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Carlos Manuel Echeverría Esquivel
El 20 de julio recién pasado, la calificadora financiera Fitch Ratings de Nueva York, le dio al ICE una calificación BB, con perspectiva negativa, contrastante con la costarricense a escala nacional, AAA, que es no la deseable, todos sabemos de la situación financiera del país, pero al menos es estable, por el momento. Esta llamada de atención de Fitch, me ha puesto a reflexionar sobre la situación institucional del país. Elaboro.
Durante años, el ICE ha sido nuestro “trapito de dominguear”, algo así como lo que es su similar HydroQuebec para los “quebecois” (Quebecua, en castellano). Basta con leerse el libro “La difícil apertura del mercado eléctrico en Costa Rica”, un valioso compendio de publicaciones periodísticas mezcladas con opiniones del autor, Ricardo Trujillo Molina, MScEE, que más que todo es un compendio de “tortas” (pifias) y una opinión entre varias del autor que destaco, cuando dice que el ICE jugó un papel valiosísimo tanto en energía como en telecomunicaciones para llevar esos servicios a todo el país, pero que no ha sabido adaptarse a la fase actual. Siempre me he puesto la “camiseta amarilla” y todavía la tengo puesta, pero a desgano e inconforme: las “tortas” son desde hace años legendarias y nadie es sancionado, nadie se hace responsable. Se trabaja sin prisa, como “en el tiempo de antes” diría mi tata (QDDG); no hay muestras de gestión de primera, como corresponde a una institución de ese calibre. Los trabajadores, sindicalizados como es su derecho, similar al de los empresarios que se agremian, toman una actitud de empoderamiento, como si el ICE fuera de ellos, pero totalmente inconsecuente con lo que es una gestión correcta de éste bien público. El ICE se ha convertido en un problema financiero para el país y si no lo vemos todos así, todos debemos de tomar conciencia que las pifias nos han costado muchísimo dinero a todos, pues el ICE es de todos.
Si esa es la situación del ICE, nuestro orgullo, pensemos en cuál es el estado de las otras instancias del Estado, del Gobierno Central y el desconcentrado políticamente y el descentralizado, el sector municipal, sector este último y del que ahora, que maneja mucha plata, se habla mucho y feo sobre malos manejos, sueldazos a niveles superiores y poco capacidad para cumplir con sus funciones claves. Así es, el aparato estatal costarricense el primer problema que me parece tiene, es el de una gestión inadecuada, en mucho casos ejercida por operadores políticos que poco saben de gerencia pública o prefieren actuar como si no supieran, en algunos casos, como ya hemos visto hasta la saciedad, con fines distintos a la potenciación de la eficiencia y la eficacia, la efectividad, en la gestión. Muchas veces provienen de la entraña institucional y para favorecerse posteriormente, negocian “con manga ancha” acuerdos y convenciones con los trabajadores, sin medir las consecuencias que actuaciones colectivas de ese tipo, generan para la buena marcha integral del país, hoy tan comprometido financieramente. Pareciera como que se formó un segmento social arribista, hoy ya casi que orgánico, que sin generar más riqueza, quiso subir en la escala socio-económica para rivalizar con los empresarios de alto nivel y emprendedores exitosos. Ahora no hay forma de deshacer esos derechos adquiridos y hasta la misma Sala Constitucional, establece topes de años de servicio por cesantía de 12 años, cuando el Código de Trabajo señala un tope de 8 años. Por supuesto que encontrarán el artificio legal para justificar la permanencia de cualquier exceso, olvidándose de la ética y moral, letra muerta en Costa Rica.
Otro tema importante, que toqué tangencialmente cuando hablaba del ICE, es el de sentar responsabilidades por las tortas y malos manejos; los juicios los pierde el Estado por desidia, incapacidad o quizás alguna razón inconfesable o prescriben, por razones similares. Cuando se castiga administrativamente la negligencia, los castigos son risibles, como lo hemos visto estos días en el caso nada menos de nuestros Supremos Jueces, personas que deberían ser inmaculadas y maestros en cuanto a la imagen del buen Estado que proyecten. En la CCSS hay mucha “tela que cortar” al respecto. El renunciar, como sucede en los países desarrollados a los que queremos unirnos como justa aspiración como país miembros de la OCDE, por eventos que consideraríamos en Costa Rica de poca monta, es impensable.
Por primera vez en muchos años, hay un hervor diferente en el país, que podría conducirnos a reparar el daño que algunos tanto le han hecho al país. No podemos fracasar, ni en proveer al estado de más ingresos y reducir los que están demás, empezando por supuesto por las muchas granjerías, promoviendo recobrar la unicidad del Estado costarricense, hoy totalmente fragmentado con odiosas e injustificadas diferenciaciones atribuibles al “yosipudepuedausted”. No se trata solamente de gastar menos; se trata de hacer más con menos. Hay que recoger lo que se debe y recobrar lo mal pagado.
Se hace necesario ir más allá del aumento de recursos y la disminución del gasto que ciertamente tendrá su impacto negativo al inicio del proceso de adelgazamiento del obeso e insuficientemente productivo aparato estatal, pero luego la economía mejoraría. Es perentorio el mejorar la gestión a nivel superior y a niveles más operativos dentro de las instancias del aparato estatal. Es clave la claridad en cuanto a la definición de políticas, que se han de desglosar en estrategias, programas, proyectos y actividades, para de allí construir los presupuestos realísticamente, a fin de que no hayan absurdas sub ejecuciones y más absurdo todavía, el afán de gastar irresponsablemente para cumplir. Así mismo, tanto lo relacionado a la definición e implementación de las macro políticas estatales como a la gestión a nivel de unidad productiva de servicios al público o bienes, debe legalmente respaldarse en la Ley General de la Administración Pública, a la que el Señor Presidente se ha referido varias veces.
En El Salvador por ejemplo, donde el gobierno no es un dechado de virtudes, hacen pasos a desnivel que complementan rotondas y que parecen montañas rusas en a lo más 15 meses; he visto hacer tres de esas en los últimos años, todas funcionales. Para ilustración de lo dicho, puede el lector ingresar aquí. En Costa Rica duramos 2 años para hacer un puente sobre la carretera de circunvalación que al poco tiempo de ponerse en servicio, se saca de uso por algún defecto en su construcción. No hablemos del período inconcluso de la circunvalación.
Es necesario definir multidimensionalmente los perfiles ideales de quien gestionen instancias del aparato estatal y promover un esfuerzo supremo de las universidades del país para modernizar y volver útiles para lo que estamos tratando aquí, a las escuelas de administración pública y conexas, que deberían actuar como sistema. Par ello pueden colaborar el INCAE y el ICAP, el vetusto Instituto Centroamericano de Administración Pública, quizás la instancia peor aprovechada en su potencial en el marco del SICA, al que pertenece. La estabilidad del funcionario, nunca la inamovilidad, es fundamental en este proceso de optimización de la gestión pública. En Inglaterra por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno, inclusive cuando es de partido, no hay cambios forzados del nivel del subsecretario para abajo.
El logro de la efectividad en la gestión pública, no es “soplar y hacer botellas”; requiere de un esfuerzo extraordinario en áreas de impacto político y macro económico que ya se está dando, pero también en el mejoramiento de la gestión multidimensional, que me parece no se está dando; alentadoramente, es tema de una de las comisiones presidenciales de reforma del aparato estatal costarricense.
– Miembro de la COREC I y Ex viceministro de Planificación.
