La seguridad comunitaria en los cantones

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Ante la inseguridad existente en todo el país, con los delincuentes y grupos mafiosos organizados desafiando a las autoridades y sembrando el miedo, la violencia y la desconfianza entre los ciudadanos; se impone que todos participemos en la búsqueda de las soluciones, la prevención y la toma de las medidas necesarias para contraatacar este flagelo que día con día trae dolor a nuestras familias, el riesgo latente de actos violentos, robos, asaltos y la comisión de todo tipo de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana. El viejo refrán de que “la seguridad es cosa de todos”; hoy más que nunca se convierte en un tema actual, donde la participación ciudadana de los vecinos debe ser inminente; todos debemos actuar en cada uno de nuestros barrios donde habitamos o desarrollamos nuestras funciones comerciales y profesionales.

El Programa de las Naciones Unidas señala que: “La seguridad ciudadana es una modalidad específica de la seguridad humana, que puede ser definida inicialmente como la protección universal contra el delito violento o predatorio. La Seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas –su vida, su integridad, su patrimonio –contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida cotidiana de las víctimas.” Por lo tanto ante estas circunstancias difíciles todos debemos actuar y colaborar con la sociedad y el Estado en general; porque la seguridad ciudadana o también llamada seguridad pública es la acción integrada que desarrolla el Gobierno central; a través de sus instituciones como el Ministerio de Seguridad, la Policía de Control de drogas, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS); las Municipalidades que puedan colaborar y desarrollar políticas públicas de seguridad como integrar una Policía Municipal y otros programas preventivos.

La colaboración de la ciudadanía es fundamental; así como otras organizaciones de bien público y privada (empresas de seguridad privada), las cámaras de comercio e industria de cada cantón, las asociaciones de desarrollo comunal y demás grupos organizados en cada uno de los distritos que conforman los 82 cantones del país etc. Es importante destacar el papel que pueden desarrollar los Municipios sobre la materia de seguridad comunitaria y lo primero que deben hacer los gobiernos locales a través del órgano colegiado llamado Concejo Municipal es conforme al artículo 13 del Código Municipal inciso “m) Crear las comisiones especiales y las comisiones permanentes asignarles funciones”. En este caso se puede crear la comisión de seguridad municipal integrada por regidores y síndicos municipales y convocar a los ciudadanos que deseen colaborar en este tema. Además la Alcaldía en su Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo puede incorporar estas necesidades e intereses de la población; así como la asignación de los recursos financieros.

Debe existir la voluntad política tanto de las instituciones como de las Municipalidades de verdaderamente desarrollar políticas públicas para articular los planes de la seguridad ciudadana y su sostenibilidad, la eficiencia en la gestión de los recursos y la efectiva participación ciudadana. Por ejemplo un programa que ha sido exitoso y desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública es la capacitación a los vecinos en los barrios del programa de seguridad comunitaria; donde se les capacita en materia de prevención, estar vigilantes y como actuar ante la delincuencia en los barrios etc. La alianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de velar por la seguridad; debe ser fuerte, sostenible en aras de la convivencia familiar, ante la contaminación de los actos ilícitos y violentos que día a día pueden darse en los barrios urbanos o rurales.

Los grupos mafiosos, los carteles del narcotráfico, la distribución, venta y consumo al menudeo de las drogas, el sicariato y ajuste de cuentas, robos y asaltos, y demás actos de violencia, tienen a todos los vecinos con miedo y desconfianza; incluso de salir a las calles; para no ser víctimas de los actos delictuosos; que podrían hasta poner en peligro sus vidas etc. Es por esto; que toda estrategia debe ir encaminada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización ordenada de las vías y espacios públicos. El establecimiento de cámaras de seguridad como una medida preventiva y de colaboración con las instituciones encargadas de impartir justicia y represión; puede ayudar mucho en el ataque a la delincuencia; porque al quedar grabado el acto delictuoso son pruebas fundamentales que sirven en todos los procesos judiciales para disminuir la delincuencia.

Otros de los aspectos importantes de que el Estado y las Municipalidades colaboren con una política de seguridad ciudadana es que debe estar vinculada a una estrategia y programas que combatan las causas sociales de la delincuencia; y esto va ligado a la marginalidad, a la exclusión social y la pobreza en muchos barrios; y la falta de oportunidades de educación y empleo; que generan desigualdad y trae enormes consecuencias sociales; que son aprovechados por los grupos delincuenciales organizados para penetrar con el dinero fácil, la venta y distribución de las drogas y en fin incluso capacitar a nuestros jóvenes en las comisiones de todo tipo de delitos (es un caldo de cultivo). Es preocupante la descomposición social existente en muchos barrios de nuestros cantones. Por lo tanto, la participación social es fundamental y considero que los Municipios pueden hacer mucho en esta materia articulando y colaborando en programas y acciones para contrarrestar el crimen y la violencia en nuestras comunidades; asignar recursos y hacer convenios con el Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones.

Los social demócratas creemos en lo siguiente: “Todos estos problemas, por su complejidad e implicaciones sociales, nos plantean la necesidad de reposicionar la seguridad ciudadana como un eje estratégico en accionar del Estado costarricense. Para ello se requiere avanzar en el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Seguridad Pública, la racionalización del marco legal y administrativo de las entidades públicas que integran el sector, la profesionalización e integración de los cuerpos policiales bajo criterios uniformes para cerrar la brecha que existe entre los servicios de seguridad que prestan los cuerpos policiales y de seguridad a nivel local y nacional, así como garantizar un financiamiento sostenido de los cuerpos policiales, el sistema judicial y el sistema penitenciario.”

“El Estado debe velar y garantizar la seguridad jurídica. No es posible promover un proceso de crecimiento y desarrollo sostenible si la institucionalidad democrática y el estado de derecho no funcionan adecuadamente. Es por ello que el Estado costarricense debe promover, fortalecer y consolidar una institucionalidad democrática en donde el imperio de la ley sea una realidad en todos los ámbitos. Un marco jurídico moderno, estable y previsible, con reglas del juego claras y permanentes para todos, propician un entorno que facilita la toma de decisiones, la atracción de inversiones, el crecimiento económico y el desarrollo social.” (Una Costa Rica integrada por las oportunidades. V Congreso Nacional: Daniel Oduber Quirós)

Finalmente, reitero que la seguridad es cosa de todos los ciudadanos; si deseamos tener y gozar de una convivencia pacífica, colaboremos desde las posiciones sociales y políticas en que nos encontremos para desarrollar una seguridad comunitaria como un conjunto de acciones democráticas en beneficio de todos los ciudadanos, de la seguridad de sus bienes físicos y materiales; en contrarrestar por todos los medios a la delincuencia; debemos otorgar todos los recursos necesarios para su ataque y evitar la comisión de todo tipo de delitos y la violencia en general; que carcome nuestra sociedad y la tiene viviendo en miedo, inseguridad y desconfianza.