Luis Paulino Vargas Solís
Esa afirmación confirma que tenemos un presidente tremendamente ignorante, por completo incapaz de evaluar correctamente cuál debería ser la función y el aporte de un banco público, y cuyos conocimientos de economía no le llegan más allá de los de un contabilista egresado de alguna de esas escuelitas privadas que hay por ahí.
Un banco público no puede, y no debe, ser evaluado con base en el monto de las ganancias que genera ni con base en los correspondientes índices de rentabilidad. Su objetivo no es generar ganancias, o, a lo sumo, ese sería un objetivo accesorio, subordinado a objetivos más amplios y mucho más importantes.
Su cometido central tiene que ver con la promoción de formas de desarrollo que equilibren la modernización y diversificación de la economía, la elevación de la productividad y la promoción del empleo, con la equidad social, el desarrollo regional equilibrado y la justa distribución del ingreso y la riqueza. Si queremos evaluar el BCR, el BNCR o el Popular, ha de ser desde esos criterios, pero jamás con base en ese machote de cursito introductorio de contabilidad al que apela el presidente.
No entender esto tan básico -y es obvio que el presidente no lo entiende- es no entender nada.
Pero, además, la afirmación presidencial lleva implícita una falacia groserísima: la de que, una vez privatizado, el BCR sería mucho más rentable y ello beneficiaría a Costa Rica ¡Hágame el favor! Seguramente a este señor le regalaron el título en la Universidad de Ohio, e inevitablemente me tengo que preguntar: aparte acosar muchachas jóvenes abusando de su posición de autoridad ¿qué otra cosa hacía mientras trabajaba para el Banco Mundial?
¿Cómo es posible que este señor no entienda la diferencia entre rentabilidad privada y rentabilidad social? ¿Cómo puede ser tan ignorante para no tomar nota de que la rentabilidad privada de los bancos privados existentes en Costa Rica se logra a costa de altísimas tasas de interés, un evidente abandono de los objetivos de desarrollo equitativo y equilibrado y lanzando a centenares de miles de personas a cobro judicial, con lo que, de paso, obligan al Poder Judicial a velar por sus intereses privados, con un elevado costo en términos de los fondos públicos que deben ser destinados a ese cometido?
Es tan patético que resulta más que ridículo. Pero, sobre todo, es alarmante.