Costa Rica: las finanzas públicas y la agenda del futuro

Ágora*

Guido Mora
guidomoracr@gmail.com

El déficit fiscal, no es más que la diferencia entre los ingresos y los egresos de las arcas públicas.

Este es un problema que nos ha preocupado, desde la última Administración de Oscar Arias, cuando de un superávit de 0,5% con que recibió las finanzas públicas en el año 2006, lo entregó con un déficit de más del 5% del PIB en el 2010.

Laura Chinchilla, durante su Administración (2010-2014) no logró superar los retos que este problema le planteaba, entre otras cosas por la obstrucción que realizaron los representantes del Partido Acción Ciudadana. Durante la administración Solís Rivera (2014-2018), se minimizó el problema, hasta que, a partir del segundo año, se encendieron las luces de alerta, por el efecto acumulativo que tiene el pago de intereses de la deuda pública, situación que atenta agresivamente contra la viabilidad de las finanzas del Estado costarricense.

La administración Alvarado Quesada, comprendiendo la necesidad de resolver este problema, -ya que “sin recursos no hay gobierno”-, decide emprender las acciones orientadas a atenuar el impacto que la escasez de recursos generaría, no sólo a la gestión de Gobierno, sino también a la sociedad costarricense.

Malos en su gestión de comunicación, los jerarcas de esta Administración no han podido explicar a los costarricenses, que la atención del problema fiscal se ha cifrado no sólo en el impulso del Plan para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como Plan Fiscal, sino que también se han emprendido acciones en otros campos de la gestión tributaria y económica.

Tal como lo establece nuestra Constitución Política, en el Inciso 13 del Artículo 121, es a la Asamblea Legislativa, a la que le corresponde “Establecer los impuestos y las contribuciones nacionales y municipales”, y que, en este cuerpo político, como lo señaló la diputada liberacionista Ana Karine Niño, ha prevalecido la demagogia y politiquería, es que el foco de la atención se ha concentrado en el accionar de este Poder de la República. Al fin y al cabo, los nuevos impuestos nunca son populares.

Sin embargo, contrario a lo que se piensa y a lo que argumentan los sindicatos del Sector Público, la atención del problema fiscal sobrepasa este conjunto de medidas impositivas y abarca, además, otras acciones orientadas a resolver el faltante de recursos.

La reducción del peso del déficit fiscal sobre el PIB puede acometerse de dos maneras: a- vía reducción de gastos, para racionalizar o eliminar algunos compromisos económicos del Estado y b- vía reactivación económica e incremento del PIB, para reducir el peso del faltante de recursos, en relación con los ingresos.

Esta Administración, en la vía de la reducción de egresos, tomó la determinación de congelar los salarios de los jerarcas públicos, de limitar los viajes al exterior y de regular los gastos del Sector Público, con el fin de dar señales claras de su compromiso con la racionalidad fiscal. De hecho, el crecimiento del Presupuesto para el año 2019 fue sólo de un 1% del PIB, en relación con el presupuesto de 2018, cifra que no se veía desde hacía muchos años y que refleja el compromiso de la administración Alvarado con la atención de la crisis de las finanzas públicas.

En esta misma orientación, en agosto de 2016, se aprobó la “Ley Marco de Contribución Especial”, que generaliza y reafirma, en el Artículo 3, la aplicación de un programa de reducción de las pensiones denominadas “de lujo”, a cargo del Presupuesto Nacional, mediante la imposición progresiva de tributos. Esta norma existía previamente en la legislación costarricense en la Ley No. 7531 – Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional que, en el Artículo 31, incisos del “a” al “f”, establece la imposición escalonada de un tributo entre el 25% y hasta el 75% de aquellas pensiones que tengan un exceso, en relación con el salario base de la Administración Pública.

La aplicación de esta medida ha “ahorrado” miles de millones de colones al erario, desde el momento de su aplicación y derriba el argumento de los sindicalistas, sobre el desinterés de eliminar las pensiones de privilegio.

Por la vía de los ingresos, la Administración tributaria está también librando una lucha contra la evasión y la elusión: la emisión de la factura electrónica, el control cruzado que realiza el Ministerio de Hacienda, la obligatoriedad de hacer pública la lista de accionistas de las empresas privadas y la exigencia de la actualización de la información en los bancos públicos y privados, procura disminuir y atacar fuertemente la evasión del pago de tributos, que lamentablemente se ha convertido en práctica común entre algunos grupos de empresarios y profesionales que desarrollan sus actividades económicas en nuestro país.

El programa para reducir los trámites en el sector público; para impulsar la creación y formalización de micro y pequeñas empresas y las iniciativas para reactivar la economía, anunciadas recientemente por la Administración Alvarado Quesada, se orientan también a superar el problema económico, evitar la crisis fiscal y soslayar los efectos que ésta acarrearía a todos los grupos sociales, pero, sobre todo, a los de menores ingresos.

La discusión, sin embargo, debe superar este estadio.

Esperemos que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad con Costa Rica y, a pesar de las posiciones inconscientes de los representantes de los partidos políticos populistas e improvisados y de los líderes sindicales del Sector Público que pretenden desestabilizar al país, apruebe las próximas semanas, el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La agenda de futuro:

Pero el país no debe ni puede quedarse allí. Es indispensable repensar las acciones que nos conduzcan a transformar Costa Rica y adecuarla a las necesidades que plantea la economía del Siglo XXI.

