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Carlos Manuel Echeverría E.
Se me ha hecho difícil escribir este artículo, que me quedó largo, lo sé; pero creo es importante lo que en él trato de expresar. Quisiera pensar estoy equivocado, pero la evidencia apunta a que no. Estamos viendo el surgir de una nueva clase social en Costa Rica; finalmente contamos con oligarcas, como hay en países de Eurasia y en algún país sudamericano. Una especie de nomenklatura soviética, no sostenible, que los demás estamos supuestos a financiar.
Modelo de desarrollo
La sociedad costarricense ha experimentado avances impresionantes a partir de los años 50,. Lo ha hecho gracias en primer lugar a los logros sociales plasmados en legislación de los años 40, pero principalmente por el esfuerzo en los años 50 liderado por don Pepe, de crear un país moderno, con institucionalidad diversa, de corte si se quiere social demócrata, en el marco de la magnífica idea del Dr. Raúl Prebish que promovió la CEPAL acertadamente, de crear un mercados local y regional para nuestros productos primarios procesados, en lugar de exportarlos en condiciones de términos de intercambio desfavorables, como agudamente era el caso en esos tiempos de los pocos rubros exportables y lamentablemente, en gran parte por nuestra propia culpa como colectividad, hoy día.
El modelo implicaba convenientemente para la estabilidad de los países y para los seres humanos como individuos y como sociedad, el desarrollo de una clase media necesaria para operar el aparato estatal que se conformaba y de que tuviera la capacidad económica para ser mercado de consumo de bienes y servicios. Así mismo, el modelo ha contemplado la posibilidad mediante el propio esfuerzo y el apoyo estatal, de moverse socialmente de abajo hacia arriba, hasta la cúspide podía ser, como fue el caso de don Luis Alberto Monge, en el campo político o del mismo don Pepe, hijo de inmigrantes y de muchos valiosos -no todos lo son- empresarios. Era un concepto de economía mixta, economía de mercado gestada por operadores privados y algo de intervención estatal, que entendía qué en un Estado moderno, en paz progresando, el aparato estatal no es un buen productor de bienes o servicios, excepto los que podrían considerarse estratégicos, de mucha envergadura para el sector privado y su emprendeduría o naturales a su oferta como aparato estatal, clasificación que claramente es evolutiva, nunca estática, como la realidad nos lo confirma, en virtud del avance tecnológico e irse dotando el país de mayor y mejor capacidad científica u operativa.
En su esencia, ese modelo todavía prevalece en Costa Rica, porque nuestra institucionalidad, con todo y sus palpables fallos e inefectividad es fuerte. Resistió el embate del desacreditado Consenso de Washington, un liberalismo económico “manchesteriano” que sus promotores y acólitos, haciéndole el juego a grandes intereses en pro de halar con mayor plusvalía todavía que la que se llevan con los términos de intercambio a su favor, trataron de imponernos, lo que no se ha podido hasta ahora. El modelo costarricense sufrió, pero se transformó; hoy estamos a punto de arrojarlo al precipicio y con él a la ciudadanía, sin distingos.
Los excesos
La clase media se enraizó en el aparato estatal en sus diferentes manifestaciones. Hasta allí la cosa iba bien, hasta que se transformó en los últimos 20 años en una especie de “buroplutoburguesía”; lo ha hecho no tanto en el Poder Central con algunas pero importantes excepciones, porque no es tan fácil, pero si en las entidades autónomas del Poder Ejecutivo que están, según la ley, bajo la responsabilidad política, no administrativa, del Poder Ejecutivo; en el Poder Judicial y el Municipal; mejor ni hablemos del sector financiero estatal y el híbrido como el hoy enfermo BPDC, que se burló en diciembre de 2017 de la ciudadanía y los trabajadores de cuyo trabajo se nutre el BPDC; y no podemos marginar a las universidades estatales e instancias del ramo, que han creído que la autonomía les da el derecho de hacer administrativamente lo que quieran ellas, con los abundantes recursos que del Estado reciben para educar e investigar, remunerando razonablemente, no para suplir las ambiciones y vanidades de sus gremios internos.
