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Fernando Berrocal
El ministro Jorge Torres ha sido por más de 20 años un oficial a cargo de la lucha contra el narcotráfico y la contraparte de las agencias de países tanto amigos como aliados, en altas y calificadas instancias de inteligencia y seguridad nacional. Sus viceministros serán dos comisarios de larga y valiosa trayectoria en la Fuerza Pública: Martín Arias como jefe de los Guardacostas y Daniel Calderón como jefe de la Fuerza Pública. Los tres con cursos de formación y capacitación policial en el extranjero y una distinguida carrera a nivel nacional.
A la par de este excelente grupo de policías civiles, en materia de Migración y Extranjería, Marlene Luna es igualmente una calificada abogada con amplia experiencia y con muchos estudios en esa área vital. Nuestro país se ha transformado en el principal y gran receptor regional de extranjeros.
En este contexto, un estudio del Ministerio de Educación Pública refleja la caída estrepitosa, en la era PAC, de las políticas públicas de prevención e información objetiva en escuelas y colegios, sobre los peligros y las nocivas consecuencias del consumo de drogas para la juventud costarricense, en todo el territorio nacional. Gravísimo error y retroceso nacional.
Igualmente, todos los días la prensa informa sobre las decisiones permisivas y débiles de las autoridades judiciales, sobre las medidas cautelares a los delincuentes que venden drogas y se dedican al vil negocio del narcotráfico.
A la vez y en un tema de seguridad nacional, 27 instituciones públicas han sido atacadas por hackers y Costa Rica enfrenta una auténtica guerra en materia de ciberseguridad, como acertadamente lo ha declarado el presidente Chaves.
Hay que tener claro que la seguridad ciudadana y nacional no son solo responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública. Es un tema prioritario que debe enfrentarse, paralelamente, en sus causas y en sus efectos, con fuertes políticas públicas de persecución y control policial, en unión de las Policías Municipales, pero igualmente con políticas preventivas de educación, salud pública, vivienda popular, lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad social y desde una política judicial y criminal coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se requiere de una eficiente visión integral y nacional.
Urge una reforma a la Ley General de Policía y la creación de un Sistema de Seguridad que integre y supervise acciones y una política pública integral. Ejemplo: tan valioso es tener una caseta policial en un barrio conflictivo y marginal como iluminar sus calles, construir canchas para deportes o un centro comunal. Es absurdo detener a un narcotraficante y que los jueces los suelten al día siguiente, sin medidas cautelares, para que vuelvan a delinquir.
Sin un enfoque integral y coordinado y sin efectiva cooperación internacional, nunca avanzaremos suficiente en esta crucial batalla del tiempo que vivimos.
