Sudán, entre la guerra y la nada

Guadi Calvo

La guerra civil sudanesa, que cumplirá dos años el próximo quince de abril, además de haber devastado íntegramente al país, habiendo demolido prácticamente toda su infraestructura, reducido a escombros sus ciudades, junto a la mayoría de sus hospitales, e impedido que las áreas de producción agrícola pudieran seguir siendo explotadas, ha producido la mayor crisis humanitaria de la actualidad. Con un número desconocido de muertos, los que no pueden ser menos de cien mil, y entre doce y trece millones de desplazados internos y otros casi cuatro que se han refugiado en países vecinos, el país entero está a disposición y expectante de las evoluciones de los dos bandos rivales: las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y la organización paramilitar conocida como Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La magnitud de esta guerra y sus consecuencias más inmediatas están afectando a los países vecinos, a donde no paran de llegar de manera diaria cientos de refugiados.

Es Chad, con más de un millón, la nación que más asilados ha recibido y cuyos campamentos de acogida están desbordados y exhaustos; seguido por Sudán del Sur, con aproximadamente quinientos mil, donde la situación también es extremadamente difícil. Mientras que la frontera con Egipto, que desde hace meses se encuentra militarizada, es la más reactiva a recibir refugiados, haciéndoseles casi imposible ingresar a su territorio. Al tiempo que las fronteras con Libia y Eritrea, por la situación interna de esos países, no son elegidas por los refugiados, al igual que también la República Centroafricana, donde se vive una situación de guerra civil larvada, siempre dispuesta a reiniciarse.

Mientras que Etiopía, con cerca de trescientos mil, es la nación que menos refugiados ha recibido, posiblemente por su propia situación interna. Hay que recordar que esta nación, hasta noviembre del 2022, vivió otra cruenta guerra civil, que había comenzado en noviembre del 2020, entre el gobierno federal y la secesionista región de Tigray. Los exactos veinticuatro meses de combates, además de haber dejado un millón de muertos, cientos de miles de desaparecidos y muchas cuentas por saldar, ha provocado un estado de inestabilidad, en las regiones más afectadas por la guerra, Tigray y Amhara, que está muy lejos de aquietarse. Es justamente la región de Amhara, donde operan grupos separatistas que con mucha frecuencia se enfrentan con el ejército federal de Addis Abeba, donde se ubica por colindar el grueso de los refugiados sudaneses. Se estima que desde el comienzo de la guerra han llegado cerca de dos mil sudaneses, que se suman a los noventa mil que ya vivían en Etiopía desde antes de abril de 2023.

Si bien, tras el estallido de la guerra, Etiopía fue permeable al ingreso de más sudaneses, a medida que el conflicto se extiende, tanto las autoridades federales, encabezadas por el Primer Ministro, Abiy Ahmed, como las del gobierno regional, están endureciendo sus políticas hacia los refugiados. Desde antes de la guerra y hasta el pasado octubre, la falta de visa no había sido un impedimento para que los sudaneses pudieran transitar e instalarse sin mayores inconvenientes tanto en el área rural como en los centros urbanos de Etiopía. Los que se sumaron al cerca del millón de refugiados provenientes de Somalia, Eritrea y Sudán del Sur, que fueron llegando a Etiopía, escapando también de guerras y represiones. Situación que cambió drásticamente desde octubre del 2024, cuando Addis Abeba dispuso para todo ciudadano sudanés la necesidad de obtener una visa, a excepción de aquellos que opten por permanecer en los cada vez más carenciados y faltos de seguridad campamentos asignados. Mientras quienes pretendan instalarse fuera de ellos deben pagar mensualmente el equivalente de cien dólares y, de no hacerlo, pagar una multa de diez dólares diarios. La falta de documentación, para lo que se estima en unos quince mil ciudadanos sudaneses desperdigados en Etiopía, les impide acceder a servicios elementales como atención médica, trabajo y educación, arriesgándose también a caer en manos de mafias locales que los pueden utilizar como mano de obra esclava, obligados a enrolarse en alguna de las muchas milicias regionales como las FANO, y en el caso de las mujeres, sumergidas en cadenas de tráfico para explotación sexual.

