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Roberto Dobles
roberto.dobles@gmail.com
Esta situación nos tomó con una gran debilidad económica y fiscal, entre otros factores, como altos niveles de pobreza, de desempleo y de déficit de infraestructura vial y de educación.
Al inicio de la crisis sanitaria en enero de este año, los datos del Banco Central indicaban que en el 2019 la economía nacional creció apenas el 2,1% y que las expectativas de crecimiento para el 2020 eran de un 2,5%.
Estos niveles de crecimiento, que eran totalmente insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades económicas, sociales y fiscales del país en la época pre crisis sanitaria, se dieron en un momento en que la economía global estaba relativamente bien, particularmente en los principales países socios comerciales.
En el 2019, el déficit fiscal fue de un 7% de PIB (uno de los más elevados en la historia) y la deuda pública llegó a casi al 60% del PIB, y ambos factores con una tendencia creciente, debido en gran medida al voluminoso y ascendente gasto público y al débil crecimiento económico.
Antes del inicio de la crisis, el presupuesto del Estado venía siendo financiado en un 48% con deuda, lo cual aumentará al disminuir los ingresos fiscales por el bajo crecimiento económico.
Dentro de este contexto de debilidad económica y fiscal, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica estima que más de 400 mil personas perderían su trabajo durante la pandemia y que la pobreza podría aumentar hasta el 29%.
El país nunca va a estar bien si el crecimiento económico post crisis continúa siendo bajo y si no se hace la necesaria reforma del Estado, por más impuestos que se impongan (lo cual agrava aún más la situación). No es a punta de impuestos que un país crece y se desarrolla. Más bien ocurre lo contrario.
Ante este serio panorama económico y social nacional, surge de nuevo el tema de un aumento de los impuestos. Los medios de comunicación han informado que el “Ministro de Hacienda no descarta nuevos impuestos”. Entre otras cosas señalan lo siguiente:
- “El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo este jueves que no puede descartar nuevos impuestos” y que “no se puede descartar, ni prometer nada”.
- “Para este año, inicialmente sus números decían que el déficit alcanzaría un 10,2% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se habla de un 8,6% del PIB, el más alto desde 1980”.
Algunas personas creen que la crisis sanitaria del covid-19 va a pasar rápidamente y que las cosas regresarán fácilmente a la situación económica y social anterior, la cual de por sí ya era sombría. Sin embargo, todo apunta que la situación nacional e internacional va a ser muy complicada.
A nivel mundial existen ya muchos análisis sobre la posible evolución de la economía global posterior a esta crisis sanitaria y el surgimiento de una nueva normalidad. Ninguno de los resultados de estos análisis es positivo.
Entre estos análisis se encuentra uno realizado por el Dr. Nouriel Roubini, profesor de economía de la Universidad de Nueva York, con el título “La mayor depresión llega en el 2020”. Entre muchas otras cosas, este análisis señala lo siguiente:
- “El mundo posterior a la pandemia se caracterizará por restricciones más estrictas al movimiento de bienes, servicios, capital, mano de obra, tecnología, datos e información”.
- “La disrupción medioambiental, como lo muestra la crisis del covid-19, puede causar mucho más daño económico que una crisis financiera”.
- “En los años venideros, las pandemias y los numerosos síntomas mórbidos del cambio climático se volverán más frecuentes, graves y costosos”.
Si el país no se prepara adecuadamente para poder crecer exitosamente en la nueva normalidad que está emergiendo a nivel mundial, que va más allá de la lucha actual contra el covid-19, la evolución de la situación externa agravaría aún más los efectos nocivos sobre la pequeña, débil e insuficiente economía nacional.
La falta de acciones significativas a nivel nacional para navegar exitosamente y con suficientes recursos en esta nueva normalidad post crisis Covid-19 ahondaría aún más la situación.
Las consecuencias de no tomar acciones adicionales y complementarias a las existentes en la normalidad previa a la crisis podrían ser bastante negativas. Entre estas consecuencias se encuentran las siguientes:
- Menor crecimiento económico.
- Mayor deterioro de la situación fiscal.
- Aumento del endeudamiento público que antes del inicio de esta crisis en enero pasado ya había llegado a niveles preocupantes. El servicio de la deuda pública antes de la crisis sanitaria ya era por mucho el principal rubro del presupuesto nacional, lo cual reduce continuamente la asignación de recursos para otros fines (educación, salud, infraestructura vial, educativa y de salud, lucha contra pobreza, etc).
- Mayor deterioro de los índices sociales, como el desempleo, el subempleo, el empleo informal, la pobreza, entre otros.
- Reducción de los niveles de inversión en el país con respecto a los años anteriores, incluyendo la IED (Inversión Externa Directa).
- Aumento de los gastos por eventos externos fuera de nuestro control con menos recursos, como son los gastos necesarios para atender las nuevas pandemias y los impactos crecientes del cambio climático, los cuales, según los expertos “se volverán más frecuentes, graves y costosos”.
- El creciente déficit fiscal del país y el aumento continuo de la deuda pública sin que se tomen medidas adicionales podrían llevarnos a niveles insostenibles y a un eventual “default” en una nueva situación internacional muy adversa.
Como lo señalé en mi columna pasada, no se ve que exista una estrategia que potencie el desarrollo en la nueva normalidad postcrisis covid-19 y las acciones se están concentrando básicamente en aumentar las cargas para la sociedad a través de impuestos y de aumentos constantes en la deuda pública cuyos intereses y pago del principal van a ir reduciendo porcentualmente los recursos del presupuesto nacional para otros fines (educación, salud, infraestructura, lucha contra la pobreza, etc).
