El perverso mecanismo de la focalizacion

Agora*

Las brechas ideológicas en el Partido Liberación Nacional

Guido moroa
guidomoracr@gmail.com

Desde los años 80 y 90 del siglo pasado, décadas en que se impulsó el mecanismo de la focalización, como herramienta del neoliberalismo para “atender las necesidades de los más pobres”, el Partido Liberación Nacional acogió esta estrategia, como arma de combate a la pobreza.

Renunciaba así a años de atención universalizada, abandonando en el fondo, la lucha por la igualdad de oportunidades en la sociedad costarricense. Esta concepción prevalece aun en el planteamiento socio-económico de quienes pretenden manejar la política en los próximos años y, quiero reflexionar hoy sobre este tema.

¿En qué consiste la focalización?:

Ante la creciente influencia del neoliberalismo, que resurge en una nueva arremetida en las últimas tres décadas del Siglo XX, se produce una desatención en los procesos de distribución de la riqueza. Ya los economistas neoliberales habían renunciado a mantener la inversión social, mediante el mecanismo de atención social universalizada, so pretexto de que el dinero que se invertía en la atención de los temas sociales, era una porción importante de los presupuestos de los gobiernos y que ese, era parte del gasto excesivo, que debía racionalizarse. Argumentaban, además, que la atención universalizada había impulsado la concentración de los beneficios en amplias capas medias y urbanas, que se habían apropiado de una importante cantidad de estos recursos estatales, “generando injusticias, corruptelas y despilfarros”. (Carlos M. Vilás).

Sin embargo, ante los procesos de pauperización de grandes sectores sociales, generados por la aplicación de este modelo económico, los defensores del neoliberalismo impulsan el mecanismo de focalización, para reducir el impacto económico negativo, que este modelo económico provoca en amplios sectores de la población.

Está por descontado mencionar el sensible deterioro y el empobrecimiento que implicó la ejecución de los programas de ajuste estructural, impulsados e impuestos por el Consenso Washington, que tenían como propósito “poner en cintura” las economías periféricas, para que pudieran saldar las cuentas que, mediante empréstitos, realizó la banca internacional, en volúmenes e intereses que, a todas luces, en el tiempo, eran inmanejables.

La avaricia de que hacía gala la banca internacional -acompañada de la corrupción de las élites políticas y económicas nacionales-, condujo al hundimiento y la quiebra de economías tan importantes como México, Argentina o Brasil -para mencionar sólo algunos casos-, sumiéndolas en una crisis, de la que aún no hay una perspectiva clara, de que pueda ser superada.

La receta impulsada por los economistas neoliberales consistió en “categorizar la pobreza”, diseñando programas orientados a la atención de los grupos sociales identificados como los “más pobres de la sociedad”, aquellos que claramente se podían catalogar como ubicados en la “pobreza extrema”. Esta estrategia, procura la selección y la consecuente reducción de los destinatarios, buscando la reducción del dinero destinado a ese propósito, del peso de estos programas en los presupuestos gubernamentales y en los costos fiscales y, por ende, la reducción de lo que los neoliberales denominan el “gasto público social”.

Se “racionaliza” -en el marco de la razón neoliberal-, “el gasto público”, identificando y destinando recursos para atender a los más pobres de la sociedad y, se delimita la atención del resto de la población a las bondades del crecimiento económico y de la generación de empleo.

Los efectos de la focalización:

Los acólitos neoliberales pueden mencionar “las grandes virtudes” de la focalización, de los cuales puedo diferir de manera contundente. En mi caso particular, señalaré algunos efectos negativos que este mecanismo tuvo en las sociedades de todo el mundo y en las latinoamericanas en particular, de las cuales obviamente, no se encuentra exenta la costarricense.

La estrategia de reducir el tamaño del Estado, limitó sustancialmente su papel redistribuidor. La acción estatal se circunscribe a unas pocas actividades, tales como la educación y la salud; y se abstrae del papel de las acciones estatales, a amplias capas sociales, conformadas por sectores medios-medios y medios bajos, que quedan a merced de las “bondades del mercado”.

El razonamiento parte de la falsa premisa, de que la única manera de salir de la pobreza es mediante el trabajo, actividad que, amparada en la política de salarios decrecientes y los procesos de flexibilización laboral, tienden más bien a acelerar el empobrecimiento de la población y a convertir -al trabajo-, en una actividad de subsistencia, dependiente y vinculada, absolutamente, a los capitales nacionales e internacionales.