Los refugiados sudaneses, para ingresar a Etiopía, deben hacerlo por las ciudades fronterizas de Metemma y Assosa. Donde son registrados y destinados a alguno de los campamentos manejados por Naciones Unidas y bajo la autoridad local. Y de pretender vivir fuera de los campamentos, deben tramitar la autorización en la oficina gubernamental del Servicio de Refugiados y Repatriados, lo que cada vez es más difícil de conseguir. Los solicitantes deben contar con un aval local, además de demostrar tener medios para su manutención. Se ha conocido de muchos casos que, dada la insostenible vida en los campamentos, donde todo falta, muchos se vieron obligados a escapar hacia los bosques, donde han quedado atrapados entre las autoridades etíopes, las milicias locales y la guerra de su país. Debiendo enfrentar las adversidades de una vida a la intemperie, con el constante peligro de ser atacados por animales silvestres, desde hienas a víboras, escorpiones, mientras su única meta es poder alimentarse. En estos casos el índice de suicidios se encuentra en constante aumento. La población estimada que se encuentra en ese limbo es cercana a las siete mil personas.

Razones para seguir escapando

Mientras millones huyen despavoridos, dejando atrás absolutamente todo, incluso familiares que por algún motivo no se pueden movilizar, buscando refugio fuera del país, hacinándose en campamentos o perdidos a campo traviesa buscando un lugar más seguro del que acaban de dejar, la guerra continúa inagotable. Según la conocida organización civil Red de Abogados de Emergencia, denunció que los paramilitares de la Fuerza de Apoyo Rápido (FAR) asesinaron a cientos de pobladores de las aldeas al-Kadaris y al-Khelwat, a orillas del Nilo Blanco, a cien kilómetros al sur de Jartum. Otras fuentes indican que el número sería más del doble del denunciado, mientras que otro número importante de personas sigue desaparecido. El hecho se produjo después de una operación de los paramilitares, que se extendió por tres días, en las aldeas referidas, donde los irregulares violaron a docenas de mujeres, torturaron, incendiaron viviendas, depósitos de alimentos, además de apelar al reclutamiento obligado de civiles e incluso niños. Se cree que los desaparecidos podrían haber muerto ahogados en el río cuando las FAR abrieron fuego para impedir que los aldeanos lo cruzaran.

Al sur de Jartum, hasta la frontera con Sudán del Sur, una distancia de cuatrocientos kilómetros, el ejército controla Rabak, la capital del estado del Nilo Blanco, además de otras dos ciudades importantes y una base militar clave. Mientras que las FAR controlan el norte del estado, incluidas las dos aldeas atacadas el pasado lunes diecisiete. Donde hasta varios días después los muertos seguían abandonados en las calles y otros, asesinados en el interior de sus viviendas, también continúan allí, ya que la presencia de los paramilitares hace imposible su rescate. En el resto del país, los combates se siguen intensificando.

El ejército, que en las últimas se había lanzado a la toma de los últimos sectores de Jartum, que continuaban en manos de los paramilitares, procediendo ahora a la limpieza de esos últimos focos de resistencia. Mientras, las FAR, particularmente, se concentra en reeditar el genocidio del 2003, en un intento de concretar en Darfur la limpieza étnica de las minorías no árabes en la región que no pudieron concretar entonces. Procediendo a ejecuciones sumarias, enterramientos clandestinos, desplazamientos forzosos y una exacerbada violencia sexual. Mientras la última gran ciudad de la vasta región de Darfur, el-Fasher, la capital de la provincia de Darfur del Norte, todavía en poder del ejército, sigue sitiada por los paramilitares, por lo que se espera que, de intentarse un asalto definitivo de toma del control por parte de las FAR, podría generarse la matanza más grande de lo que va de la guerra. La Red de Abogados de Emergencia dice tener documentados los abusos cometidos por los dos bandos desde el inicio de la guerra.

La Red denuncia que civiles del distrito de Nilo Oriental, sospechados de haber colaborado con los paramilitares, han sido objeto de ejecuciones sumarias o de desapariciones forzadas por parte de los grupos de autodefensa que apoyan al ejército, en un país atrapado entre la guerra y la nada.

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