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Fernando Berrocal
No me refiero a la eliminación de ese beneficio en sí, en lo que estoy por supuesto de acuerdo, como igual estoy de acuerdo con la eliminación de todos los absurdos, abusivos y hasta estrafalarios beneficios que permean e inflan, transversalmente, al gigantesco y costosísimo Estado Costarricense.
Pero es increíble que, en el Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y en medio de la revolución tecnológica de nuestro tiempo, en Costa Rica todo se deba establecer y después arreglar, con una solemne ley de la República.
¡Qué mal estamos! Somos un país de abogaditos y leguleyadas para todo.
Recuerdo que cuando doña Gloria Bejarano, exprimera dama de la República fue diputada, presentó un proyecto de ley bien fundamentado para eliminar cerca de 4.000 mil leyes y decretos ejecutivos obsoletos y perdidos en el tiempo de la historia de nuestros antepasados e ineficaces jurídicamente. Ese proyecto de ley duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa.
Pero eso es lo que hay que hacer. Eliminar miles de leyes y decretos ejecutivos vigentes formalmente y sin ninguna aplicación práctica o válida en nuestro Estado de Derecho. A la vez, hay miles de decisiones que se deberían tomar ejecutivamente y sin miedo, como una legítima decisión administrativa y gerencial, en forma de una directriz, aprobada por un órgano legalmente competente y con el visto bueno de la Contraloría General de la República.
Nuestro Estado costarricense, tiene un altísimo nivel de complicación y una crisis de gerenciamiento y toma de decisiones ejecutivas. Cualquier cosa puede ser peculado, hasta traspasar fondos de una partida presupuestaria a otro rubro. Ese simple trámite requiere de un complicado procedimiento ante la Contraloría. Para todo, en este país, hay una ley.
Padecemos de un trastorno de “Ley-manía”. Esto es un grave trastorno psicológico y político de la sociedad y de nuestros políticos, de resolver todo con la extrema solemnidad de una ley de la República.
Pero la globalización ha transformado en buena hora el mundo en una “aldea global” y necesitamos un Estado costarricense funcionalmente eficiente y al servicio de la gente y del desarrollo nacional, como debe ser en democracia. No un sector público ingobernable y a secuestrado por los privilegios, en donde hasta resolver el tema de la gasolina de los diputados exige una ley o cambiar una partida presupuestaria un engorroso trámite ante la Contraloría.
Este país necesita, otra vez, reformadores y liderazgos de verdad, al nivel de Calderón Guardia y José Figueres o vamos a seguir anclados al pasado y a una II República que hace aguas por todas partes. Urgen reformas estructurales.