Descubrieron los funcionarios públicos más aventajados, que había formas de “exponenciar “sus remuneraciones y eso es lo que han hecho. Supongo al inicio de manera espontánea, aunque con el tiempo me parece que el éxito de acciones específicas en diversas instituciones por la vía de la convenciones colectivas u otras herramientas administrativas y políticas, como en el caso de la Asamblea Legislativa, alentó un esfuerzo mancomunado que hoy deja los frutos que tenemos: un desastre remunerativo del trabajo, que impacta fuerte y negativamente en la economía y podría llegar a afectar la paz social; una especie de pirámide cercana al derrumbe. En primer lugar un aparato estatal con sueldos y gollerías impensables en cualquier otro país del mundo, donde jerarcas del aparato estatal llegan a ganar hasta 30,000 $ al mes más gananciales, en sus niveles más altos, así como choferes en instancias autónomas, que con poca instrucción ganan más de US$ 2,000 y así sucesivamente. Excusas de todo tipo, algunas inverosímiles como las de los funcionarios del ICT o alguna regalía sin excusas como el aumento anual permanente de 30% que se recetó la Asamblea Legislativa para los 57 diputados, sin que nadie se inmutara, aunque entiendo esa gollería ya desapareció. Los banqueros estatales alegan que tienen que competir con el sector privado, sin tomar en cuenta que cuando uno va a trabajar al sector público, como el caso de quien escribe que conscientemente dejó una promisoria y lucrativa carrera en una transnacional con sede en Atlanta en 1978 para servir al país desde el mencionado sector, uno lo hace por vocación. Y aunque tenga la oportunidad de enriquecerse y “embarrar” a todos, a todo nivel como se hizo, para que nadie proteste y eche a perder los corruptos esquemas, aquella no se aprovecha.
Podría pensarse que los valores éticos y morales que ciudadanos de un pueblo tan relativamente educado como el nuestro debería tener, impedirían el abuso como se ha dado, pero no es así. Con las excepciones del caso, como es casi siempre de rigor en todos, es notorio como jerarcas nombrados en instituciones autónomas, que provienen de “la planilla” de la instancia que gestionan, negocian pusilánimemente, para que se aprueben prebendas y gollerías que luego los beneficiaran a ellos también. Ese tipo de nombramientos inconvenientes, debe de terminar, pues además generan endogamia institucional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Orden Municipal la Academia Pública superior, también han sido partícipes de prácticas inapropiadas, que han devenido en beneficios remunerativos que en ninguna parte del mundo se dan, lo cual es inaudito e inadmisible, desde cualquier punto de vista. Se han justificado prebendas y gollerías usando argumentos como el de que se requiere equiparse a cargos similares en otras latitudes, sin tomar en cuenta la capacidad financiera de las sociedades en esas latitudes o el costo de vida. ¿Y por qué es necesaria esa equiparación?
No tengo nada en contra de que la gente se haga rica, si es lo que interesa. Me encanta por ejemplo que un muchacho de origen humilde como es Keylor Navas por ejemplo, hoy sea multimillonario en US dólares. Él no trabaja para el aparato estatal, no se debe a quienes pagan impuestos y crea enorme riqueza por su impacto en una industria que hoy por hoy es de las más importantes a nivel mundial. Me molesta que personas a todo nivel, cuyo impacto en la creación de riqueza a nivel nacional es, por decirlo de alguna manera elegante, reducido al menos o negativo pasando por nulo, pretendan desde el aparato estatal, por remuneración o pensión, ganar por ejemplo, 20,000 US$ al mes, que equivale a un 5% de interés anual de un capital de US$ 4, 800,000; para ganarse eso un empresario, tiene que trabajar como “un loco”; y hay gente en el aparato estatal que pretende codearse con empresarios honestos y exitosos, ganando como un empresario que tiene que estar en constante lucha para ser competitivo, pagar planillas y gastos y que le quede una ganancia motivadora. La realidad es que nuestro aparato estatal cumple, pero con palpable inefectividad. Que vayan esos funcionarios públicos que se decantan por acumular recursos financieros al sector privado, a demostrar su capacidad de generar riqueza social y privada. Vivimos en la época del acceso, dónde el acceso a la toma de decisiones y no necesariamente el tener propiedad como el capitalista productivo o rentista, es lo que da la posibilidad de enriquecerse; de esa posibilidad, se ha aprovechado la cuasi nomenklatura que tenemos. En el aparato estatal sin embargo, el funcionario recibe otro tipo de beneficios y satisfacciones, no relacionadas con la remuneración, que compensan el diferencial de ingreso con los que triunfan en el sector privado. Lo sé por experiencia.
