El impeachment en Brasil

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Lamentablemente una vez más el país más grande de Sur América (República Federativa de Brasil) con 8.5 millones de Km2 y el quinto del mundo, y con una economía de superpotencia emergente, vive una enorme crisis política, que nos hace recordar las viejas prácticas latinoamericanas de estar en constantes golpes de Estado y la bota militar haciéndose con el poder, cuan si fueran los “salvadores” de la Nación. En esta oportunidad a la fecha no ha corrido la sangre, persecuciones o violencia; los que están a favor o en contra de la presidenta Dilma Rousseff han podido manifestarse de forma libre y pacífica. No obstante el “fantasma” del pasado militar siempre está presente. Recordamos que en Brasil desde su fundación han vivido muchos golpes de Estado militares; y más adelante en 1964 se dio el golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart, acusado de ser comunista y favorecedor de la izquierda brasileña; eran tiempos de la guerra fría y Estados Unidos de América apoyaba a los militares que se oponían a los partidos políticos progresistas o de izquierda. Se dio lo que se llamó la “Revolución de 1964”, que consistía de pasar de un Régimen presidencialista a uno parlamentarista.

A Joao Goulart se le redujo los poderes, aunque seguía siendo Jefe de Estado; por otra parte se establecía un Jefe de Gobierno que era el Primer Ministro, asumió Tancredo Neves. En 1964 asume el poder militar el Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, quien mantiene una regia dictadura militar, desmantela a la izquierda del Congreso; establece la abolición de los partidos políticos, impone la censura de la prensa y las publicaciones; luego retorna el sistema presidencialista hasta la fecha. En las décadas de 1970 y 1980 se establece la “Operación o Plan Cóndor” que establecía una coordinación y mutuo apoyo entre los regímenes dictatoriales del Cono sur que conjuntaba a los países de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia; a veces entraban Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Imponían el seguimiento, la detención ilegal, torturas, asesinatos, desapariciones, traslados de detenidos entre los países, en fin todo tipo de violaciones a los derechos humanos, etc.; especialmente de los opositores a las dictaduras militares y en su mayoría eran acusados de ser comunistas o izquierdistas.

Toda acción de este tipo de tratar de suspender o derrocar a un Presidente legítimamente elegido, constituye un golpe a la democracia y al sistema institucional en un país, pues pierde legitimidad. Pero también si existen fuertes y graves motivos se permiten legalmente la suspensión o destitución de un funcionario que ocupa un alto cargo. El concepto de “impeachment” es una figura del Derecho Anglosajón (originario de EE.UU. y Gran Bretaña) y tiene como objeto procesar a quien ocupe un alto cargo público. El Parlamento o Congreso es el encargado de aprobar el procesamiento, con las dos terceras partes de los votos de este órgano colegiado. Este concepto se traduce al español como “moción de censura”, “impugnación”, “impedimiento” o “acusación pública o juicio político”; al ser un proceso de orden constitucional, que constituye la efectividad del principio de responsabilidad, en los altos cargos públicos como jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o magistrados de los Tribunales de Justicia (Fuente: Wikipedia)

En EE.UU. se han realizado dos impeachment contra los presidentes Bill Clinton (1998-1999) y Andrew Johnson (1868) y ambos salieron absueltos. En 1974 el presidente Richard Nixon al aprobarse el proceso, prefirió dimitir por lo que lo interrumpió y entonces no se dio la resolución final; que seguramente hubiera sido la destitución como presidente de EE.UU. En otras esferas menores se han dado destituciones a nivel estatal y federal de otros altos cargos públicos. Volviendo a Brasil, el proceso inició primero con la suspensión a la presidenta Dilma Rousseff, por 180 días para no poder ejercer el cargo, mientras se emita una resolución final y que pueda ser la ampliación de la suspensión o la destitución final. El Senado puede decidir constitucionalmente esta suspensión; claro por supuesto convertido en un “show o juicio político” para perjudicar a la presidenta y de paso al Partido de los Trabajadores (PT) y la alianza de izquierda en Brasil. Máxime que varios senadores y actores políticos también tienen serios cuestionamientos éticos y cargos de corrupción. Entonces, estamos ante un círculo vicioso, parecido “al diablo repartiendo escapularios”. Incluso se dice que el mismo vicepresidente de la República también tiene enormes cuestionamientos.

Actualmente el gigante suramericano de 205 millones de habitantes, sufre una severa crisis económica, y el presidente interino Michel Temer apuesta a tomar medidas para recuperar la credibilidad nacional e internacional, afirma que va a recortar el gasto público y buscar atraer inversiones para combatir la elevada inflación y tratar de bajar los índices de desempleo. A la presidenta la acusan de ser cómplice de la corrupción, negligencia, encubrimiento de déficits presupuestarios y engrosar las arcas con préstamos de bancos estatales durante su campaña para la reelección del 2014. La presidenta Rousseff acusa de “traidor” a su vicepresidente, y no acepta las acusaciones en su contra, declarándose inocente de dichos cargos. La destitución final por parte del Senado necesita dos tercios de sus miembros (54 de los 81 integrantes). Ahora el Debido Proceso debe continuar durante estos 180 días de suspensión a la presidenta; además que cuenta con el aval de los Tribunales Judiciales.

Todo este sismo político, está inmerso en todo un entramado de corrupción y de recíprocas acusaciones, por ejemplo la Corte Suprema de Brasil aprobó la apertura de una investigación contra Aecio Neves, el líder opositor y excandidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), por delitos de lavado de dinero y acusado en el escándalo de la Petrobras (la empresa estatal que maneja petróleos en Brasil y por la que pasan miles de millones de dólares), acusado de sobornos y repartir coimas, de la cual ha involucrado a la propia presidenta de la República y al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como al vicepresidente Michel Temer. Las pérdidas a Petrobras llegan a más $ 2000 millones y al parecer han enviado dineros a Suiza producto del saqueo a la empresa estatal. El líder del PT en la Cámara Alta, Delcidio Amaral destapó el escándalo al declarar sobre los sobornos, red de fraudes y coimas en Petrobras y de la cual involucra a muchos políticos oficialistas y opositores.

Por su parte la presidenta suspendida Dilma Rousseff, ha expresado que se encuentra ante una gran injusticia en su contra, que resistirá y se defenderá con todos los instrumentos jurídicos necesarios para defender su honor e institucionalidad; ha afirmado que: “Sufro una vez más el dolor abominable de la injusticia. Lo que me duele más en este momento es percibir que soy víctima de una farsa política y jurídica.” Ha afirmado también que no ha cometido crímenes de responsabilidad, que solamente ha cometido errores y que lo que está en juego es la democracia y el respeto al sufragio y la voluntad soberana de los millones de brasileños que votaron por ella y el PT, y que está en juego las conquistas de los últimos 13 años, los beneficios a los más pobres y la clase media, y en general el futuro de Brasil, etc. La presidenta se ha ido en picada en la credibilidad, con solamente el 10% de aprobación del pueblo brasileño, y una grave recesión económica. Esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de este proceso de “impeachment” o juicio político, si la sanción será solamente la suspensión temporal, o será la partida final de la presidencia de la República de Brasil, al igual como sucedió en 1992 con el presidente Fernando Collor de Melo, que le aplicaron el mismo procedimiento.