El déficit fiscal y las falacias de Otto Guevara, La Nación y Canal 7

Por Guido Mora

Para resolver el problema del déficit fiscal en Costa Rica, no basta con recortar los salarios de los empleados de algunas instituciones estatales. Bien lo afirma Alfonso Carro en la publicación del 22 de julio de 2015 en CRHoy. Tampoco las deslumbrantes soluciones expresadas por Otto Guevara, La Nación y Canal 7 son las que nos van a sacar de este problema.

Tratemos de ser formales y veamos el problema con seriedad.

El problema del déficit fiscal es pluricausal.

Veamos el tema de los ingresos

Para el año 2014, según el Ministerio de Hacienda, la estructura de ingresos del Estado está conformada de la siguiente manera:

33% corresponde al impuesto de ventas, el 28% a ingresos y utilidades, el 5% corresponde al impuesto de consumo, el 11% al impuesto único de combustible. 4% al derecho de importaciones y un 5% a otros ingresos.

Según indica el documento publicado por el Ministerio de Hacienda, intitulado “El Presupuesto Nacional de Costa Rica”, a que hago referencia, los ingresos han crecido más lentamente que los egresos durante los últimos años, tal como se muestra en el siguiente gráfico, incluido en el mismo documento.

Helio Fallas en su artículo “Causas estructurales del Déficit Fiscal” expone que el problema de la reducción de los ingresos o el poco crecimiento de los mismos tiene dos causas fundamentales: “los altos niveles de incumplimiento tributario y las amplias exoneraciones que se han creado a lo largo del tiempo, -no se han podido compensar los ingresos- de los recursos perdidos por la estrategia de apertura comercial, o sea, los impuestos que se derivaban del comercio exterior”.

Entendemos que la estrategia de apertura comercial y comercio exterior sean importantes para el Gobierno. Así lo sostiene el Presidente Luis Guillermo Solís, que ha hecho esfuerzos por la atracción de inversión extranjera y la instalación de empresas que generen múltiples plazas de empleo. Desde esta perspectiva se comprenden sus declaraciones del día 22 de julio en que afirma no estar dispuesto a someter a discusión las exenciones en los regímenes de zonas francas.

En lo que la evasión respecta, según sostiene Helio Fallas: “Desde el año 2014 y en lo que llevamos del 2015, -el Gobierno- ha venido trabajando con la legislación vigente, buscando una mayor recaudación, aplicando estrategias para reducir la evasión y mejorar el control tributario. Pero además, la Administración Tributaria requiere fortalecerse y por ello se propuso el Proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude, así como el Proyecto para Mejorar la Lucha contra el Contrabando. Sumado a los proyectos que enviaremos oportunamente para la reforma de los tributos de renta y ventas, la aprobación de estas normas, puede ayudar a cerrar la brecha histórica de decisiones en materia fiscal que tanto nos urge en el presente”.

Si en el Congreso existiera una franca voluntad de resolver el problema fiscal, estos temas se hubieran discutido y aprobado en el corto plazo. Contrario a eso, muchos diputados han puesto múltiples trabas, para proteger a los evasores y evitar la aprobación de alguna de estas leyes.

En este sentido, y desde el punto de vista de la política real, hay que agregar que también a la Administración Solís Rivera le ha faltado claridad para impulsar los proyectos e iniciativas orientadas atenuar el problema del déficit y ni ha realizado acciones para aumentar los ingresos, ni medidas para castigar la evasión.

Y los egresos…

Según la información que se tiene de la composición del Presupuesto Nacional de acuerdo a su uso, una tercera parte se dedica al pago de la deuda. Otra tercera parte a las transferencias establecidas por Ley, con destino específico. La tercera parte corresponde a los recursos que destina el Estado a la planilla que se distribuye entre maestros, profesores y policías entre otros: ¿Qué vamos a hacer, despedir maestros, profesores y policías, cerrar programas de educación o de salud?

Eso es lo que pretenden algunos, que tienen una concepción del Estado como una instancia poco solidaria y desearían privilegiar las iniciativas privadas sobre las públicas y con ello, debilitar el Estado Social de Derecho.

De acuerdo al texto citado del Ministerio de Hacienda, la siguiente fue la estructura del gasto del Presupuesto Nacional para el año 2014:

31,3% corresponde a remuneraciones, 3,7% a bienes y servicios, 11,6% a intereses; 10,4% transferencias corrientes al sector privado; 19,9% transferencias corrientes al sector público: 5,5% a gasto de capital sin recursos externo y el 17,4% a amortizaciones.

