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Guido Mora
El financiamiento del Estado y particularmente del Estado de bienestar o el Estado Social requiere recursos económicos. La fuente de esos recursos históricamente ha sido el establecimiento y cobro de tributos. Hoy quiero referirme a los mecanismos de financiamiento del Estado.
De los ingresos
Después de un alegrón de burro en el año 2023, en donde los ingresos tributarios crecieron de manera importante, el Gobierno enfrenta para este 2024 una situación menos ventajosa.
En estos primeros meses del año 2024 se recaudó por concepto de ingresos tributarios ¢2,6 billones de colones. Para el año pasado y en este mismo período, el monto recaudado fue de ¢2,7 billones. La diferencia es de ¢6.574 millones, lo que significa una variación negativa de 0,2%.
Según los datos fiscales emitidos por el Ministerio de Hacienda, del total de ingresos recaudados el año en curso, el 37,4% provino del impuesto al valor agregado (IVA), el 35,3% al impuesto sobre ingresos y utilidades (renta) y el 27,3% se distribuyó entre los otros tributos, tales como el impuesto único a los combustibles, el impuesto a la propiedad, el selectivo de consumo, las importaciones y las exportaciones.
La disminución se debe principalmente a una reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta, que experimentó una caída de 7,7%. Por otro lado, el monto recaudado por el impuesto sobre la propiedad también disminuyó en un 31,4%. Hacienda identificó la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, recién aprobada por la Asamblea Legislativa, como la principal razón en la reducción de estos ingresos fiscales.
Este 2024 se observa también la disminución de las exportaciones, en comparación con el año 2023, provocando una caía en la recaudación de tributos por este concepto del 6,7%.
Los únicos impuestos que aumentaron la recaudación son el impuesto único a los combustibles que pasó de recaudar ¢245.181 millones a ¢281.934, con un incremento de ¢36.754 millones y el impuesto selectivo de consumo.
Como puede observarse, sólo la recaudación por medio de los impuestos indirectos se mantiene o incrementa.
La recaudación por concepto de cobro de impuestos que gravan la riqueza o el patrimonio de las personas se reduce. Esta realidad violenta el valor de la solidaridad en que se sostiene la existencia del Estado de Bienestar, donde los ciudadanos de más recursos y posibilidades deberían de pagar mayores tributos. En consecuencia, este sistema tributario profundiza la inequidad, la desigualdad y la pobreza entre los grupos más vulnerables.
En contraposición a este valor, la estructura tributaria se ha orientado a fortalecer impuestos tales como el del valor agregado, el selectivo de consumo y el impuesto sobre los combustibles, que constituyen impuestos indirectos, considerados regresivos porque, a diferencia de los directos:
- Se cobran por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos o poder adquisitivo.
- Son más fáciles de recaudar y, encuentran menos resistencia al ser pagados durante el consumo de bienes y servicios.
De los egresos
El mayor compromiso que tiene Costa Rica es el pago de la deuda interna.
Según datos del Banco Central de Costa Rica, expuestos en el Informe Económico de Coyuntura Económica de junio de 2024, “la razón deuda a PIB, se ubicó en 58,7%, para una disminución de 2,4 p.p. con respecto al indicador de cierre del 2023, influido por el crecimiento del PIB nominal y la apreciación cambiaria de la moneda nacional con respecto al dólar. Por composición de la deuda del Gobierno Central, cerca del 73,4% corresponde a deuda interna y 26,6% a deuda externa, además, 43,1% y el 15,6% como proporción del PIB, respectivamente.”
Según declaraciones del ministro de hacienda, emitidas el día en que hizo entrega a la Asamblea Legislativa del proyecto de presupuesto para el 2024, de un total presupuestado de ¢12,6 billones de colones, la distribución del gasto se estructura de la siguiente manera: 46% de los recursos serán para el pago del servicio de la deuda pública, 26% para transferencias corrientes y de capital, 22% para remuneraciones y 6% para los demás gastos. La estimación es que, en la estructura actual de ingresos y gastos, por cada colón que recibe el fisco, el gobierno gasta ¢1,63 colones. De tal manera que el plan de gastos se financia en un 61.2% con ingresos corrientes y el 38.8% con deuda pública.
A lo ajustado del presupuesto y la relación ingreso gastos fiscales, es importante señalar que en no pocas ocasiones la Asamblea Legislativa ha generado obligaciones estatales que deben ser respaldados con recursos, sin que se genere una nueva fuente para cumplir con los requerimientos establecidos, lo cual mete presión al presupuesto nacional e incrementa el déficit fiscal.