Para ello se deben acometer otras acciones relacionadas con la transformación del Estado -de lo público y lo privado-, de manera que nos permita fortalecer la democracia política y económica, como sistema de Gobierno.

Menciono algunas de ellas:

Es indispensable transformar la relación laboral del Estado con los empleados públicos: la Ley de Empleo Público es una necesidad. Debemos detener la anarquía, redefinir y estandarizar las relaciones laborales y el reconocimiento salarial de los empleados públicos. El empleado público debe dejar de ser un fin en sí mismo y tiene que transformarse en un agente promotor del desarrollo, de la eficiencia y del impulso de las iniciativas sociales, públicas y privadas, que estimulen el desarrollo y la democracia económica.

Es impostergable racionalizar el Estado costarricense. La existencia de múltiples instituciones públicas, para atender la problemática social o la dinámica económica, sólo genera duplicidad de funciones, gastos irracionales, burocracia y corrupción.

La reforma del Estado, que se ha postergado por tanto tiempo, es hoy día urgente, y debe orientarse a optimizar el uso de los recursos en la generación de las oportunidades que requieren los sectores sociales, más desprotegidos.

La readecuación de los instrumentos estatales, para atender los problemas de la sociedad de este nuevo siglo, es urgente y necesaria. Requiere una profunda reflexión que nos conducirá a pensar, en la Costa Rica que queremos construir para los costarricenses del futuro.

Tenemos que hacer conciencia de que el problema de los déficits y de la creación de modelos de desarrollo no son coyunturales. Estos problemas fiscales, no son más que la manifestación más evidente de la crisis del capitalismo como sistema económico. No es casual que este problema también lo estén enfrentando países como Argentina, Honduras, otros de América del Sur y hasta el mismo Estados Unidos, donde se señala como uno de los que más urge atender.

Es apremiante redefinir el modelo de desarrollo que requerimos para el futuro de nuestra Nación: urgimos una economía más inclusiva y el desarrollo de mecanismos para una mejor distribución del ingreso. No podemos continuar siendo parte del club de países más desiguales del mundo.

La generación y redistribución de recursos, nos debe conducir a unificar los esfuerzos y los recursos -públicos y privados-, abandonando el discurso confrontativo que promueve la dirigencia sindical del Sector Público, para retomar la ruta del desarrollo y de la democracia económica, que debe ser el objetivo que nos oriente.

En la economía de este Nuevo Siglo, la de la tecnología, la información y el conocimiento, no podemos permitir que jóvenes costarricenses se queden rezagados y abandonen su formación profesional o técnica. La deserción provoca empobrecimiento y es un obstáculo para la realización como ser humano. Debemos analizar prospectivamente los requerimientos del mercado de trabajo, con el fin de vincular a los costarricenses del presente y el futuro, a los círculos virtuosos, que les permita satisfacer las necesidades económicas propias y de sus familias.

Es indispensable evaluar, reformular y readecuar los programas educativos, el papel y el compromiso profesional de los educadores que los imparten.

Se deben acometer con urgencia, los retos por el mejoramiento, la construcción y el desarrollo de la infraestructura necesaria, que permita al país competir exitosamente en el mercado de la economía del turismo, que es una de las actividades de más firme y rápido crecimiento -representa, según datos de la Organización Mundial del Turismo, un 9% del PIB mundial y 1 de cada 11 empleos. En este campo y gracias a las labores de conservación y protección de nuestros ecosistemas, Costa Rica tiene mucho que ganar y mucho que aprovechar.

Se debe profundizar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, penalizando a los infractores -empresarios, profesionales o contadores-, que maquillan los Estados Financieros y promueven el delito fiscal, promoviendo la pena de cárcel, a quienes se apropian ilegalmente de los recursos económicos, que la sociedad requiere para su funcionamiento.

En la misma dirección, hay que luchar contra la informalidad, los delincuentes comunes y el narcotráfico, que, mediante el blanqueo del dinero, impulsan el desarrollo de actividades ilícitas, que atrofian el desempeño de las empresas legítimas, en el juego de la economía.

En el campo de lo privado, el Estado debe promover políticas de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, apoyándolas con recursos y acompañamiento, para que desarrollen y fortalezcan las habilidades no sólo vinculadas a la generación de empleo -como ocurre con las microempresas de subsistencia-, sino que además se conviertan en generadoras de riqueza y de conocimiento, de manera que produzcan bienes o servicios, con el valor agregado que las transforme en protagonistas del proceso de generación y distribución de la riqueza.

Y finalmente tener claro, muy claro, que nada de esto se logrará, si no realizamos un esfuerzo supremo por promover la educación y la formación de nuestros ciudadanos, hasta garantizarnos que obtengan el conocimiento necesario y un título académico o técnico; el dominio de uno o más idiomas extranjeros y la certeza de que cuenten con las herramientas para competir con las economías que liderarán la historia del Siglo XXI.

Tal como lo he señalado en otras oportunidades, estas metas sólo se obtienen trabajando ardua e incansablemente, para construir la Costa Rica del futuro.

* El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas.