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Enrique Gomáriz Moraga
Esta nueva proposición de Podemos es acompañada por todos los grupos nacionalistas e independentistas (ERC, JuntsxCat, PNV, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP), en unos casos por su rechazo de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado y en otros porque identifican a la Monarquía como garantía de la unidad de España y, por tanto, consideran que derribando la Corona se les allana bastante el camino hacia la deseada secesión. También es frecuente la coincidencia de ambas motivaciones.
Es indudable que estos cuestionamientos recientes provocan un desgaste de la Corona, que sólo el buen hacer de Felipe VI puede compensar, al menos parcialmente. Pero sobre esta fuerte turbulencia han comenzado a aparecer nuevamente el argumento de quienes aseguran que el socialismo democrático en España, y, en concreto, el PSOE, sólo puede ser republicano.
Ya he tratado en anteriores ocasiones el tema de la relación entre socialdemocracia y monarquía parlamentaria, pero en esta ocasión me veo obligado a volver sobre el tema para aclarar algo más la memoria de la posición del PSOE y de su ponente, Luis Gómez Llorente, en la comisión constitucional de 1978. Entre otras razones, porque me unieron años de trabajo con “el hombre de la pipa”, como llamábamos entonces a Gómez Llorente, cuando era Secretario de Formación Política de la Ejecutiva Federal, mientras yo ocupaba el mismo cargo en la Federación Socialista Madrileña. Es completamente cierto que el PSOE y Gómez Llorente en particular, votaron a favor de la forma republicana de Estado en esa comisión, como lo es que esa votación se perdió por diferencia. Pero la reflexión interna que siguió a continuación en el PSOE fue que la nueva Constitución, bastante avanzada por cierto, había establecido bien la clave que define a la monarquía parlamentaria de que “el Rey reina, pero no gobierna” y que sólo si el comportamiento de la Corona no contribuía al fortalecimiento del sistema democrático, el socialismo democrático tendría que levantar la voz contra la Monarquía. Hoy existe una amplia coincidencia acerca de que el balance general de la monarquía es francamente positivo en cuanto al desarrollo del sistema democrático en España. Lo cual no es incompatible con el hecho de que el Rey emérito haya podido cometer actos que necesiten ser investigados.
Pero parece conveniente ir a las cuestiones de fondo acerca de la posición del socialismo democrático respecto de monarquía parlamentaria. Claro, el punto de partida debiera ser saber qué se entiende por socialismo democrático en el siglo XXI. Porque retroceder a la historia de la II República necesita de muchas precisiones. Hoy ya sabemos que el socialismo autoritario, violento o autoritario no es socialismo democrático. Es decir, recurrir a Largo Caballero, para quien la República también era “un régimen burgués, que había que superar”, no es precisamente un referente idóneo de socialismo democrático que pueda ser útil para reflexionar hoy sobre la forma de Estado.
No hay, pues, contradicción alguna en ser políticamente republicano y defender la actual Constitución democrática que ha establecido una monarquía parlamentaria. De hecho, muchos socialdemócratas españoles tenemos una tradición familiar republicana. MI padre fue un oficial republicano en la guerra civil. Pero esa tradición no nos convierte en invidentes políticos.
En primer lugar, porque si observamos Europa nos llevamos la sorpresa de que los países con mayor nivel de desarrollo humano en el mundo, los del Norte europeo, como Dinamarca, Suecia y Noruega, son todos monarquías parlamentarias. Cualquier defensor de los derechos sociales elegiría vivir en esas monarquías mejor que hacerlo en muchas otras repúblicas del viejo continente. Al menos para quienes conocimos al socialdemócrata Olof Palme, nos quedaba clara la preferencia. De esta simple observación se desprende una obviedad: parece que la forma de Estado no resulta ser el parámetro fundamental para determinar el desarrollo del bien común. Hay que aprender a distinguir entre lo medular y lo secundario.
Pero en el caso español sostengo que la monarquía parlamentaria está cumpliendo una función importante: compensa la falta de sentido de Estado que presentan las fuerzas políticas. Es decir, una Corona más allá de los intereses de partido tienen una función simbólica positiva dentro y fuera del país. Alguien podría decir que entonces el problema reside en la falta de sentido de Estado de los representantes políticos y no en la necesidad de una Corona imparcial. Y probablemente tendría razón. Pero mientras la monarquía parlamentaria siga teniendo ese efecto simbólico de imparcialidad partidaria y fortalecimiento del sentido de Estado, seguirá cumpliendo un papel positivo que es necesario valorar. Desde luego, esta reflexión será rechazada por aquellos que ponen en cuestión la modélica transición, pero esa es la posición tradicional de los partidarios de la política sectaria y de banderías tan conocida en España.
En todo caso, como anticipé, la sensatez democrática no es incompatible con uno de los principios que debe regir el funcionamiento de un sistema político de esa naturaleza: ningún ciudadano está por encima de la Ley. Esto ya ha quedado claro con otros miembros de la familia real y debe aplicarse con igual rigor respecto de las actividades del Rey emérito. Y la ciudadanía que sea monárquica por convicción -que no es poca- deberá aceptar por completo los procedimientos que impulse el poder judicial al respecto.
