Enrique Castillo
En este año de 2023, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha estado celebrando ciento ochenta años de haber sido fundada y, en ese contexto, los Estudios de Posgrado en Derecho, que forman parte del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la misma universidad, coincidentemente celebran que, hace cuarenta años, por encargo de la decana de entonces, licenciada Sonia Picado Sotela, después de dos intensos años organizándolos y siempre con el apoyo de ella, yo los haya fundado junto con un selecto grupo de profesores, en el mes de marzo de 1983. La celebración concluirá con un acto formal el próximo 13 de noviembre. En estos cuarenta años los programas han crecido en número y calidad y son exitosos, un orgullo para la UCR. Pero una curiosa asociación de ideas relacionada con las próximas elecciones municipales me lleva a recordar que también ha habido desencantos, como el que paso a relatar:Unos 10 años después, siendo director general de esos programas, decidí promover la apertura de una maestría en Derecho Municipal, en vista de la reforma constitucional que obligaría al Estado a hacer cuantiosas transferencias de dinero a los gobiernos locales, lo que les permitiría a estos emprender grandes obras sin estar, no obstante, preparados para custodiar y administrar esos fondos adecuadamente. Convencido de la conveniencia de fortalecer el sistema municipal, me era obvio que nuevas reglamentaciones administrativas y financieras serían necesarias, las que, a su vez, demandarían un nuevo tipo de personal legal. Así, pues, habiendo sido embajador en Francia, con el apoyo de la embajada francesa en Costa Rica establecí lazos de cooperación con la Universidad de Tours, donde había un grupo de profesores expertos en Derecho Municipal, reconocido por el gobierno francés, ya que la ciudad de Tours era un modelo de administración e innovación municipales. Ellos estaban dispuestos a sumarse a los profesores costarricenses de la maestría y venir a dar cursos intensivos mensuales para enriquecer el conocimiento de los abogados de las municipalidades. El gobierno francés nos financió un viaje a Francia a dos profesores de la UCR, al Dr. Rafael González Ballar y a mí, para negociar un convenio, y también facilitó la venida de profesores franceses para completar las negociaciones. Estábamos de acuerdo, pero faltaba conseguir el apoyo de las municipalidades y su aceptación de dar licencia a sus abogados para que siguieran los cursos. La municipalidad de San José aceptó, y me dirigí entonces a la Asociación de Gobiernos Locales para gestionar el involucramiento del resto de las municipalidades. Casi no me dejan entrar y la directora ejecutiva me escuchó con una actitud hostil, de pie en el vestíbulo, para concluir rechazando la propuesta ad portas, de muy mal modo. Luego, me enteré de que había una confrontación entre la asociación y la Municipalidad de San José y otros ocho municipios. Como resultado, las universidades tuvimos que descartar el proyecto, que solo hubiese tenido sentido a nivel nacional. De seguro, los alcaldes no llegaron a enterarse de la oportunidad que perdieron en minutos.
Desde entonces, cuando veo el efecto de malas contrataciones debidas a fallas legales que suelen ocurrir en la gestión de la infraestructura, como la descarada ineficiencia (municipalidades pintando señales encima de huecos de las calles o “bacheando” por enésima vez una calzada, con lo que la superficie de rodamiento se deforma más), así como la corrupción (caso Diamante y otros), recuerdo con nostalgia el fallido proyecto de maestría. Son cosas que afectan la calidad de vida de los habitantes.
Por eso, los ciudadanos deben ser vigilantes, tomar con atención y seriedad las elecciones municipales de febrero de 2024, cerciorarse de que los partidos políticos hayan sido estrictos en la escogencia de sus candidatos y no abstenerse del voto si quieren evitar ser víctimas de una mala administración y exigir una normativa municipal sólida.
– Abogado y Sociólogo, Diplomático con una amplia carrera, Ex Embajador ante la OEA y varias misiones diplomáticas, Ex Ministro de Justicia, Ex Canciller de la República de Costa Rica