Simultáneamente se impulsa un proceso de privatización de las acciones del Estado, insertándolo en la lógica del mercado, procurando “la reducción del papel del Estado como agente directo, delegando (parte de) las prestaciones al sector privado…; la mutación substancial en la asignación de los recursos gubernamentales, auspiciando que el sistema de prestadores (públicos y privados) compita por los caudales estatales. El corolario es doble: a) se incluye y prohíja el financiamiento público de la oferta privada; y b) se incita el financiamiento por proyectos (presentados por los interesados, quienes rivalizarían entre sí para conseguir tales desembolsos). Respecto del origen de los fondos: se produce una «diversificación» que apunta centralmente a una privatización del financiamiento estatal. La mercantilización del Estado impacta sustancialmente en los servicios públicos sociales ordinarios. En particular, en sus tramos avanzados y, sobre todo, en la Educación Superior. En concreto, el Banco Mundial ejerce presiones firmes y sostenidas en pro de una reforma integral en la jerarquía de sus créditos, que se plasma en la composición actual de su cartera de créditos, gobernada por cánones de mercado, que fomenta políticas como:

La expansión y robustecimiento de proveedores privados.

Una «diversificación institucional». Es decir, la ampliación de una franja de entidades educativas no universitarias como, por ejemplo, centros profesionales y técnicos de ciclos cortos. Su ventaja: menores costos, que facilitarían una mayor participación del capital privado.

El financiamiento público del capital privado. O sea, el conjunto del sistema: estatal/privado, compitiendo en pie de igualdad por la asignación de los caudales gubernamentales. Entonces, el gasto público colapsa en su función distributiva: se organiza como mercado e incluso subvenciona al capital privado.

La movilización de recursos privados dentro de la oferta oficial. En especial, se impulsa el cobro de derechos de matrícula en todo el nivel.

El intento de que la demanda se acerque al funcionamiento de un mercado de consumidores y, por consiguiente, que los establecimientos tiendan a comportarse como empresas que compiten entre sí por dicho mercado; y no sólo por los fondos públicos.

La limitación del acceso en las Universidades públicas (de acuerdo a criterios de eficacia en función de los costos, propios de la perspectiva de mercado dominante). De ahí que se abogue por procedimientos de selección que ciñan el volumen de estudiantes. Empero, algunos documentos del propio Banco admiten que los exámenes de ingreso benefician a los postulantes de franjas sociales más acomodadas. Entonces, la limitación del acceso desemboca en una reproducción de la desigualdad. (Véase nota del Semanario El Financiero, publicada el día de ayer: 58% de alumnos de universidades públicas provienen de hogares más adinerados).

En efecto, no sólo prevalece el encomio del libre mercado capitalista. Además, la contención del gasto público social, una idea-fuerza neoliberal originaria, continúa fungiendo como precepto directriz. Por eso, la contracción de cobertura (población atendida) y subsidios es marca de identidad. Una insignia que sojuzga el horizonte político que dio nacimiento al régimen. De ahí su radical modestia distributiva.” (Ana Mª Ezcurrá)

Otro de los efectos negativos de la focalización, está relacionado con el deterioro de los servicios públicos. La cantidad limitada de recursos, destinados a su financiamiento, conduce en la mayoría de las oportunidades, al deterioro de los servicios orientados a los más pobres, pues generalmente funcionan con recursos limitados y mal administrados. A los sectores sociales más influyentes, que no están vinculados con la calidad y la cobertura de estos servicios, poco les importa las características que -los servicios-, puedan presentar. Esta situación incluye actividades vinculadas con la educación y la salud. Los más pobres, por su parte, interiorizan la prestación de estos servicios, como un “favor recibido por el Estado” y, por lo tanto, se convierten en masas populares poco exigentes con la calidad y la cobertura. En otras palabras, si la focalización de los recursos públicos genera un servicio de mala calidad que, sin embargo, no afecta el estándar de vida de la elite económica, este sector no tendrá mayor interés en mejorar tal servicio (premisa 1); Además, dado el mayor peso de la elite en el debate político (premisa 2), será menos probable aunar los recursos necesarios para mejorar dicho servicio deficitario. En conclusión, la focalización reducirá el interés, los recursos recaudados y los montos destinados a la implementación de las políticas públicas, vinculadas a la prestación de algunos servicios. (Nicolás Grau).

