Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Fernando Berrocal
Esa famosa frase, dicha hace más de un siglo, como nunca antes adquiere vigencia en las condiciones críticas reales por las que atraviesa nuestro país.
Condiciones que son ciertas y objetivamente expuestas, todos los días, por medios de comunicación independientes, valientes, dignos, veraces e íntegros en sus informaciones periodísticas como DIARIO EXTRA y que nos informan de los estragos en salud de la pandemia, índices de desempleo, alarmante pobreza , imparable quiebra de pequeñas y medianas empresas, hambre en un 33% de la población, sicariato y penetración del narcotráfico, inseguridad ciudadana y, para rematar la Cochinilla, uno de los más cínicos y viles casos de corrupción en contrataciones de obras de infraestructura y mantenimiento de carreteras.
Las medidas cautelares dictadas en este caso de delincuencias organizada y corrupción agravada han llevado los sentimientos de frustración y desconfianza de los costarricenses a unos niveles extremadamente peligrosos y bajos para el Estado Social de Derecho y nuestra convivencia en democracia.
La gente no hace diferencias y, para todo el pueblo, es el Poder Judicial “ignorante, corrupto o dependiente” de la histórica frase del juez Marshall.
Como abogado, periodista y ciudadano, desde esta columna protesto y me uno firmemente a quienes piensan que estamos tocando fondo y que este caso penal obligaba a una resolución ejemplarizante de “prisión preventiva de un año” para los principales actores de esa trama delictiva, como lo solicitó el Ministerio Público, con fundamento en el valor probatorio de los hechos investigados dos años por el OIJ y reflejados en conversaciones telefónicas, grabadas legalmente, que dan realmente asco sobre el nivel de corrupción y envilecimiento con el que se han manejado, en los últimos tiempos, las relaciones de estas empresas y funcionarios del MOPT-Conavi.
La caución de US$5 millones y US$3 millones saldrá de los mismos dineros expoliados al pueblo que paga el impuesto a la gasolina y el de circulación. No saldrá de ninguna otra parte. Somos nosotros mismos, el pueblo, el que va a pagar la excarcelación. Esto es vergonzoso. Esto es sencillamente inadmisible.
Vuelvo a reiterar una tesis que he defendido por muchos años: en casos agravados de narcotráfico y también de delincuencia organizada contra la Hacienda Pública, la medida cautelar debe ser siempre la prisión preventiva.
Esto es fundamental para garantizar el debido proceso, la acusación y la misma defensa legal sin interferencias ni influencias de poder alguno y para que cada palo aguante su vela, caiga quien caiga, al nivel que sea. Eso es vivir en un Estado de Derecho, en que todos somos iguales ante la ley, sin excepciones.
Estamos perdiendo a poquitos, y a mordiscos, a Costa Rica. Es suficiente. ¡Basta!
