La lucha contra el narcotráfico

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Es en la década de los años 80s del siglo pasado que nuestras autoridades públicas comienzan a tomar en serio el problema del narcotráfico en el país, su verdadera penetración en los distintos estamentos de nuestra sociedad; incluso dentro de los Poderes de la República. Los problemas de la toxicomanía en nuestros jóvenes apenas eran vistos en las décadas de los 60s y 70s; la influencia de Estados Unidos de América y los países europeos se veían más por películas; que en realidad no representaban un peligro inminente. En algunas partes de nuestro territorio se decomisaban plantaciones tecnificadas de “mariguana”, que era la más conocida de las drogas consumidas; no obstante inicia la incautación de grandes cantidades de cocaína; en su mayoría de paso hacia EE.UU. u otros países.

Incluso en 1987 se da el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de cocaína en la Península de Osa y antes un 17 de marzo de 1985 la llegada de un avión al aeropuerto Juan Santamaría y la permanencia del narcotraficante Rafael Caro Quintero; quien se dedica a la compra de valiosas propiedades en varios cantones del país; demostrando la ostentación de que el dinero sucio todo lo compra y lavando el dinero del narcotráfico en Costa Rica. Con estos antecedentes inmediatos la Asamblea Legislativa nombra la primera Comisión Especial que investiga las implicaciones y vinculaciones con autoridades y según la comisión la lista de personas que facilitaron las acciones y los movimientos de la banda hoy más conocido como el “crimen organizado”. Los resultados inmediatos de esta investigación fue sentar las responsabilidades de funcionarios públicos de nivel medio y la aprobación de la Ley de Psicotrópicos.

Recordamos que también con gran escándalo la comisión especial mencionó que existía una “autoridad política superior”; que fue una manera subliminal de achacar a algún o algunos políticos de renombre; claro sin mencionarlos y sin probarlos; se considera que la comisión de diputados se excedió; y de manera irresponsable afirmó como dejando la sospecha y la “nebulosa”; incluso se ha dicho que fue una manera de “sacarse clavos” contra algún o varios políticos; aprovechando el momento tenso existente en el país y la preocupación de todos los ciudadanos. Después se nombra la segunda comisión especial sobre el narcotráfico y se relaciona el nombre del argentino Roberto Fionna Fionna con altas autoridades políticas y judiciales a cambio de favores personales. Incluso señalan que existe una intervención directa de uno de los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la participación negligente de tres magistrados de la República; así como también la comisión señala que “se desconocen las implicaciones que puedan tener los hechos denunciados en la defensa de un legislador en el AFFAIR del narcotráfico.

Se señala que: “El Informe Legislativo adquiere sesgos dramáticos ante una de las mayores denuncias hechas en la historia costarricense. Aunque la labor amerita una profundidad apenas sospechada, la dificultad continúa centrándose en concretar pruebas y por lo consiguiente, desarbolar la impunidad de los beneficiarios nacionales de esta actividad. Los medios de comunicación escrita, en este caso, se han comprometido fielmente, con los valores éticos y civilistas de los costarricenses. Como ejemplo de esto tenemos una serie de reportajes dados a conocer a finales de 1986, en los cuales se evidencia esta firme actitud y esta lucha ineludible contra la descomposición que supone la sombra del narcotráfico y el delito organizado en nuestro país. Las propuestas hechas por la Comisión están encaminadas a la creación de un organismo de Control Nacional de Drogas y de una Comisión de alto nivel dependiente de un Vicepresidente de la República. En todo caso estas y otras necesidades de seguridad en el control del narcotráfico están destinadas a despertar a los Poderes Públicos, quienes no han conjuntado eficazmente una fuera para enfrentar con éxito esta enfermedad que devora silenciosamente la sociedad moderna.” (Informe de la Comisión sobre el Narcotráfico. Asamblea Legislativa. 23-11-1988)

