Violación de derechos y abuso del derecho a la huelga

Ágora*

Por Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

Desde que inició la discusión sobre el cambio de la ley que regula las huelgas en Costa Rica, he mantenido conversaciones y polémicas con algunos amigos, entre quienes apoyamos el cambio de la ley y quienes argumentan que la aprobación de ese proyecto constituye un retroceso democrático.

Muchas de estas personas, amigos de toda una vida, comprometidos tanto con la socialdemocracia, como el respeto a los Derechos Humanos, políticos y civiles -tal como considero ha sido también mi práctica-, señalaban que la aprobación de este proyecto constituía un retroceso en la legislación social costarricense.

Yo por mi parte, argumentaba que cuando el uso de un derecho se convierte en un abuso, la sociedad está en la obligación de detener esos excesos.

El abuso del derecho de huelga por parte de los sindicatos del sector público ha golpeado a la economía costarricense en el último año, como posiblemente solo lo habían hecho algunos fenómenos naturales.

El impacto de la huelga en la economía

Según datos del Fondo Monetario Internacional el impacto negativo de la huelga de los sindicatos del sector público en el segundo semestre de 2018 fue del 1,2% en el PIB. En datos del Banco Central de Costa Rica, este porcentaje equivale a la nada despreciable suma de 138 mil millones de colones.

La cancelación de más de 63 mil citas en la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo costo oscila entre 42 mil colones y 102 mil colones, dependiendo si es una cita de medicina general o una con un especialista; la cancelación de cientos de cirugías y la contratación de personal que sustituyera a los empleados públicos en huelga, tuvo un costo aproximado, para esta institución de 1,6 mil millones de colones, aproximadamente 400 millones de colones al día.

Obviamente, los perjudicados no fueron las personas que pueden pagar su atención en las clínicas privadas, sino los más pobres, los que acuden a la consulta de la seguridad social, a esos a los que los sindicatos, en su retórica populista dicen defender.

En el sector del transporte remunerado de personas, se reportaron pérdidas por más de 150 millones de colones y la afectación de entre el 80% y el 100% de algunos de los servicios.

En el transporte de carga se registraron pérdidas entre $100.000 y $120.000 semanales; se detuvieron aproximadamente 1,500 contenedores de productos para importación y exportación. El impacto en este sector, a parte de las empresas que mueven contenedores, que son las menos, se suscitó principalmente en pequeños transportistas del país, que son por lo general personas humildes.

En el sector turismo, los bloqueos afectaron reservaciones y traslados. Las agencias de viajes reportaron cancelaciones de hasta un 50%:

En Limón, una de las zonas más deprimidas del país, se cancelaron el 70% de las reservas; en Monteverde durante la primera semana de la huelga se cancelaron 500 reservaciones.

La Cámara de Turismo reportó pérdidas de ¢119 millones de colones.

La cancelación del atraque de un crucero en Puntarenas, -otra de las zonas que requiere ingresos económicos-, representó que 2.143 pasajeros no entraran al país, quienes se estima gastan entre USD $85 y USD $100 cada día. Por esta situación se dejaron de percibir aproximadamente ¢130 millones de colones.

Si consideramos que cada turista en Costa Rica en una estadía de 12 días, gasta en promedio $1,560, podemos medir el impacto económico de las cancelaciones de muchos visitantes.

Además, se registró un impacto negativo en más del 30% en restaurantes, no solo por las cancelaciones de turistas, sino también porque no tuvieron el suministro requerido de gas.

Estos números, que hipotecan el presente de este país, por un berrinche sindical, que más se orienta a satisfacer los egos de líderes desinformados y desactualizados, sobre las tendencias laborales y socio-económicas de la actualidad; que desperdician no el dinero público que en su concepción no pertenece a nadie -como parecen pensar quienes se ven beneficiados con privilegios y beneficios insostenibles, sino que son recursos que nos pertenecen a todos los costarricenses-, palidecen si se compara con el comportamiento de los sindicatos del sector educación.

36 mil niños que frecuentan comedores escolares, los de los grupos más vulnerables, se quedaron sin comer durante los días de huelga. Un desperdicio de 200 millones de colones al día, los alimentos pudriéndose y los niños sin contar con lo que posiblemente era su única comida nutritiva durante el día. Una verdad dolorosa e inimaginable, para quienes se supone, tienen conciencia social, por el contacto cotidiano con estos infantes.

Los sindicatos de educadores, que contrario a lo que dictan las exigencias de la era del conocimiento, promovieron, consideran y defienden que la educación no es una actividad esencial, provocaron la pérdida del 35% del ciclo lectivo de 2018. El impacto negativo sobre la educación y sobre los estudiantes que asisten a la educación pública, una vez más, provenientes de los sectores más vulnerables de la población, es inconmensurable.

Tal como lo expresó el exministro Edgar Mora: “Los días de clases perdidos no pueden ser recuperados de ninguna manera, pues no existe plan remedial que pueda compensar la materia que no fue evaluada en el tiempo que tuvo que hacerse”.

