De Costa Rica a los Panama Papers

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

En la década de los 70s del siglo pasado se quiso impulsar la creación de un Distrito Financiero en Costa Rica, con el objetivo de enrumbar al país a la atracción de inversión extranjera, mayor competitividad, el desarrollo social y económico; esto hubiera permitido traer capitales sin nacionalidad, con discrecionalidad y bien perfilado jurídicamente y con diversos controles; sin embargo hubo muchas críticas y cuestionamientos de que el país se convertiría en un “paraíso fiscal”, para el lavado de dinero y que los controles fallarían sobre el origen de los dineros que vendrían del extranjero. De ahí que los bancos internacionales y diversas financieras escogieron a Panamá donde su condición geográfica estratégica de ser un país de tránsito y con el plus de tener el Canal de Panamá, una mega infraestructura que comunica rápidamente el Atlántico con el Pacífico, influyendo de forma significativa en el comercio mundial.

Un Distrito Financiero (en inglés, Central business District o Downtown) es el término general con el que se designan las áreas centrales, en que se concentran comercios y oficinas, y donde abundan los edificios altos (rascacielos) y que en las ciudades europeas suele coincidir con el casco antiguo y algunas zonas de los ensanches del siglo XIX. Por eso vemos, que la ciudad de Panamá existen muchos rascacielos, similares a los distritos financieros de Miami, Los Ángeles, Nueva York y otros en Estados Unidos de América y demás continentes. Estos distritos financieros son plataformas enormes que ofrecen a la gente y a las empresas todo tipo de servicios comerciales, inmobiliarios, financieros y por supuesto en Panamá todo lo referente a los servicios marítimos; además que tiene la zona libre de Colón considerada la zona franca más grande del continente y la segunda en el mundo. Panamá se ha convertido después de Chile, en la economía más competitiva según el Foro Económico Mundial. (Fuente: Wikipedia)

El 4 de abril del 2016 reventó una “bomba” internacional, con ciertos rasgos similares al escándalo de la “FIFA”; donde se vieron involucrados personajes importantes del deporte internacional. Sin embargo la investigación global del denominado: “The Panama Papers” (Los papeles de Panamá) es un escándalo mundial sin precedentes, que es el resultado de una gran investigación de el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ siglas en inglés); al cual el país fue invitado por medio del Semanario Universidad y DataBase que es la unidad de investigación de AmeliaRueda.com, donde participaron reporteros, fotógrafos y diseñadores, para investigar la mayor filtración de los archivos de 11. 5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), que obtuvo el periódico alemán Suddeutsche Zeitung. Participaron 300 periodistas de todo el mundo y cada medio hizo lo propio en su respectivo país y se publico de manera simultánea en los medios como Le Monde, The Guardian, L’Espresso, BBC Panorama y la Cadena de Televisión UNIVISION, entre otros.

Cualquier persona se preguntaría porque un bufete panameño maneja tanta información; y como una oficina legal ya se le hace difícil materialmente tener en custodia millones de papeles en físico; la tecnología le permite ir enviando y respaldando la información a archivos virtuales (lo que se sería una enorme base de datos computarizados). Además que el bufete MF tiene 40 oficinas o sucursales en los principales paraísos fiscales del mundo; lo que le permite que los clientes se sientan seguros de abrir las “sociedades Offshore” que en Panamá son conocidas también como compañías offshore o corporaciones offshore, que por su naturaleza jurídica permiten ser instrumentos fiscales por excelencia, con diversas funciones y beneficios, para una buena gestión comercial y financiera, así como el intercambio comercial de bienes y servicios. La figura jurídica más usada es la sociedad anónima que ayuda a proteger la identidad de los accionistas titulares; porque pueden aparecer otras personas por medio de los poderes no registrados y así obtener una buena discrecionalidad.

Este tipo de firmas legales, se enmarcan dentro de los circuitos notariales según el instituto notarial panameño; diferente a Costa Rica donde la mayoría de los abogados pueden ejercer la Notaría en todo el país; en Panamá funciona por medio de los circuitos o circunscripciones provinciales y comarcales; solamente se ejerce en su zona. Los grandes bufetes están dentro del distrito financiero ofreciendo los servicios de asesoría legal, derecho comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales, propiedad intelectual, etc. El Bufete MF opera desde 1977 y dicen que durante 40 años jamás han sido acusados de actividades criminales; tienen oficinas o corresponsalías en todo el mundo, entre ellos los países donde se consideran son “paraísos fiscales” como: Andorra, Anguila, Aruba, Belice, Islas Seychelles, Bahamas, Islas Caimán y Panamá. Estas asesorías ayudan a que empresas y ciudadanos que tienen dinero puedan obtener una exención total o una reducción importante en el pago de los principales impuestos y garantiza el “secreto bancario” y la discrecionalidad de los propietarios.