Con lo anterior, podemos apreciar que la comisión especial alertaba por primera vez al país las implicaciones, ramificaciones y penetración incipiente del crimen organizado, el lavado de dinero por parte de los carteles y su conexión con costarricenses ya sea a nivel de las instituciones públicas como a nivel privado. En realidad por primera vez, abrimos los ojos de que la apacible Costa Rica, con su democracia, respeto a los derechos fundamentales y tranquila sociedad; ya nunca más sería igual y a la fecha después de más de 30 años; la seguridad y nuestra forma de vivir cambió sustancialmente; donde hoy está a la orden del día “los ajustes de cuentas”, el “sicariato”, asesinatos violentos, lavado de dinero, la operación de los carteles internacionales de la droga, el decomiso de miles de kilos de cocaína en tránsito con las “lanchas rápidas artilladas” etc.

Ese primer informe de la comisión especial nombrada para investigar los hechos denunciados sobre el narcotráfico se dictaminó a las 14 horas del 23 de noviembre de 1988 y firmado por los diputados: Alberto Fait Lizano quien la presidió, Luis Manuel Chacón Jiménez secretario, Oscar Avila Solé, José Miguel Corrales Bolaños, Luis Fishman Zonzinski y Jorge Rossi Chavarría. Dictaminaban una serie de recomendaciones como la solicitud de renuncia de funcionarios públicos; magistrados, un diputado; así como planteaban una serie de reformas legales al proyecto de ley sobre psicotrópicos, al proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público; modificaciones a la Ley de Extradición, reformas al Código de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica; entre otras recomendaciones. Después vinieron investigaciones de posteriores comisiones especiales de narcotráfico y existe un libro muy interesante del Dr. Alex Solís Fallas denominado: “Trafico de drogas, Consecuencias y soluciones”; basado en su experiencia como diputado integrante de esta comisión, y que pudo recabar información muy importante de la época.

En el momento actual, la situación del narcotráfico y el crimen organizado ha sobrepasado la capacidad del Estado costarricense de afrontar el problema y garantizar la seguridad a todos los ciudadanos. Es de conocimiento público la infiltración de las redes en los tres Poderes Públicos. Ante esta situación cualquier intervención de la sociedad civil, no solo es válida, si no necesaria, porque nos encontramos en un estado de indefensión; ante fuerzas poderosas y extrañas contrarias a nuestra idiosincrasia a las que se les ha abierto las puertas con permisibilidad e irresponsabilidad y hasta negligencia de quienes les corresponde ejercer el poder.

Por ahora no se visualiza ninguna solución o propuesta integral que deberían tener trabajando de emergencia a todas las autoridades de nuestras instituciones públicas; esto se ha convertido en un enorme flagelo nacional y somos “tierra de nadie”; donde en casi ninguna desembocadura de ríos ni playas en el país como se ha informado por los medios de prensa; cuyas noticias son alarmantes; se escapan al poder del crimen organizado. En cada uno de estos lugares han establecido sus feudos mafiosos extranjeros conectados con costarricenses; en el ámbito local; que a su vez son apadrinados con personajes con poder y protagonismo en el ámbito local o nacional; que es lo que se requiere para poder garantizarles la exclusividad en sus cabezas de playa.

Finalmente, podemos afirmar que además de las bellezas escénicas; cuando es de atender visitantes extranjeros, los pobladores además de señalar los puntos de atracción natural; también enseñan las casas de los narcotraficantes, los lujos en que viven y los lugares en que estos mantienen sus actividades delictivas; con el objeto de alertar sobre los sitios de mayor peligro. Solamente falta que estos sitios salgan en las guías de turismo y los promocionen. El ciudadano costarricense es inteligente y en cada cantón “es un secreto a voces” cuáles son las casas, fincas y aeropuertos de los extranjeros de muy variadas nacionalidades; así como los bares en las distintas zonas del país; que las utilizan para el narcotráfico, así como la carga y desembarque de la droga. Llama la atención que nuestros cuerpos de seguridad que son los llamados constantemente por los problemas que se generan en dichos lugares y por estas actividades ilícitas; no exista una visión clara de llegar a una solución y manejo integral del problema que involucre y conecte toda la información existente y se sigan viendo como casos aislados; lo que impide atacar el mal de raíz a través de una política pública de alto nivel.