A este particular, es necesario retrotraer un comentario publicado por Diego Delfino, en su boletín digital del 28 de noviembre de 2018, que mencionaba los resultados de una investigación realizada en octubre de 2017 por David Jaume y Alexander Willén, de la Universidad de Cornell titulado “Los efectos de largo plazo de las huelgas docentes: evidencia de Argentina”, que utiliza técnicas estadísticas rigurosas de evaluación de impacto y del cual se desprenden hallazgos relevantes aplicables a nuestro contexto actual.

En síntesis, los autores encuentran “evidencia robusta de que las huelgas docentes empeoran los resultados futuros del mercado de trabajo: haber estado expuesto al nivel de duración promedio de una huelga docente en Argentina (88 días) en educación primaria reduce los salarios y ganancias del mercado de trabajo en cerca del 3% para personas entre 30 y 40 años de edad; adicionalmente, incrementa la tasa de desempleo para este grupo en 11% y aumenta la probabilidad de no estudiar ni trabajar en un 8%. Todo esto como consecuencia de un menor nivel educativo de estos individuos (un 2% menos años de escolaridad que el grupo de individuos no expuesto a huelgas prolongadas)”.

La fuerza destructiva de estas acciones irresponsables será visible a lo largo de los años, mucho más allá de lo que podamos imaginar. Los estudiantes nunca recuperarán el tiempo perdido.

A lo anterior debemos sumar el hecho de qué nuestro país, tiene una fuerza laboral de 2.100.000 (dos millones cien mil personas), en donde el 87% trabaja en el sector privado y sólo un 13% en el sector público. Ese 13%, que equivale aproximadamente a 305 mil personas y donde la tasa de sindicalización no va más allá de un 6%, aproximadamente 20 mil personas, fue el que bloqueó, detuvo, complicó y, con el fin de defender sus privilegios, hizo perder a la economía costarricense esos 38 mil millones de colones que señala el Banco Central como efecto de la huelga.

Pero además, este pequeño sector laboral, obstaculizó el trabajo que realiza el restante millón y medio de personas que trabajamos en el sector privado: las empresas no podían entregar sus productos, se redujeron las ventas y muchos empresarios se vieron obligados a despedir trabajadores, por la incertidumbre económica que aun vivimos. Esa situación continúa y tiende a agravarse, porque el empresariado no quiere arriesgar la apertura de nuevos puestos laborales, ante la situación de inseguridad que aun prevalece.

Vale señalar que, contrario a lo que ocurre en el sector privado, los trabajadores del sector público reciben el salario, aunque estén en huelga o no trabajen. En el sector privado, el que no trabaja, no recibe salario, esa es una realidad.

En el campo de la salud, los representantes sindicales de los 58 mil trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social, violentaron el derecho a la salud de 5 millones de costarricenses.

Los sindicalistas del sector educación, irrespetaron el derecho a la educación y la alimentación de los niños y estudiantes que asisten al sistema educativo público de Costa Rica y que son los que más necesitan de nuestro apoyo y solidaridad.

Todos los sindicalistas, participantes en bloqueos y disturbios, violentaron el derecho del resto de la población costarricense, sin importar el impacto que esto tuviera en todos los campos de desarrollo humano de esta sociedad.

Con el paso del tiempo, lamentablemente, algunos grupos privilegiados del sector público, lejos de constituirse en el facilitador del crecimiento y del desarrollo coadyuvando con el sector privado, en la búsqueda de las mejores condiciones para generar riqueza y distribuirla, se han transformado en un sector parasitario, transmutándose de un medio para lograr el objetivo de desarrollo del país, a ser un fin en sí mismo, un ser para sí y para sus integrantes.

A quien afectan las huelgas y quienes violan los derechos constitucionales

Visto lo anterior, estas huelgas, lejos de beneficiar a los más pobres, los perjudica. En esta perspectiva, los únicos beneficiados con las huelgas son los sindicalistas y sus representados. Más prueba que la solicitud de los sindicatos al Gobierno, para retirar los proyectos de ley vinculados a las pensiones de lujo, no creo que sea necesaria.

A los amigos y compañeros que se preocupan por la violación de derechos y por la defensa de los que menos tienen, con los datos suministrados es fácil probarles que las huelgas sólo han perjudicado a los más pobres y que en la mira de los sindicatos, NUNCA ha estado la lucha por las grandes mayorías o por los que menos tienen.

Es indispensable entender qué, si la situación fiscal del país no se resuelve, los más afectados van a ser, una vez más, los grupos económicos más vulnerables de la sociedad.

Contrario a lo que puedan expresar otros sectores, considero que la Asamblea Legislativa ha actuado responsablemente, reglamentando el derecho de la huelga, que más que derecho, se convirtió en un abuso anárquico, en manos de un liderazgo sindical trasnochado y poco democrático.

Mi felicitación al presidente de la Asamblea Legislativa. Considero que Carlos Ricardo Benavides ha hecho lo que un político responsable debe hacer, para mejorar las condiciones de las generaciones actuales y futuras de Costa Rica.

Ahora vamos a trabajar, con ahínco y mucho esfuerzo, que el panorama económico mundial no ofrece las mejores perspectivas y sólo con dedicación y brío, podremos hacer frente a los retos que nos ofrece la sociedad de la Cuarta Revolución Industrial.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.