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Fernando Berrocal
El Título VIII de la Constitución Política se refiere a los Derechos y Deberes Políticos y, en su Capítulo III, define su autoridad superior y las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones como un cuarto Poder de la República. Sus resoluciones “no tienen recurso, salvo por prevaricato” (artículo 103).
Por su parte, el Código Electoral define el sufragio como un Derecho Humano. El más importante en una sociedad libre y democrática. Un derecho constitucional que costó muertos y una Guerra Civil en 1948 y que es, a la vez, el signo más sagrado y singular de nuestra historia Patria, frente a la tradición golpista y dictatorial de otros países de América Latina. Por la libertad del sufragio Costa Rica es un país especial, singular y diferente.
Quienes establecieron una “estructura paralela” para financiar una de las campañas electorales en pugna y quienes la autorizaron y se beneficiaron de esa estructura, cometieron delitos electorales y delitos penales. Las pruebas, denunciadas por la prensa nacional, son abrumadoras y contundentes, aunque los responsables tienen todo el derecho a un debido proceso y a defender su inocencia. Lo que no pueden alegar es ignorancia de la ley.
La pena establecida por los delitos cometidos es de 2 a 6 años de prisión y “además de la pena principal, la accesoria de la suspensión de los derechos políticos por el mismo plazo de la pena principal”. También hay disposiciones en la Ley Orgánica del Banco Central atinentes a la “captación de recursos de terceros u operaciones cambiarias sin autorización” con penas igualmente duras. Todo ello configura un escándalo político monumental y censurable.
Conclusión: estamos ante una situación de extrema gravedad y violatoria de principios, valores y leyes esenciales que ponen a prueba la esencia del sufragio que es el fundamento de la libertad y la democracia en Costa Rica.
Incluso, en este período electoral, la Fuerza Pública está a las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, para hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República. Dicha autoridad es absoluta e incuestionable.
Los informes sobre las cuentas del famoso Fideicomiso, dados a conocer por el Banco Nacional, comprueban aún más los hechos delictivos cometidos. Queda por conocer los descargos de un testaferro en fuga, finalmente notificado, para conocer el origen de los fondos millonarios que esta persona aportó a dicha campaña y los entretelones de esta gravísima trama delictiva.
El Tribunal Supremo de Elecciones está cumpliendo su papel de árbitro electoral en el marco de la Constitución Política y las leyes de la República. Los delitos cometidos no deben quedar impunes. Sería contra Costa Rica.