En términos generales, tal como lo sostiene Vilás, donde quiera que fueron ejecutadas las políticas neoliberales de combate a la pobreza tuvieron un impacto menos que modesto y de poca sustentabilidad.

Entonces, ¿hacia dónde ir?:

Esta realidad debe conducirnos a replantear la estrategia de combate a la pobreza. Los partidos políticos en general y, Liberación Nacional en particular, deben retomar el enfoque integral de la problemática social.

La pobreza y vulnerabilidad social deben ser conceptualizados como efectos de una combinación de factores y relaciones sociales propias del modelo de capitalismo impulsado las décadas anteriores. Es necesario comprender que la atención y abordaje de la pobreza y a la vulnerabilidad requiere ser encarado desde múltiples ángulos institucionales, vinculados a ese conjunto de factores y relaciones.

Debe, este enfoque integral, formar parte de la estrategia de revalorización de las políticas públicas y del replanteamiento del rol del Estado. Es indispensable impulsar su rediseño, de manera que se promueva la integración social y se procure la remoción de los factores estructurales e institucionales que generan el empobrecimiento de amplias capas sociales.

Hay que tomar conciencia de que cualquier esfuerzo serio, destinado a reducir la pobreza, requiere enfrentar la vulnerabilidad, la desigualdad, el acceso a recursos y oportunidades, la degradación ambiental, la vulnerabilidad sanitaria, la precariedad laboral y de ingresos y la fragmentación social, entre otros aspectos.

Esta opción no implica dejar de lado las políticas asistenciales, pero debe restárseles el protagonismo que desempeñan en el paradigma neoliberal. No podemos seguir fortaleciendo iniciativas que conduzcan a la focalización individualista del asistencialismo, que puede ser útil para resolver situaciones particulares e imprevistas, pero que constituyen terreno fértil para el clientelismo y la corrupción.

Estamos en la obligación de impulsar propuestas que pongan mayor atención a los escenarios estructurales e institucionales y en las relaciones sociales y políticas. La focalización y la selectividad desempeñan, en este nuevo diseño, un rol puntual: por ejemplo subsidios del tipo «tarifa social» u otros, a hogares que, por su bajo nivel de ingreso, no pueden acceder a servicios básicos como agua y saneamiento; becas de estudio a niños o jóvenes de hogares pobres, etcétera. En estas situaciones, la focalización individual o familiar es un ingrediente que efectiviza el acceso de los involucrados a los nuevos escenarios del desarrollo social. (Vilás)

Es importante promover sistemas sociales de alcance nacional, no asistencialista. En el caso de la educación y salud, es imprescindible promover el acceso universal al mismo servicio, no en un proceso de pauperización, sino en un esfuerzo de mejoramiento de los servicios estatales.

Este esfuerzo no constituye sólo un tema vinculado a la igualdad de oportunidades, a la integración o a la defensa de los derechos humanos y sociales, con los que debe estar profundamente comprometido el Partido Liberación Nacional; sino que constituyen elementos indispensables para asegurar la calidad de estos servicios en nuestros países, en donde las elites socioeconómicas tienen múltiples mecanismos, institucionales y extra institucionales, para determinar la orientación y el alcance de las políticas públicas. La aplicación de esta estrategia, en el marco de la estrategia de universalidad del gasto -o sea la no focalización-, puede finalmente redundar en mejores servicios sociales, para los sectores más vulnerables de la sociedad.

La moraleja es simple: una condición necesaria para vivir en un mejor país, es lograr que la elite viva en el mismo país que el resto de la población. (Nicolás Grau).

Liberación Nacional está en obligación de eliminar de su diccionario el vocablo neoliberal de “gasto social”. Debe apropiarse y elaborar una nueva dimensión del concepto “inversión social”, que le generó, en sus orígenes, un apoyo mayoritario entre los costarricenses.

La recomposición de las alianzas políticas y sociales, de las que he hablado en otros artículos, pasa por que los ciudadanos sientan el legítimo interés de los representantes liberacionistas, de luchar por la defensa de los derechos de grandes sectores sociales de costarricenses y no, como ocurre hasta ahora, que los perciban como defensores de los grupos más privilegiados de la sociedad.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.