¿Quién paga la música?
Tal como he indicado, la carga tributaria descansa fundamentalmente en los asalariados -mediante el cobro del impuesto de la renta, sea mediante pago directo o como retención del impuesto en la fuente-; las microempresas y las pymes -que se enfrentan al pago de la renta, de impuestos selectivos de consumo, transferidos a los ciudadanos y al pago del impuesto del valor agregado. En definitiva, la recaudación fiscal descansa en una amplia base, en donde al no existir una política de recaudación progresiva, porcentualmente ricos y pobres tributan de manera similar.
Algunos defensores de los más favorecidos dirán que estos grupos son los que pagan mayores tributos por tener más posibilidades de consumo. Sin embargo, es claro que la justicia tributaria es un valor muy lejano en nuestra Costa Rica contemporánea.
Lo mismo sucede en el pago de tributos de las empresas del régimen definitivo y los del régimen temporal.
La carga tributaria la llevan las empresas del régimen definitivo, pero las del régimen temporal, las ubicadas dentro de las zonas francas, están exentas del pago de tributos.
En mi reflexión sobre los impuestos tiendo a pensar:
¿Acaso las transnacionales vienen a Costa Rica a hacernos un favor?
¿Acaso no se aprovechan de la inversión en educación, en infraestructura, en recursos humanos, financiada históricamente por todos los costarricenses?
¿Es que quieren que el país les regale esa inversión para sólo ellos sacar provecho?, ¿vamos a seguir permitiendo que se nos aplique la ley del embudo?
¿Acaso hay política de encadenamientos o de transferencia de conocimiento en las inversiones de las transnacionales?, ¿dónde están los programas de desarrollo de proveedores?
A ver, estas empresas requieren personal capacitado, carreteras, aeropuertos, energía, etc, que hemos pagado los costarricenses de nuestros bolsillos.
Es una gran discusión, ideológica incluso, pero hay que provocarla y golpear la mesa para que nos escuchen.
Somos como el vecino pobre, que le regala el trabajo al vecino rico, para que al final de la jornada el vecino rico le pueda ofrecer una limosna.
¿Qué hacer?
Tal como lo planteó hace unos días Miguel Gutiérrez Saxe en su artículo “Más impuestos, pero mejor distribuidos”, es necesario plantearse -cómo lo ha hecho la Unión Europea-, la necesidad de negociar un impuesto a las grandes transnacionales, cuyas utilidades son algunas veces mayores que el PIB de Costa Rica.
Esta contribución fiscal tiene el propósito de que las grandes corporaciones aporten en la sostenibilidad de las ventajas competitivas que los atrajeron y motivaron las inversiones en nuestro país y que, dicho sea de paso, por falta de recursos las hemos ido perdiendo. Es momento, como se ha hecho en otras latitudes, de buscar acuerdos que permitan obtener ingresos fiscales que coadyuven con el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura, con los programas de educación y formación de competencias de los recursos humanos y de las otras ventajas competitivas de las que se benefician las corporaciones internacionales.
De igual forma, es imprescindible proponer programas de desarrollo de proveedores y obligatoriedad de compras progresivas -cuando sea posible-,en el ámbito nacional, de manera que se promueva y planifique un programa de encadenamiento, generado por empresas tractor, que se oriente a fortalecer el papel de las microempresas y las pymes en el ámbito nacional.
La lucha por dotar de recursos frescos al Estado pasa también por la construcción y aprobación de una estructura fiscal progresiva, en donde se tasen las utilidades de los que más tienen y se promueva, de manera solidaria, un mayor aporte de los grupos más favorecidos por el modelo de desarrollo, en el financiamiento de la inversión social.
Menciono nuevamente la necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado, para hacerlo más eficiente, con el fin de no caer en la crítica que muchos profesionales defensores de los más favorecidos, que insisten en que no se pueden incrementar los ingresos, para continuar financiando la ineficiencia.
Abramos los ojos, estamos sufriendo un sensible y prolongado deterioro de nuestro Estado de Bienestar y si no lo detenemos, el descontento atentará contra el sistema político y fortalecerá las posiciones populistas que ya estamos padeciendo.
Es indispensable e impostergable reaccionar con imaginación e iniciativas novedosas a los requerimientos del momento histórico que vivimos.