Nivel de precios en Costa Rica
Costa Rica es un país muy caro, pero no es Suiza por ejemplo y entre varios que deberíamos emular, más queriendo ser parte de la OCDE, donde la honradez general de su gente, la ausencia de politiquería siempre barata, la alta tecnificación con tecnología de punta y excepcional capacidad científica de la gente ligada a los motores económicos, hacen a una economía como la suiza, cara casi por definición. Costa Rica está muy lejos de ser capaz de justificar lo caro de su inflada economía, con poca inflación por el correcto accionar del BCCR, pero inflada al fin, por no ser una economía de alta productividad como la recién mencionada, la japonesa, la finesa, la holandesa, etc. Es cara porque hay monopolios en áreas primarias que la inflan y en gran parte porque la mayor y creciente porción de los recursos que destina a las remuneraciones personales, ha generado un nivel de altos precios en la economía; es cara por la ineficiencia de su aparato estatal, que también impacta negativamente, a los sectores productivos.
Es asombroso como la economía de mercado traduce desequilibrios como los que presenta Costa Rica, en precios desproporcionadamente elevados y como los traslada de un sector a otro. Si seguimos así y la productividad sin aumentar suficientemente, nos vamos a salir del mercado internacional de bienes y servicios, sin que quede plata ni para financiar las gollerías y prebendas remunerativas que a todo nivel se ha recetado, gran parte del empleo público, con niveles de productividad muy bajos, así como una evidente reducida o inexistente conciencia y entendimiento de como en la socio economía productiva, el accionar de todos los sectores está vinculado y que la moneda de cambio sea la que sea, en vernacular “la plata” que circula, no puede ser emitida sin respaldo, por los efectos negativos que tendría. Imprimir billetes sin respaldo lleva a la destrucción económica. No creo porque sería casi ilógico pensarlo, pero si la pretensión en el seno de esta nueva clase social buroplutoburguesa fuera la de destruir al sector productivo de la economía y con ello las posibilidades de progreso sostenido para todos como es lo deseable, debería esa pretención ser considerada un acto de sedición.
La huelga
Esto nos lleva a contextualizar la huelga, que si acaso en uno o pocos casos, no ha podido ser declarada legal o ilegal en sus múltiples manifestaciones, porque la nueva Reforma Procesal Penal, emitida con poco análisis y posiblemente apresuradamente -como es el caso de otras leyes, que por bien intencionadas que sean, lo que han hecho es dificultar la buena gestión orientada hacia la eficiencia y la eficacia-, desequilibró el sano balance a conveniencia del huelguista. Confío en que el Diputado Carlos Ramiro Benavides, como lo ha ofrecido, presente un buen proyecto para mejorar el mencionado adefesio conspiratorio contra la buena marcha de la vida nacional y que sea bien recibido por sus colegas, que se espera quieran empezar a redimir su desprestigiada y vital actividad colegiada. Hace dos años, la abogada laborista Paola González, en el Diario La Nación, llama a la atención pública, los peligros de la nueva legislación, pero como en estos tiempos propios de la Civilización del Espectáculo decía Vargas Llosa, es poca la gente que leé, se le prestó, en la práctica, nula atención.
La huelga ha sacado a flote las peores características del ser costarricense, reflejadas en muchos, maestros inclusive, lo que deja mucho más aún que desear. El pachuquismo y las manifestaciones de poder de más de un pseudo lider, han puesto sobre el tapete manifestaciones de un movimiento totalmente inconveniente y mal enfocado. El bloqueo de calles, el que matones impidan el paso hasta de una señora embarazada que terminó dando a luz en el vehículo en que viajaba pues no llegaba al hospital producto del bloqueo, son manifestaciones de un pachuquismo inconsciente, liderando, arengando o azuzando a los huelguistas, muchos de ellos evidentemente manipulables; el alarde de no permitir el lavado de la ropa hospitalaria, impensable en nuestra Costa Rica de hace algunos días, donde hoy el “pura vida” ha quedado en el olvido; el terrorismo en Recope…despreciable. El Gobierno de la República tomó el camino de no desbloquear los “tranques”, como debe de ser inclusive para demostrar en buena lid y civilizadamente quien detenta el poder para mantener al país funcionando “como Dios manda”. Y cuando decidió intervenir uno de los bloqueos, sin que se dieran casos de violencia extrema o injustificada, una dirigente del sector educativo, entró en crisis atacando al Gobierno por su accionar, como si bloquear una calle o lo que sea, zona de paso o estacionamiento, sea una gran gracia; ya quisiera ver si a esta señora en un bloqueo empresarial se le muere un pariente por no poder pasar al hospital.
La huelga se desdibujó por acciones como las descritas, que pueden ser actos de desesperación, al ser muchos los funcionarios públicos conscientes, éticos y decentes, que se han alejado de ella retornando a sus trabajos.
