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Progresemos
Carlos Manuel Echeverría E.
cmecheverria@yahoo.com
Sabemos que nuestro país tiene un grave desequilibrio fiscal, que nos ha llevado a un agresivo aumento de la tasa tributaria, que de una u otra forma tiende a perjudicar la inversión. Aunque en un país como el nuestro, la tendencia es hacia un cierto grado de elasticidad, en algún momento los que invierten o emprenden se desaniman por ser escaso o inexiste el estímulo para producir, al sentir que el gobierno se lleva la mejor tajada y para financiar gasto corriente y no de inversión. Independientemente de que no es legal ni legítima la evasión tributaría por parte de personas físicas y jurídicas que se asegura se da, el sentir popular y empresarial es que ya no se soporta mayor carga tributaria, venga esta del gobierno central o del municipio. Si “le jalamos el rabo a la ternera” con mayor carga tributaria, quienes invierten o producen dejarán de hacerlo y se nos cae el país, pues ante la pérdida de competitividad no tendremos capacidad para vender o comprar en el exterior. Tampoco es posible continuar incrementando la deuda pública que financia el déficit fiscal y mucho menos emitir colones…nos arruina la espiral inflacionaria. Ergo y más allá del tratamiento especial que la pandemia demando impostergablemente, como un buen padre de familia, lo que le queda al Estado es cortar el gasto corriente, como debería hacerse a partir de este año gracias a la regla fiscal y otras herramientas que pudieran requerirse. El reto, tomando en cuenta las secuelas que dejará la pandemia en la economía, es entonces… ¿cómo reducir el gasto público innecesario, sin reducir la calidad de los servicios? Creo poder hacer un aporte al respecto, desde varias perspectivas, promoviendo una visión integral.
Cierto o no, la ciudadanía en general se queja de malos servicios públicos. No creo que sean tan malos como alguna gente expresa espontáneamente; lo que sí es que son caros. El aparato estatal costarricense entiendo que cuesta cerca de un 30% del PIB, cuando debería estar en 20-22%. Sin dejar de lado la necesidad de redimensionar desproporcionadas remuneraciones a todo nivel en bastantes instancias públicas incluyendo las universidades del estado y el Poder Judicial, las exorbitantes pensiones y subterfugios para hacerlas hereditarias, así como excesos desmedidos tipo “enganche médico”, es un hecho que el aparato estatal debe de ser gestionado en forma mucho más eficaz. Más aún, cuando Costa Rica cuenta con una fuerza laboral quizás no tan educada como se requiere, pero si bien capacitada para funcionar productivamente.
Mi profesión, la de gestión, digo, pues no me gusta decir “administración”, es la profesión más maltratada de todas, a pesar de que muchos la estudian y no todos bien, pues la mayor parte de las universidades descuidan temas claves como la ética y la responsabilidad social corporativa. Muchos, emprendedores y personas ejerciendo cargos de gestión a nivel político, consideran que la preparación en gestión no es necesario para ejercer el cargo y que con su profesión y más si es sustantiva técnicamente al cargo, se tiene la suficiencia para ser un buen gerente. En general no es así. Aún los ingenieros, que entiende de sistemas, otros profesionales por más destacados que sean en sus ramas técnicas, en general, hay excepciones, carecen de las capacidades y el marco mental para gestionar adecuadamente una instancia pública que por méritos en su profesión o por otra razón, le han encomendado.
No se trata de “mandar”, ni de simplemente administrar (asegurar que “nada” cambie pero que ”todo” siga igual). Se trata de hacer “gestión”, el ir mucho más allá de administrar; el tener las herramientas técnicas para desarrollar una visión a futuro, inspirar, liderar, establecer responsabilidades y reconocer a quienes hacen posible un éxito. Tener la capacidad de desarrollar nuevos procesos o mejorar los que ya hay, gestionar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles en el medio en la forma más eficiente posible, así como estimular comportamientos que contribuyan y desestimular los que no. Así mismo, planificar estratégica y tácticamente, ejecutar con el equipo humano y trabajar sistémicamente con el resto del sector público que corresponda. Controlar sin asfixiar y evaluar, todas funciones básicas y claves del “management” o gestión empresarial.
No puedo dejar de lado que el buen gerente público, debe ser capaz de gestionar con imaginación los esquemas laborales alternativos como el teletrabajo, sabiendo interpretar la legislación. Figurativamente, el buen gerente entiende la ley no como una línea donde hay que mantenerse, sino más bien como una carretera que permite maniobrar, sin abandonarla por supuesto. Así me lo enseñaron en la universidad y así lo apliqué cuando fui viceministro.
Ayudaría mucho que los funcionarios públicos y la ciudadanía en general, tenga los conocimientos mínimos en economía, que les permita apreciar la relación del dinero como instrumento de cambio, su vinculación con la producción y los efectos de la política económica. ¿Así mismo, cómo la naturaleza del trabajo de cada uno contribuye o no a la necesaria sanidad económica? Me da la impresión que ese conocimiento no es viral, que en muchos funcionarios que han tenido “la papa en la mano”, existe un grave caso de amnesia o simplemente un feo engendro de ambición de escalar posiciones personales, sin medir las consecuencias negativas para el país. Valdría la pena que al menos los ciudadanos que se gradúan del colegio, salgan con esos conocimientos, para que puedan ejercer en mejor forma sus deberes y derechos.
