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Albino Vargas Barrantes
Hubo una especie de parte-aguas que, en nuestro criterio, determinaron el abandono, por completo, de la ideología socialdemócrata al interior del PLN, al aprobarse, en medio de protestas sociales, procesos parlamentarios poco transparentes y negociaciones ocultas, esa tríada de legislación anti-obrera que más adelante reseñaremos.
Sin dudarlo, su tercera derrota electoral consecutiva a nivel de votaciones presidenciales, en febrero-abril de 2022, da cuenta de que el PLN pagó el precio más alto, hasta ese momento, de toda su historia de vida institucional en el sistema electoral del país, precisamente, por alejarse de la socialdemocracia y sus valores fundamentales, lo cual quedó remarcado en esas tres leyes.
Y es que en ese cuatrienio 2018-2022, a nivel de política pública en el parlamento, la hegemonía fue del PLN que funcionó como plataforma de sostén de la detestada gestión ejecutiva del Presidente Alvarado. Entre más repudio popular éste concitaba, más sólido se hacía el respaldo liberacionista al PAC de Alvarado.
En el plano fiscal, la alianza de gobierno PLN-Alvarado, potenciada por un gigantesco apoyo mediático desde las tiendas del periodismo de odio, el cual impulsó la más perversa campaña propagandística de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desarrollada antes contra grupo social alguno, desde la entrada en vigencia de la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, el de la clase trabajadora asalariada del sector Público; logró imponer estas tres leyes, cuyos nombres distan mucho de reflejar el contenido perverso de cada una: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635; Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, No. 9808; y, Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159.
Y, ¿Por qué hablar de un parte-aguas en el proceso paulatino, sistemático y sostenido del PLN abandonando los más cruciales ideales socialdemócratas?
Porque esas tres leyes, al consolidarse plenamente, marcarían una, prácticamente irreversible, situación de desigualdad sistémica para nuestra Patria; dado que, a nuestro poco entender socialdemócrata, es la equidad en la distribución del ingreso y de la riqueza, la piedra angular de esta ideología política, otrora faro inspirador del desarrollo con inclusión en la Costa Rica de tan solo hace unos 30-40 años, cuando la fiebre neoliberal nos impuso un camino de reversión.
Esas tres leyes no guardan ni la más mínima relación con una justa distribución de la riqueza, tampoco con una mejora en la inclusión social ni en la reactivación económica; y, mucho menos, abren camino a una justicia fiscal con equidad. ¿Son o no son éstos valores socialdemócratas reales?
Por el contrario, tales leyes están cargadas de violaciones a la institucionalidad democrático-republicana que surgió al amparo de lo que conocemos como Segunda República; violentan serios postulados constitucionales en cuanto a derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Y, todavía más grave aún, pisotean compromisos internacionales adquiridos por el país dada su pertenencia a los sistemas internacionales de Derechos Humanos.
Tan es así que las tres leyes, por parte de la ANEP tienen interpuestas correspondientes acciones de inconstitucionalidad, ya admitidas por la Sala Cuarta; lo cual es un indicador de que en todas podrían manifestarse groseras violaciones a diversos articulados de la Carta Magna, de 1949; y, por supuesto, violaciones a diversos tratados de Derechos Humanos (DD.HH.). De todo ello, es cómplice el Partido Liberación Nacional (PLN).
Un nuevo ataque anti-obrero en contra de nuestra legislación obrero-social todavía vigente, está en desarrollo en el actual parlamento: hablamos del expediente 21.182, con un pomposo nombre: Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras, cuya finalidad estratégica es eliminar el pago de horas-extra, incrementando la explotación obrera.
La actual fracción parlamentaria liberacionista tiene una oportunidad histórica única: pedir perdón a la clase trabajadora por su comportamiento político, groseramente anti-obrero, en el cuatrienio 2018-2022, no votando ese proyecto, conocido como el de las jornadas 4 x 3. Varias diputaciones liberacionistas ya lo han dicho públicamente, están en contra del mismo. Se necesita el 100 % de la bancada, pidiendo perdón. ¿Les servirá de algo? ¿Ya es demasiado tarde?… Al menos, se podría atajar tanta agresión anti-obrera de los últimos gobiernos.
