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Enrique Gomáriz Moraga
Esta zona ha vuelto a saltar a la actualidad noticiosa como producto de una de las operaciones de última hora del presidente saliente Donald Trump, quien ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, solo seis semanas antes de abandonar la Casa Blanca. A cambio, Washington ha obtenido el reconocimiento marroquí de Israel y el establecimiento de plenas relaciones diplomáticas entre ambos países.
Este reconocimiento de la administración Trump representa otra carretada de arena sobre el acuerdo de Naciones Unidas acerca de que el destino del Sahara Occidental se decidiera mediante un referéndum controlado por la ONU. Inmediatamente, el Frente Polisario, organización reconocida como representante del pueblo saharaui, ha manifestado que “los Estados Unidos no tienen potestad alguna para otorgar soberanía a ningún territorio en el mendo”. Sin embargo, la actual administración Trump parece decidida a actuar con total celeridad para establecer un consulado en la zona antes de entregar la presidencia el próximo 20 de enero. Pareciera buscar que, cuando Joe Biden asuma la presidencia, se encuentre con un hecho consumado.
La decisión estadounidense llega cuando el conflicto se había vuelto a calentar. El 21 de octubre de este año, una manifestación pacífica de saharauis exigía el cierre del paso fronterizo de Guerquerat, porque violaba los acuerdos de paz logrados en 1991, además de reiterarle a la ONU que cumpliera con el compromiso de realizar un referéndum. La respuesta de Marruecos fue enviar tropas militares para controlar la localidad. El 14 de noviembre, Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), declaraba formalmente roto el alto el fuego y retomaba la guerra abierta con Marruecos.
El enfrentamiento militar que se detuvo en 1991 había durado 17 años, desde que en 1975 el abandono de España de su administración del Sahara Occidental fuera aprovechado por Marruecos, que hacía tiempo reclamaba ese territorio como suyo, y lanzara la denominada “Marcha Verde” compuesta por civiles marroquíes dispuestos a colonizar el Sahara, acompañados por fuerzas militares. El proceso de descolonización se había cerrado en falso. La promesa española de organizar un referéndum, pronto dio paso (en medio de la agonía de Franco en Madrid) a una fórmula de protectorado compartido entre España, Mauritania y Marruecos, que tanto Argelia como el Frente Polisario rechazaron de plano.
La guerra de desgaste del Polisario y la presión de Argelia tuvieron su primer fruto con la retirada de Mauritania del conflicto en 1979, que firmó la paz con el Frente Polisario (Acuerdo de Argel), abandonando así sus pretensiones territoriales sobre el sur del Sahara. Después de este acuerdo, la RASD consigue varios éxitos diplomáticos: el reconocimiento en la Organización para la Unidad Africana (OUA), así como de 61 países y la intervención directa de la ONU, que plantea un armisticio entre las partes y la celebración del prometido referéndum.
Sin embargo, en el plano militar, la decisión de Marruecos de levantar un muro minado en la franja más oriental del territorio, que lo recorre de norte a sur, con 2.720 kilómetros, comenzó a complicar las operaciones guerrilleras saharauis. Eso cambió el panorama de la guerra.
Desde 1978, el Polisario organizaba misiones de observación internacional para demostrar el apoyo de los campos a la RASD y la capacidad de penetrar en el territorio del Sahara Occidental. Participé en 1980 de una de esas misiones, que comenzaba en los campamentos de Tinduf (sur de Argelia) y tenía una posibilidad opcional, bajo nuestra propia responsabilidad, de acompañar a una de las columnas del Polisario por la franja oriental de la RASD. La entrada y la misión terminaron sin incidentes, pero hoy esa ronda sería prácticamente imposible de realizar. El muro, que comenzó a construirse en el norte justo en 1980 y se terminó en 1987, de mas de dos metros de alto, minado por delante, con fortificaciones sucesivas, que incorpora a más de cien mil efectivos, no permite esas entradas fáciles en el territorio. El Polisario tuvo que dar más peso a la artillería de mediano alcance en el contexto de su estrategia militar.
Pero la continuación de la guerra y la presión de la OUA sobre Naciones Unidas, obligaron a negociaciones entre las partes, y a la intervención directa del Consejo de Seguridad de la ONU, que emite la resolución 690 que establece la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), la cual, además de preparar la consulta, tiene la misión de supervisar un alto el fuego. Ese año de 1991, la MINURSO se instala en el territorio y cesan las operaciones militares abiertas.
Se inicia una etapa de dura lucha política en diversos ámbitos. Dentro del territorio, Marruecos ha incrementado la incorporación de población marroquí a las actividades económicas, lo que agudizaba, por tanto, el debate respecto de la determinación del censo para el referéndum. El Polisario defendía que fuera la población existente en el momento de la retirada de España, mientras que Marruecos pretendía que fuera la mas actualizada. Ese debate retardó sucesivamente la celebración del referéndum, que la MINURSO no logró implementar. Progresivamente, Marruecos enfatizó su oferta de otorgar una fuerte autonomía a las provincias del Sahara Occidental, pero descartando un referéndum. El Polisario aceptó en principio la mediación del enviado especial de la ONU, James Baker, pero su propuesta concreta fue rechazada tanto por el Frente como por Marruecos. Semanas después el Polisario declaró estar dispuesto a aceptar el plan Baker, pero Marruecos mantuvo su rechazo.
La diplomacia marroquí ha usado todo el tiempo un flanco ideológico respecto de la RASD. Sugiere que su implantación supondría el establecimiento de un régimen filocomunista de partido único, el Frente Polisario, algo que asusta a muchos en el hemisferio norte. El Polisario lo desmiente, afirmando que la cuestión en litigio es un problema de descolonización fallida, y que luego de establecida la RASD se llamaría a elecciones libres y competitivas; pero que mientras dure la lucha por la autodeterminación el Frente Polisario es una reunión de diferentes fuerzas políticas, como sucedió con los procesos en la India o en Sudáfrica. No obstante, el respeto de los derechos humanos en los campamentos saharauis ha sido una preocupación de organizaciones como Amnistía Internacional, que, después de sus verificaciones, solo ha sugerido mejoras.
Al reanudarse ahora la guerra, la RASD enfrenta un desequilibrio extraordinario en términos de fuerzas combatientes. Además de los militantes que pueda reclutar en los campamentos, necesita hacer regresar a los hombres y mujeres saharauis que viven y trabajan en Europa, sobre todo en España y Francia. Pero las condiciones de la pandemia por COVID-19 limitan considerablemente los viajes y las comunicaciones desde fuera del Sahara. Así, la declaración de guerra se traducirá, de momento, en operaciones esporádicas y en el martilleo artillero.
Se inicia pues una nueva fase del conflicto que ha colocado a un pueblo como rehén entre potencias circundantes. Primero fue moneda de cambio entre España y Marruecos, que presionó a Madrid con su vecindad inmediata (pesca, transito, etc.) y con los enclaves de Ceuta y Melilla; después lo fue de las tensiones entre Marruecos y Argelia, cada una con el apoyo de las superpotencias detrás hasta finales de los años noventa, y ahora vuelve a serlo con el pacto entre Marruecos e Israel, promovido por Estados Unidos. Es difícil saber por cuanto tiempo continuará enquistado este conflicto que, como dijera Kofi Annan, no parece de fácil solución. Lo que sí parece cierto es que, tras una descolonización fallida, el pueblo saharaui continúa siendo víctima de la geopolítica.
