¡Increíble!

¿Y usted que opina?

Fernando Berrocal

De verdad que en Costa Rica pasan cosas increíbles. El hecho a que se refiere esta columna es propio de un disparate y un absurdo legislativo, como lo calificó en su titular DIARIO EXTRA, o bien es un hecho muy grave que pone el tema de la penetración del narcotráfico y el poder del crimen organizados en otra perspectiva. No creo en teorías conspirativas. Pero a lo mejor y quién sabe…

Estos son los hechos:

1. En el gobierno del presidente Óscar Arias, junto con la Ministra de Justicia de ese entonces, Laura Chinchilla, redactamos y suscribimos, como Ministro de Seguridad Pública, la ley 8754 contra la Delincuencia Organizada y su calificación como “delito grave”. El texto fue aprobado por la Asamblea Legislativa y transformada en ley de la República.
2. Varios años después, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en la pasada Administración, se derogó el artículo 2 de dicha ley que calificaba la delincuencia organizada como “un grupo estructurado de dos o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves”. No voy a repetir el nombre de los Diputados que gestionaron ese increíble despropósito, porque DIARIO EXTRA los publicó con todo y su fotografía en su edición de este 15 de agosto y porque prefiero darles el beneficio de la duda y creer más en su incompetencia y vagabundería que en una gravísima complicidad con el crimen organizado.
3. Como consecuencia, un abogado defensor logró la liberación de los integrantes de una peligrosa banda de delincuentes vinculada al narcotráfico y, al día de hoy, los Tribunales de Justicia, en primera y segunda instancia, tienen que resolver contra la pared, y sin el recurso de apoyo de dicha ley 8754, una gran cantidad de solicitudes de actividades procesales defectuosas y están, como si fuera poco, atados de manos para procesar a las bandas de delincuentes que tienen atemorizados a regiones y pueblos de Costa Rica.

La solución, y con carácter de urgencia, debe darse en la Asamblea Legislativa.

Esta es una de las más grandes irresponsabilidades que se dieron en la anterior legislatura, en el período 2018-2022. Pero la verdad sea dicha: desde el 2014 y durante toda la época PAC, en materia de seguridad ciudadana, el gobierno y los partidos políticos de oposición no hicieron otra cosa que mirar para otro lado y no enfrentar, con patriotismo y firmeza, la creciente ola de delincuencia y criminalidad que ha azotado a Costa Rica. La quintaesencia de esa censurable despreocupación se concentró en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Los hechos hablan por los Diputados.

Es hora de CAMBIAR. Es hora de darle al tema de la inseguridad ciudadana un lugar prioritario y de primer orden en la agenda del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. O vamos a perder a Costa Rica.