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Fernando Berrocal
Con la creación de Conape, casi 130.000 costarricenses de menores recursos económicos, han podido acceder a la educación superior universitaria, en uno de los casos más sobresalientes de movilidad social y económica en el país.
Conape se financia con un pequeño porcentaje de las ganancias anuales de la banca estatal y beca, a largo plazo y bajos intereses, las aspiraciones legítimas de miles de jóvenes para alcanzar una educación superior. De otra forma, esos costarricenses no habrían alcanzado nunca un título universitario, ni acceder a los sectores de ingresos medios y contribuir profesionalmente al desarrollo sostenible e integral del país. Eso es hacer verdadera democracia.
Ahora, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se propone vender el fondo de Conape al Banco Popular. Eso significa, por ser un banco regulado por las directrices de Sugef, aunque sea de los trabajadores, que el fondo de Conape pasaría a ser regulado y que los préstamos adquirirían condición normal de préstamos bancarios: menos plazo en el tiempo de pago y aumento en el monto de los intereses. Así de simple y controversial.
Eso es cambiar una idea “profundamente cristiana” por un negocio bancario, según el punto 11 de la propuesta gubernamental del Acuerdo con el FMI.
Yo me opongo y opino que, igualmente, deberían oponerse en la Asamblea Legislativa, los diputados socialdemócratas, socialcristianos y los cristianos.
Este segundo gobierno del PAC ha entregado la política económica y social a las tesis de los diputados y economistas más conservadores y reaccionarios.
Si pudieran, hasta cerrarían el Ministerio de Trabajo, con otra propuesta inaceptable para eliminar la Comisión de Salarios que, en forma tripartita, negocian representantes estatales, empresarios y trabajadores, para fijar los salarios y sus justos aumentos anuales, según los índices de inflación y el costo de la vida. Esa es una propuesta totalmente contraria a los acuerdos de la OIT.
Reitero que no me opongo a un buen acuerdo con el FMI. A lo que me opongo, rotundamente, es al empeño de acabar con nuestro Estado Social de Derecho.
Consta en mi hoja de servicios que, como ministro de la Presidencia, en el gobierno de Luis Alberto Monge, fui el responsable de crear las condiciones políticas y de opinión pública para que el país aceptara la firma del necesario primer Programa de Ajuste Estructural que negoció Carlos Manuel Castillo, como presidente del Banco Central, en la crisis de los años ochenta.
Pero ahora, con estas propuestas, nos quieren quitar, a poquitos, la “vía costarricense” hacia un desarrollo sostenible e integral de crecimiento económico con justicia social y, si los dejamos, nos quitan hasta las garantías sociales del doctor Calderón Guardia y acaban con el Estado Social de Derecho.
