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Fernando Berrocal
Las coimas, dádivas, compra y venta de conciencias, sobreprecios, favores sexuales y comidas, lenguaje soez, desfachatez, cinismo y, finalmente, el envilecimiento de los procedimientos y las relaciones entre el MOPT-Conavi y dos empresas de construcción nos llevan al límite como país.
Envilecer significa asumir lo que es malo como normal y corriente. Es el triunfo del mal sobre el bien en un Estado de derecho. A esos extremos se llegó.
Hace bien el Ministerio Público en pedir un año de prisión preventiva para los principales actores de esta trama vil, cínica y corrupta. En estos casos, al igual que en los de narcotráfico, la prisión preventiva debe ser siempre la norma.
Sin duda alguna es un triunfo de los mecanismos legales de investigación judicial, sin los cuales casos como este nunca llegarían a establecerse con tanta precisión y valor probatorio. Desde hace dos años, autorizados por un juez de la República, los agentes judiciales tenían pinchados los teléfonos de los principales actores y sospechosos, grabando sus conversaciones y orientando una compleja y difícil investigación que, como resultado final, destapó uno de los más grandes escándalos de corrupción nacional. En hora buena.
¿Cuántos otros existirán? La corrupción se volvió sistémica. Un argumento más a favor de quienes defendemos e insistimos, desde hace muchos años, en la necesidad de una reforma integral del Estado costarricense, como imperativo de salida para la recuperación institucional, económica y social de nuestro país.
Silenciosamente, el efecto mayor de este monumental escándalo se producirá en la ya muy deteriorada confianza ciudadana en la política y sus repercusiones serán demoledoras en el proceso electoral en marcha hacia febrero del 2022. Esto es sumamente grave para el sistema democrático.
Al descubierto ha quedado una radiografía vergonzosa de la realidad nacional.
Frente a ello, el sistema judicial tiene que funcionar correctamente y establecer las responsabilidades penales que proceden, al nivel que sea, caiga quien caiga. El peso de la ley debe hacerse sentir en toda su dureza y frialdad.
Lamento, por ello, que la Corte Suprema de Justicia, aislada del mundo real de los ciudadanos, en su torre de marfil, no haya advertido a la señora fiscal general de la República que en un Estado de derecho y en razón de su alto e importante cargo público no puede ser que por octava vez tenga que inhibirse de ejercer sus responsabilidades legales, en razón de sus relaciones de pareja con un abogado penalista y defensor calificado en todos esos casos.
Opino que esta situación es inadmisible y que el interés público está por encima de los intereses privados.