Nuestro país siendo vecino de Panamá, no podía quedar inmune ante esta gran investigación filtrada y los dos medios nacionales revisaron documentos del Bufete MF, y aparecieron algunos costarricenses a nivel individual o por medio de empresas costarricenses. Los dos medios señalan algunos casos específicos cada uno con sus características propias; que tendrá que determinar el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Hacienda si realizaron algún tipo de delito contra las leyes costarricenses, para esconderse del fisco, elusión y evasión fiscal, utilizando los servicios legales offshore que se facilitan en el hermano país del sur; para enviar o depositar capitales a otros países, o simplemente realizaron transacciones legítimas y ajustadas legalmente; lo que la normativa permite para operar en ese mundo financiero, sin necesidad de tener el domicilio en otro país; y poder seguir viviendo en Costa Rica.

Cada caso es diferente por cuanto aparecen 72 jefes de Estado y ex jefes de Estado de muchos países alrededor del mundo, así como empresarios, deportistas y políticos de renombre. Se tendrá que determinar en el caso costarricense si es cierto como dice el Semanario Universidad cuando señala que: “Los archivos filtrados de Mossack Fonseca muestran un fenómeno de enorme interés público por sus consecuencias sociales, económicas y políticas, claves para entender la Costa Rica contemporánea. La filtración desnuda el enorme esfuerzo, legal, económico, intelectual y logístico que realiza un grupo de políticos, empresarios y banqueros de Costa Rica para transferir su capital al extranjero, aprovechar ventajas fiscales domésticas y sortear al máximo el pago de impuestos en territorio costarricense.” Nuestro país no tiene el impuesto de Renta Mundial, es decir que no se puedan perseguir en el extranjero las utilidades que se produzcan fuera del país y hacer posible su gravamen tributario.

Es un tema que está en la corriente legislativa; pero vamos a ver si con este enorme escándalo los diputados costarricenses reaccionan y cierren realmente los portillos legales (ya que puede existir en la actualidad legalidad, aunque como se dice no es moral); pero para evitar la tentación de los paraísos fiscales; lo prudente y lo que se impone es establecer las medidas legales tributarias. Incluso vemos como en Islandia cayó y renuncio el Primer Ministro David Gunnlaugsson; en esos países no se andan por las ramas. Aquí en la Asamblea Legislativa sigue la discusión del proyecto de ley para crear el Registro estatal de accionistas de las sociedades y empresas, el cual sería administrado por el Banco Central de Costa Rica, con el fin de mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Este registro permitiría conocer quiénes son los beneficiadores finales de los réditos o ganancias de las empresas.

Es importante la protección de los datos y evitar la vulnerabilidad del “hackeo” como en este caso del bufete MF que infiltraron electrónicamente millones de documentos de sus archivos (apenas para realizar una película al estilo Misión Imposible o el Agente 007). Finalmente en nuestro país, la Fiscalía General de la República ordenó iniciar la investigación sobre el caso “Panama Papers”, mediante la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios-Aduaneros y Propiedad Intelectual coordinando con el Ministerio de Hacienda, a fin de determinar si ha existido algún ilícito, elusión, evasión o fraude fiscal, etc., por parte de los personajes mencionados o no mencionados y las diversas empresas que han utilizado los servicios de sociedades offshore en el vecino país, que incluso el Presidente Juan Carlos Varela ha salido a defender los servicios financieros que otorga Panamá y llamo al diálogo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para que se busque mayor transparencia y mejores controles sobre “el blanqueo de capitales” y así frenar que se siga afectando la imagen de su país.

Igualmente el Presidente de EE.UU. Barack Obama salió al paso manifestando que se debe luchar contra la opacidad fiscal y financiera. Francia afirmó que volvería a colocar a Panamá en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia fiscal. Estas son las primeras reacciones y medidas inmediatas sobre este gran escándalo financiero internacional y de “corrupción legal” como también la han denominado. Esperemos que en Costa Rica finalmente se aprueben las medidas concretas para evitar el fraude fiscal y esto podría iniciar de ser posible si se aprueba el proyecto de “Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal”, que venga a tener mayores controles en el pago de los impuestos de venta y renta; ya que en la actualidad existe un vacío legal para regular las sociedades inscritas bajo la modalidad offshore y evitar el no pago de los impuestos; además de que Panamá se niega a firmar un convenio de intercambio de información. Si queremos ser aceptados por la OCDE, debemos tener mayor transparencia para que no se nos siga endilgando de ser un “Paraíso fiscal”. Ojalá salgamos de esta crisis fiscal y financiera que impiden el desarrollo social y económico del país.