El camino a seguir
En la negociación, que confío sea conducida por los jerarcas representantes del Poder Ejecutivo en forma distinta a como colegas jerarcas manejaron las convenciones colectivas hasta recientemente, cualquiera que sea su origen social o institucional, actúen en defensa de los intereses del Estado Costarricense integralmente, la parte no pública incluida, para que pueda seguir adelante en la exitosa carrera que viene desarrollando en los últimos años, privilegiando la productividad, la competitividad, la creatividad y la emprendeduría. El Gobierno no puede perder legitimidad; sería fatal por lo difícil de los tiempos y estar iniciándose la presente gestión.
Pienso algunas de las sugerencias incluidas en el documento presentando por los sindicatos estatales puede ser tomadas en cuenta, pero sin diluir lo ya plasmado en el proyecto de reforma fiscal en cuestión, haciendo excepción aunque represente un sacrificio, del 1% de IVA a la canasta básica, si este es un tema de honor y en consideración a las clases más desprotegidas; se pueden suplir esos ingresos por la vía de algunas de las sugerencias de los sindicatos estatales. También, habría que revisar algunos excesos respecto por ejemplo a la condonación de intereses y deudas pendientes a ciertos elementos del sector financiero, sin que medie una razón convincente. Eso sí, cero impunidad a quienes han faltado a la ley y en cuanto a los derechos adquiridos inapropiados, hay que encontrar la forma de respetar solamente los que ya han sido consumados.
Para algunos en el Gobierno, lo anterior es posiblemente todo un reto, pues para sacar el país adelante y no llevarlo al abismo tipo Caracas, Addis Abeba o Harare, deberá vencer sus prejuicios y adherencias de clase, cuando las haya; difícil pero con entereza, mente clara y buen espíritu, se puede lograr. Tendrán que demostrar que no hay que venir de los grupos conservadores, socialmente dominantes, para actuar responsablemente, con visión de Estado y prudencia, en defensa de los equilibrios patrios fundamentales; esto incluye por supuesto a las personas que ejercen diputación, que deberán vencer instintos políticos y politiqueros, pero en este momento contrarios a lo que al país le conviene, que es recuperar poco a poco pero con firmeza, el equilibrio financiero del aparato estatal. No conviene jugar con fuego en este momento.
He recomendado en un artículo que se me publicó generosamente en La Nación, el 15 de setiembre recién pasado, titulado Estrategias para vencer la corporativisación, el que una vez superado este conflicto, se instale como una herramienta que fomente entendimientos, de un foro promovido y acompañado por la Presidencia de la República, de las fuerzas vivas del país junto con las que representen el aparato estatal, para que conjuntamente visualicen el país que queremos a futuro y cómo podemos llegar a la visión a desarrollar. Como ha sido tradicional en Costa Rica, la situación actual debe superarse con la buena disposición de todas las partes, con la claridad de que solo podremos progresar sostenida y sosteniblemente, con un sector privado emprendedor y vigoroso, apoyado por un sector público efectivo en sus servicios socio-económicos y políticos. Producir sosteniblemente para luego distribuir, ha de ser la consigna.
Corolario.
Señoras y señores, a diferencia de la aparición de castas como la burguesía en la época antigua, que creó riqueza, modernizó el pensamiento y la socio economía, se ha creado por error y descuido de todos, incluyendo ella misma, una clase social buroplutoburguesa, que debe ser detenida en sus afanes y sus prebendas, gollerías y privilegios cortados de cuajo, dándole vigencia plena al código de trabajo y otra legislación que apunta a la igualdad de remuneración en el empleo público en tareas similares, así como un equilibrio por la vía del IVM, de todas las pensiones financiadas con fondos públicos en el país. Si no es así, esta clase acabará con la producción en el país, que le da soporte a nuestro relativo alto y mejorable nivel de vida o a la posibilidad de progresar de ese 22% que está en mala situación, sumiéndonos en la pobreza, la violencia y la desesperanza. En términos platónicos, tenemos en ciernes no una aristocracia, el gobierno de los pocos buenos, malo sería, pero una oligarquía, nunca vista en Costa Rica: el gobierno de los pocos malos, peor todavía, hoy con tentáculos y gente comprometida, en todos los sectores del aparato estatal. Costa Rica merece más, venía bien excepto por su problema fiscal y un nivel de pobreza que debe bajar; no merece Costa Rica estar en riesgo, sometida por la nueva oligarquía y su manifestación huelguista. Hemos dejado olvidado temas importantes como las tareas para incorporarnos a la OCDE, que abarca mucho y muy conveniente; la crisis en Nicaragua, las investigaciones y los juicios por actos de corrupción y malos manejos; el necesario ferry centroamericano que nos está costando por razones inverosímiles y muchos más, que hay que retomar de inmediato.
– Ex viceministro de Planificación Nacional y Política Económica.
