Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
Luego de largos 5 años de haber iniciado el proceso presentado por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) denunciando la “Invasión a Isla Calero” cerca de la frontera con Nicaragua, de parte del gobierno dirigido por Daniel Ortega; finalmente la Corte emitió una sentencia contundente a favor de nuestro país. Durante este tiempo la tensión con el país del norte ha estado presente; las relaciones diplomáticas y políticas han sido de una estira y encoge; sin embargo el intercambio comercial y la buena relación de convivencia entre los pueblerinos sigue igual. El gobierno nicaragüense paso todo este tiempo endilgándonos a Costa Rica de querer apropiarse del Río San Juan; que la Isla Calero es territorio de ellos y que la trocha fronteriza (ruta 1856) causo enormes daños al Río fronterizo. De forma engañosa se la pasan llenos de insultos, majaderías y artimañas contra nuestro país.
Sin embargo, Costa Rica siempre ha creído y ha sido respetuoso del Derecho Internacional, de los Tratados Internacionales que firma y ratifica; y lejos de tomar una aptitud revanchista, acudió de forma digna, soberana y legitima a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en la Haya, Holanda; con el único objetivo de hacer valer sus derechos violentados de forma flagrante y contraria a las normas internacionales. La invasión a Isla Calero o Portillos fue un delito y violación descarada a nuestra soberanía sobre el territorio costarricense; y por lo tanto este fallo viene a ratificar que la Isla es nuestra (2.5 Km2 de humedales), y constituye sin duda en un gran triunfo que todos los costarricenses debemos celebrar; porque se hizo justicia internacional contra el agresor del norte. También es importante señalar que el fallo de la Corte obliga a Nicaragua a respetar nuestros derechos de libre navegación en el Río San Juan e igualmente obligan a que debe compensar o indemnizar a Costa Rica por los daños materiales y ambientales causados por el dragado y excavación de tres caños que dirigía el otrora Comandante Cero Edén Pastora (pesa sobre él una captura internacional y reportada ante la Interpol).
El proceso por defender nuestros derechos internacionales y la soberanía ha sido una política de Estado; la demanda la inició en el 2010 la Administración Chinchilla (2010-2014) y siguió en este gobierno de la Administración Solís (2014-2018), teniendo agentes legales de primer orden, además de la participación destacada de los cancilleres de la Administración anterior Castro y Castillo; el actual canciller Manuel González y los embajadores y juristas Edgar Ugalde, Jorge Urbina y los agentes legales actuales. El canciller González manifestó que presentara la factura por los daños causados y que establecerá los fundamentos correctos al momento de realizar el cobro respectivo indemnizatorio a Nicaragua (hubieron muchos daños ambientales por el dragado sobre la Isla Calero y los costos por estos ilícitos son muy altos).
Existía preocupación tanto de parte de nuestras autoridades como de los entendidos en la materia de que la CIJ emitiera “un fallo salomónico”; esto debido a la acumulación de las dos acciones; ya que Costa Rica presentó en el 2010 la demanda por la invasión militar y daños ambientales al humedal protegido por convenios internacionales en Isla Portillos y por otro lado en el 2011, Nicaragua presentó la demanda contra Costa Rica por los supuestos daños ambientales sobre el Río San Juan durante la construcción del camino denominado “la trocha”. Mientras se resolviera el proceso, la Corte desde el 2011 emitió medidas cautelares para que los dos países no enviaran o estacionen tropas en la zona en disputa. En el 2013 la CIJ decidió la acumulación de las dos acciones; es decir tramitar conjuntamente ambas disputas fronterizas; de ahí la preocupación de que se emitiera un fallo que empatara las disputas entre ambos países. Finalmente no fue así y la CIJ le hizo justicia internacional a nuestro país; dándole prácticamente toda la razón a nuestros argumentos jurídicos, técnicos, geográficos y ambientales.
Lo anterior reafirma lo estipulado y firmado en su momento en el Tratado Cañas-Jerez y los Laudos Cleveland y Alexander; donde estaban claramente delimitados la línea fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua; y no es de recibo venir ahora a tratar de variar o de realizar interpretaciones subjetivas acorde a los propios intereses de cada país. Es claro que el Río San Juan su soberanía es de Nicaragua; y nuestro país nunca ha querido disputar su legitimidad; como pasan constantemente los gobiernos y políticos pinoleros “machacando” de que nosotros queremos quitarles o “robarles” ese sumo imperio sobre el Río; es falso y nunca estuvo en el tapete de las demandas en la Corte sobre esta discusión. La única advertencia y llamada de atención de la CIJ es la falta del estudio de impacto ambiental por parte de nuestro país para la construcción del camino o trocha fronteriza (realizada por imperativo de tiempo y ante la emergencia presentada, donde ni tan siquiera los militares nicas nos permitían la libre navegación costarricense sobre el río San Juan)
Nicaragua no logró demostrar con pruebas contundentes que Costa Rica realizó un caño que habría arrastrado sedimentos hacia la laguna, contaminando al rio San Juan; con esta denuncia quisieron embarrialar la cancha y empatar y disfrazar la violación territorial a nuestro país. Esperemos que el vecino del norte, acate de forma firme la sentencia del CIJ; tanto la primera dama Rosario Murillo y el vicecanciller César Vega, han manifestado que acatarán el fallo en toda su extensión; además que se debe activar los mecanismos del diálogo y convivencia, que permitan el respeto, la tranquilidad y la paz entre ambos países. En Costa Rica, esperamos que verdaderamente se retome el camino de la paz, el respeto al Derecho Internacional y lo más importante la reafirmación de los Tratados y Laudos internacionales firmados en el pasado donde están claros los límites de fronteras entre ambos países.
Finalmente, nuestro país ha contado con una política exterior eficaz; incluso el Congreso Daniel Oduber del PLN en el año 2005 del cual coincido afirmó lo siguiente: “Por historia y por vocación, Costa Rica puede y debe contar con una política exterior eficaz, de calidad mundial y centrada –como se dijo- en la promoción y defensa de la paz y los derechos humanos. Como se ha demostrado en diversas oportunidades, cuando dicha política se ejerce sin complejos y de manera decisiva y clara, no sólo permite el logro de objetivos de primera importancia para el país, sino que puede convertirse en un importante puntual y realizar valiosos aportes para la Comunidad Internacional en su conjunto y para Centroamérica en particular.
Es importante, además, que Costa Rica no solo fortalezca –o recupere – su capacidad de ser receptor de cooperación internacional en los campos en que aún lo requiera, sino que avance también hacia convertirse en un país que ofrece cooperación en las áreas y campos en los que tiene capacidades, y de acuerdo con los recursos disponibles; en este sentido, se puede pensar en la creación de una Agencia Costarricense de Cooperación.”
Somos respetuosos del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos Fundamentales, abogamos por el desarme, la paz, no tenemos ejército militar; con nuestras claras posiciones internacionales hacemos conciencia en el Concierto de las Naciones, en los órganos regionales, en diversos foros. Celebramos estos dos eventos de fin de año: 1-La Cumbre Mundial de Cambio Climático COP21 recién realizada en París, Francia, donde firmamos al igual que 195 países el compromiso por un mundo verde, más sano y de respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible, de menos contaminación, de bajar a 2.0 el Carbono o inclusive al 1.5 C.; y 2-Con esta sentencia a favor de la Corte Internacional de Justicia, podemos finalizar este 2015, con una política exterior fortalecida y que hace muchos años el país adopto una política de Estado en toda la materia internacional, de lo contrario fracasaríamos en este mundo.