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Fernando Berrocal
¿A quién se le puede haber ocurrido, como lo señalamos en varias opiniones, que Mideplan podría ser el ente rector de una política general de empleo y salarios públicos para los tres Poderes de la República, violentando el principio de la independencia entre los Poderes del Estado que, en lo fundamental, es la esencia misma del Sistema Democrático? Para eso está el Servicio Civil, en sus áreas de competencia claramente establecidas.
La ley tiene 35 inconstitucionalidades. Aun así, la sentencia de la Sala Constitucional deja caminos abiertos y, en estos aspectos, se debería concentrar el debate nacional y las negociaciones en la Asamblea Legislativa, procurando acercar racionalmente posiciones y lograr una Ley de Empleo Público constitucional y que no genere las inconvenientes polarizaciones que esta primera versión provocó en el país.
Claro está, desde el punto de vista fiscal, está en riesgo que el Ministerio de Hacienda deje de ahorrar a partir del 2021 la suma de 125 mil millones de colones y a partir del quinto año 563 mil millones de colones, pero también está de por medio la reciente resolución de la CIDH sobre empleo público que, aunque no es vinculante, sí es un parámetro calificado de referencia nacional.
¿Qué sigue ahora? La ley regresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí debe hacerse un trabajo serio y responsable, conforme a derecho y a la Constitución Política, sin demagogia ni ideas equivocadas y preconcebidas.
La Sala Constitucional se refiere, en varios puntos específicos de su resolución, a los “efectos” de la ley. Es ahí, precisamente, en donde opino hay que trabajar seriamente, definiendo un marco general de normas racionales y de sana administración pública para el universo del sector público, pero que necesariamente deberá respetar los mecanismos propios de incorporación a sus propios sistemas de empleo y escalas salariales en el caso del Poder Judicial y el TSE y respetando también la autonomía de las universidades públicas, las municipalidades y la CCSS por sus especiales condiciones en el Orden Jurídico.
No hay otro camino, hasta tanto una Reforma del Estado inteligente, moderna y ampliamente dialogada con los distintos sectores y los partidos políticos no se haga cargo de necesarias reformas a la Constitución Política y la legislación.
¿Que se ha perdido muchísimo tiempo? Claro que sí. El camino ahora es un trabajo responsable en la Comisión de Constitucionalidad, teniendo claro el panorama específico de lo que resolvió la Sala IV y, además, aspectos esenciales del debate nacional. No se trata solo de decir que sí o que no a la Ley de Empleo Público. Se trata de respetar la separación de Poderes y, a la vez, en mi opinión, de dotarle al país de un conjunto de sanas normas de Administración Pública, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
