putas como sujetos, como iguales, y se valdría de la auténtica experiencia acumulada de quienes ponen el cuerpo cada día en este trabajo para consultarles las medidas que les repercuten. Sin embargo, una vez más las trabajadoras sexuales se convierten en esa cuerda para el tira y afloja de las pujas políticas y a los políticos les es indiferente cuánto tiren de sus vidas si, en medio de esta lucha por una medalla, sus vidas se rompen. Ciertamente, el de la prostitución es un debate que divide a las feministas. En él existen dos posiciones: quienes desean, al precio que sea, que no exista y quienes luchan por mejorar la vida de quienes ejercen la prostitución. En la segunda posición nos encontramos.
Kenia García. Trabajadora sexual migrante, activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y portavoz de la campaña Regularización Ya.
Paula Sánchez Perera. Investigadora especializada en prostitución y activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opinion/cierre-de-burdeles-60.000-mujeres-a-la-calle-sin-alternativas