Uno de los problemas que señala Helio Fallas es la rigidez presupuestaria, generada por el establecimiento legal y constitucional de los destinos de los recursos.

Según el documento citado, del Ministerio de Hacienda, para el 2014 se distribuía de la siguiente forma:

34% por mandato constitucional, 23% por mandato legal, 35% correspondiente a gastos rígidos y sólo un 5% a otros gastos.

Por función, la distribución del gasto para el mismo 2014, es la siguiente:

26,4% funciones de servicios públicos generales, 6,2% funciones de servicios públicos económicos, 50% funciones de servicios sociales y el 17,4% transacciones no asociadas con funcionesç.

Como puede observarse, la carga del destino social en la estructura de gasto, es la más importante de toda su composición.

Y entonces, ¿qué hacer?…

Para muchos sectores que prefieren elegir el menor esfuerzo, por razones ideológicas o por favorecimiento a sus intereses, es fácil señalar un lunar, pretendiendo engañar a la opinión pública, haciendo creer que ese lunar es la causa de la enfermedad.

Es cierto que se debe poner orden en los salarios del sector público. Pero esa es otra discusión.

Para resolver el tema del déficit fiscal es imprescindible tomar acciones en el tema de los ingresos: El Gobierno debe privilegiar el trámite de la legislación orientada a resolver este problema y debe, de igual manera, denunciar a quien dentro de la Asamblea Legislativa, se oponga a los cambios legales. La Administración Tributaria debe afinar los mecanismos de declaración, seguimiento e identificación de los evasores. Tanto del Gobierno Central, como las Instituciones autónomas están en la obligación de ser garantes del cobro de los impuestos y denunciar a los evasores.

A este efecto, es inconcebible que Canal 7, La Nación, el Movimiento Libertario sean deudores del Estado: Unos 27 grandes contribuyentes adeudan al Ministerio de Hacienda 28.322 millones de colones, entre ellos se menciona a La Nación y a Canal 7.

Desearíamos ver en los diarios o noticieros nacionales, la lista de empresas que adeudan dineros a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Hacienda, de igual manera que se expuso a miles de empleados públicos, estigmatizándolos como sinvergüenzas.

En el campo de los egresos y las transferencias: Deben de terminarse los traslados de dinero del Estado a los grupos más privilegiados. Entre otras cosas y de forma concreta, es inconcebible que el Banco Central tenga que subsidiar bonos de jerarcas del sistema financiero privado, y esté en la obligación de transferir dineros de esta institución a estos grupos privilegiados del sistema económico costarricense: Según el último presupuesto del Banco Central, las transferencias a órganos desconcentrados equivalen a más de ¢27,7 mil millones. Si se tiene en cuenta que el subsidio equivaldría a un 80 % del monto total de las operaciones de los entes supervisores, en total podría hablarse de alrededor de ¢22 mil millones.

Con igual compromiso y transparencia, los partidos políticos deberían revisar concienzudamente las erogaciones por concepto de Deuda Política, pues se ha probado que muchos de los millones de colones que se transfieren por este rubro, generan manejos indebidos y asignaciones dudosas, que han fomentado la corrupción en el sistema de partidos políticos.

Respecto del mismo tema de corrupción, es indispensable que las Administraciones persigan y castiguen a quienes se apropian indebidamente de los recursos públicos. En Aviación Civil, El Caso de la CCSS, de ALCATEL o el de la Trocha, muchos quedaron con los bolsillos llenos, a expensas de los dineros del erario público y esto no podemos seguirlo permitiendo.

Los sindicatos del sector público deben también de comprometerse a contribuir con este conjunto de acciones, pues o arreglamos esta situación en el mediano plazo, o todos los costarricenses nos veremos envueltos en una crisis sin precedentes.

Es importante también legislar en la flexibilización del presupuesto nacional, permitiendo al Poder Ejecutivo una mayor libertad en la disposición de recursos para acometer sus objetivos de Gobierno.

En definitiva, si realmente Costa Rica desea resolver el problema del déficit fiscal o al menos atenuarlo, pues no todos los déficits fiscales son perversos, debemos hacer un análisis sensato de la situación, que como vemos, contempla los puntos señalados y muchos otros más, que por deformación profesional no he abordado.

En conclusión, las soluciones falaces de Otto Guevara, La Nación y Canal 7, son poco serias. Sería conveniente que antes de recomendar acciones para resolver el problema, comenzaran por saldar sus compromisos y sus deudas con el Estado Costarricense y en definitiva, con todos los ticos. Ese sería para comenzar un buen aporte de su parte.

Ante esta situación y como en el juego de la perinola, para poder salir de este atolladero, todos tenemos que poner de nuestra parte.