En la parte económica y fiscal no se ve una estrategia clara de cómo el país va a enfrentar con éxito la nueva normalidad que va a surgir luego de esta crisis y de donde van a salir los nuevos y cuantiosos recursos que se van a requerir en ese nuevo entorno futuro.
No se ve que se estén buscando opciones adicionales y complementarias a las opciones tradicionales actuales que podrían liberar o generar recursos nuevos que permitan potenciar el desarrollo en la nueva normalidad que va a surgir.
Muchos recursos podrían liberarse haciendo una verdadera reforma del Estado en lugar de seguir postergando esta decisión y muchos otros podrían generarse explotando sosteniblemente la gran riqueza que ha sido identificada en nuestro subsuelo y en nuestros mares, entre otras opciones señaladas en una columna anterior.
Una parte de esta gran riqueza se encuentra en los yacimientos potenciales de gas natural de bajo costo que han sido identificados en el territorio nacional.
Los expertos estiman que en el futuro el gas natural se va a convertir en la principal fuente de energía del mundo y que el petróleo pasaría al segundo lugar. Lo anterior porque el gas natural es varias veces más barato y porque genera mucho menos emisiones que los derivados de petróleo.
Esta riqueza nacional no solamente generaría una enorme cantidad de recursos fiscales y no fiscales (divisas, etc), sino que además le daría al país una fuente de energía mucho más barata que los caros derivados de petróleo explorado y producido en el extranjero, lo cual potenciaría la competitividad nacional para fortalecer el desarrollo económico y social.
El consumo de los caros derivados de petróleo importados ha venido creciendo más rápidamente que las fuentes renovables nacionales, los cuales representan ya casi las dos terceras partes del consumo energético nacional.
Los precios de importación de estos derivados incluyen adicionalmente la cancelación de los impuestos que se pagan a los países productores de petróleo. En este caso, el mayor pago de impuestos en el exterior por este concepto sería a los EE.UU. En el 2019, el 84% de las importaciones petroleras provinieron de ese país.
Para la producción y consumo de gas natural en el país no se quiere de nueva normativa legal, la cual permite adicionalmente aplicar muchas opciones diferentes de producción, según más le convenga al país.
Esta riqueza es del país. El Artículo 121 de la Constitución Política señala que “no podrán salir definitivamente del dominio del estado… las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas,…” (el gas natural se encuentra dentro de esta sustancias).
Con base en esta disposición de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 7399 enumera las diferentes formas posibles para poder acceder sosteniblemente a esta riqueza nacional en beneficio del país:
“ARTICULO 4.- El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MINAE hoy en día), promoverá y fomentará la exploración y la explotación de los hidrocarburos; y podrá efectuar esas actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, de operación, de servicio, de concesión o de cualquier otra naturaleza, celebrados por el Poder Ejecutivo con personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de reconocida capacidad técnica, financiera y con experiencia e idoneidad en la industria de los hidrocarburos”.
Las formas posibles de realizar estas actividades son así muy amplias y muy variadas. Inclusive, si fuera necesario, se podrían utilizar formas “de cualquier otra naturaleza” que, a criterio del Poder Ejecutivo, sean convenientes y beneficiosas para realización de dicha actividad.
Las formas para ejecutar esta actividad podrían incluso adaptarse al modelo sostenible que se utiliza en Noruega.
Desde hace años los estudios han señalado que “Noruega debe su prosperidad en gran parte a sus yacimientos de petróleo y gas” y que este país “ha minimizado el uso de estos recursos energéticos a nivel nacional para principalmente exportarlos para impulsar la prosperidad de la nación”.
Noruega ha sido calificada internacionalmente como uno de los mejores países del mundo en el manejo sostenible de sus recursos naturales, lo que le ha permitido lograr enormes avances económicos, sociales y ambientales, como los que se citan a continuación:
- Primer lugar en el Índice Global de Desarrollo Humano.
- Líder mundial en inversión y gasto social per cápita.
- Líder y referente mundial del desarrollo sostenible.
- Líder mundial del desarrollo de energías renovables.
- Una de las posiciones más altas en el Índice Global de Competitividad Energética.
- Una de las posiciones más altas en el Índice Global de Desempeño Ambiental.
- Una de las posiciones más altas entre los mejores países para vivir.
- Líder mundial en el proceso de descarbonización de su economía y en la lucha contra el cambio climático.
- Primer lugar en el mundo en la cantidad per cápita y en el porcentaje de la flota vehicular de automóviles eléctricos.
- No tiene déficits fiscales y más bien genera grandes cantidades de excedentes fiscales que se invierten en un fondo de riqueza nacional, cuyo rédito anual ya supera los ingresos fiscales anuales generados por su producción y sus exportaciones.
Pero aquí la política económica y energética no quiere que el país busque parecerse a Noruega (que es un país con una población muy parecida a la de Costa Rica) y obtener sus excelentes resultados económicos, sociales y ambientales.
Más bien la política pública del país excluye totalmente el aprovechamiento de una gran parte de la riqueza nacional y, consecuentemente, no permite que el país salga de su estancamiento y de sus altos niveles de pobreza.
Lo anterior a pesar del gran potencial de recursos fiscales y no fiscales que se han identificado en el subsuelo nacional y en sus mares y a pesar del exitoso modelo de producción y exportación de gas natural y de petróleo de países como Noruega, que lo ha llevado a convertirse en uno de los países del mundo con los niveles más altos de prosperidad y de bienestar.