Entidades bien gestionadas, con personal que entienda su labor complementaria a la del sector productivo, que el ser amigo facilitador (no amiguete) de quien acude en busca de un servicio, empresa o persona, es necesario para incrementar la productividad y con ello la competitividad de nuestras empresas exportadoras de bienes y servicios o importadoras de los mismos, debe de ser la tónica. Cada atraso innecesario porque un funcionario público por las razones que sean actuó con negligencia ante la solicitud de un ciudadano, el emprendedor o inversionista, frustra y encarece la producción. Pareciera se dan casos en que se crean trámites burocráticos innecesarios para darle quehacer a empleados ociosos, como si esa tarea contribuyera a aumentar la producción nacional, cuando más bien, al no añadir valor, se vuelve inflacionaria y desestimulante para el funcionario, algo que está en la cabeza del buen gerente el corregir. Un país con entidades incluyentes como ha sido el nuestro históricamente, puede involucionar y perder lo ganado, si las instituciones del estado se vuelven extractivas y para el beneficio de unos pocos.
Desde la visión de la unidad empresarial, es posible mediante una buena gestión, mejorando las capacidades y posibilidades de un personal altamente motivado, el lograr altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en el logro de metas ligadas a objetivos y obligaciones inherentes a la entidad estatal.
Él o la que gestiona, debe de tener la capacidad vital, para entender la gestión pública en su plena dimensión, distinta en mucho a la gestión privada. Y funcionar en base a ese conocimiento.
Dentro de ese contexto y desde la perspectiva macro, cobra especial importancia el acto presidencial, de donde emana el poder en Costa Rica, de emitir directrices de política, órdenes si se quieren ver desde esa perspectiva, de cumplimiento obligatorio. Las veo más bien como indicaciones a cumplir enfocadas en el logro de precisos objetivos específicos, sin salirse de un marco de procedimientos y regulaciones pertinentes establecido, que a mi juicio, deben simplificarse, depurarse.
En Costa Rica tenemos una de las mejores legislaciones del mundo en el ramo, La Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, que establece la naturaleza ya descrita de la directriz de política presidencial y como gestionarla. Plantea los canales de distribución de la directriz, introduce la figura del ministro rector y agrupa desde la perspectiva legal a las entidades en ramos o “sectores de actividad”. La ley promueve el concepto sistémico (partes que se integran y generan un nivel de efectivo específico superior), lo que al fin y al cabo es inherente al aparato estatal de un estado moderno. Así mismo, la ley plantea la gestión de la responsabilidad que se adquiere al gestionar en variados niveles, una entidad pública. Mi impresión es que el potencial de la ley general de la administración pública no se explota adecuadamente y la jerarquía se queda corta en su uso. Igualmente, los funcionarios que gestionan las instituciones autónomas por ejemplo, no siempre saben cómo manejar la directriz de política vis a vis una junta directiva por ejemplo, que a su vez debe entender la naturaleza de una autonomía limitada por legislación sobre la que aquí tratamos.
Ergo, al lado de la capacidad política, para la efectividad del aparato estatal es esencial la capacidad gerencial de quienes ocupan cargos de gestión, desde el nivel más alto al más bajo ligado a los procesos fundamentales de la gestión institucional. Hay evidencia desde hace varios lustros, de que no se están gestionando los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenta el aparato estatal de la mejor manera posible, ni cercanamente. Las universidades correspondientes y el ICAP, la vetusta instancia formador de recursos para la gestión pública del SICA afincada en Costa Rica, deben revisar sus pensum educativos, promover nuevas alianzas, etc., todo orientado a generar mejores gestores y “gestionadores” en el sector público.
Conviene establecer mediante legislación, requisitos mínimos para que a diferentes niveles se pueda ejercer un cargo y ser parte de un sistema de gestión enfocado en el progreso sostenible y sostenido integral, hacia el desarrollo en su plena dimensión. Así mismo, gestar un servicio civil moderno y universal, que promueva la estabilidad y no la inamovilidad. De esa forma, estaremos haciendo más con menos, que debe ser nuestro propósito desde donde nos toque contribuir.
Costa Rica es uno de los tres países más exitosos de América Latina, cuando de desarrollo integral sostenido por una institucionalidad de países desarrollados se trata. Sin embargo, nada es permanente si no se cuida con dedicación y constancia. Uno de nuestros retos es tener un aparato estatal que realmente nos cumpla y sin llevarse tanto y a menudo con tan malos resultados. Sin duda lo podemos hacer.
Del COVID-19 saldremos avantes y lo lógico es que con mucha seriedad replanteemos nuestro modelo de desarrollo, si es que todavía lo tenemos o nos planteemos uno nuevo, del que sin duda, la buena gestión debe de ser un punto medular. Hacer más con menos y hacerlo mejor. Si nos basamos en lo que hemos visto estos días de la pandemia y no solo en los trabajadores de la salud, agradecidos como estamos y dejando de lado aproximaciones de eficiencia (el uso óptimo de los recursos), nuestros funcionarios públicos han demostrado ser muy efectivos. Si ese amor por su trabajo, el prójimo y el país se mantuviera a costos y tiempos que demuestren eficiencia, quizás con un sistema que motivo más que el actual de pluses y afines, estaríamos caminando en la dirección correcta.
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Cargando...– Diplomático y ex viceministro de Planificación.
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