¿Hasta Cuándo?

Fernando Berrocal

Insisto: Como consecuencia de la penetración del narcotráfico en todas las esferas de la vida nacional y el fuerte deterioro de las condiciones económicas y sociales del país, sufrimos todos los días una gravísima crisis de inseguridad ciudadana y altísimos e inaceptables niveles de violencia delincuencial.

Hay que leer las crónicas de la prensa sobre el sicariato en Limón, la Zona Sur, las playas del Pacífico, la Zona Norte y el Gran Área Metropolitana. O la muerte y el asesinato de turistas extranjeros para robarles su computadora, el celular o unos dólares de sus bolsillos. O las vendettas de bandas criminales y el terror que se vive en varias regiones y pueblos del país. Hay miedo en la ciudadanía.

La pregunta es: ¿Hasta cuándo?

Cuándo vamos a reaccionar, antes de que Costa Rica se convierta en otro El Salvador, en donde el presidente Buckele ordenó sacar los militares armados a las calles y detener, encarcelar a 50.000 mareros y delincuentes y acabar de raíz con las bandas criminales en ese país. Por supuesto que esa política de Estado no es la vía costarricense: Nos diferencia no tener Ejército y nuestra tradición histórica, jurídica y política en materia de Derechos Humanos es muy diferente. Pero desde el punto de vista de los datos fríos y duros sobre inseguridad nacional, Costa Rica no está lejos de El Salvador y Centroamérica.

Es más, en materia de tráfico y almacenamiento de drogas, estamos peor. Las mafias mexicanas y colombianas, con sus cómplices nacionales, nos han transformado en mercado interno, bodega y primer país exportador regional de narcóticos del sur en ruta hacia los mercados consumidores del norte.

Escandaliza por ello que, en la Fiscalía General, hayan pensado en disminuir la capacidad de detención de delincuentes por el OIJ y la censurable derogatoria, en la anterior legislatura, de la ley 8754 sobre “delincuencia organizada”.

Ciertamente, hay una necesidad esencial de más recursos presupuestarios. Pero existe un problema de fondo estructural y es el archipiélago de Cuerpos de Policía en el propio Poder Ejecutivo y las Policías Municipales por la libre. La solución necesaria es organizarlos por ley en forma funcional y jerárquica, incluyendo a las Policías Municipales, creando un Sistema de Seguridad, bajo una rectoría ejecutiva, efectiva y funcional del Ministerio de Seguridad Pública.

El presidente Rodrigo Chaves, el ministro Jorge Torres, los Diputados de todos los partidos políticos, deben transformar este tema en prioritario. Costa Rica necesita una policía profesional y civil de primer nivel, bien coordinada en lo preventivo, represivo y municipal, con suficientes recursos presupuestarios, buenos salarios y seguros de vida, armas de reglamento, capacidad de movilización, escáneres y tecnología de punta, correcta cooperación funcional entre la Fuerza Pública y el OIJ, reforzando la capacidad rectora del Ministerio de Seguridad Pública, bajo la directriz de un Consejo de Seguridad Nacional.

Esto solo se logra reformando la Ley General de Policía. Esto es urgente.