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Enrique Gomáriz Moraga
Uno de los pocos lugares que los guerreros talibanes no controlan en Kabul es el aeropuerto internacional, guardado hasta ahora por fuerzas estadounidenses, al objeto de permitir la repatriación y huida de los ciudadanos que logran entrar en sus instalaciones. Sobre sus pistas ya se han visto las dramáticas escenas de la gente que trata de lograr un lugar en los aviones que buscan despegar. Y el gobierno de Biden ha sido taxativo: todo ataque militar a las fuerzas que guardan el aeropuerto será considerado un acto de guerra contra Estados Unidos. Los principales jefes talibanes han prometido que no realizarán esos ataques, pero en Afganistán el control de las fuerzas en presencia siempre ha sido algo muy relativo. De hecho, ya se han producido los primeros muertos de talibanes exaltados que han tratado de asaltar el aeropuerto. No hay que descartar que ese conflicto localizado sea el inicio de un segundo acto de la catástrofe.
La única respuesta de la comunidad internacional a la caída de Kabul ha consistido en una reunión abierta de emergencia del Consejo de Seguridad. En ella se ha podido observar un rosario de intervenciones aceptando lo dramático del suceso, y se han atisbado algunas diferencias: mientras el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pone énfasis en la exigencia de respetar los derechos mínimos, Rusia y China se inclinan por entablar negociaciones con el nuevo gobierno en formación. Estados Unidos no muestra sus cartas de inmediato (de hecho, destaca el silencio de su presidente en las primeras horas), más allá de exigir que sus soldados en suelo afgano sean intocados.
En realidad, la única certeza destacable es la falta de previsión sobre la celeridad con que los talibanes han tomado Kabul. Solo algunos expertos en la guerra afgana y varios militares habían advertido que esto podría pasar así de rápido. Pero los servicios de inteligencia occidentales, y particularmente de EE.UU., insistían en que faltaban varios meses para que Kabul cayera. No contaban con el hecho, constatado, de que el ejercito afgano oficial no defendería la capital, pasándose muchos de ellos a las fuerzas atacantes.
Pero la cuestión consiste en que, más tarde o más temprano, la victoria definitiva de los talibanes estaba cantada. Y la comunidad internacional tiene alguna idea de la violencia de todo tipo que los talibanes han ido cometiendo en los territorios conquistados. Sobre todo en las ciudades. Resulta inexplicable que sólo quince años antes tuviera lugar en Naciones Unidas un debate crucial sobre la responsabilidad de proteger a las personas de genocidios, masacres y crímenes contra la humanidad. Aludiendo a este asunto, el entonces Secretario General, Kofi Annan, afirmaba: “La intervención humanitaria es una cuestión delicada, plagada de dificultades políticas y sin soluciones fáciles. Pero sin duda no hay ningún principio jurídico —ni siquiera la soberanía— que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. En los lugares en que se cometen esos crímenes y se han agotado los intentos por ponerles fin por medios pacíficos, el Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de la comunidad internacional… La intervención armada debe seguir siendo siempre el último recurso, pero ante los asesinatos en masa es una opción que no se puede desechar”.
Es cierto que la resolución de la Asamblea de la ONU de 2005 sobre esta materia es bastante más cauta: “La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana”. La causa de esa cautela procedió de las reservas mostradas al respecto por China y Rusia. Pero aun así quedó la idea de que la responsabilidad internacional de proteger formaba parte del derecho internacional. Las personas no pueden perder la vida o sus derechos mínimos en un país o determinada región, de forma masiva, sin que la comunidad internacional tome cartas en el asunto. Y, desde luego, no se trata de una intervención unilateral de un país o potencia militar, sino que esa intervención debe ser cautelada por Naciones Unidas.
Cabe pues la pregunta: ¿Qué pasó con la responsabilidad internacional de proteger en el caso de Afganistán? ¿Es que no se están dando asesinatos por doquier? ¿No tiene lugar un aplastamiento masivo de sus derechos humanos, sobre todo en mas de la mitad de su población, como son las mujeres afganas? ¿Es posible que la comunidad internacional pueda quedarse cruzada de brazos?
La CNN reprodujo una entrevista a un actor de teatro de Kabul que resulta ilustrativa: “nos sentimos completamente abandonados y traicionados por la comunidad internacional. No hay nada peor que creer en sus cuentos sobre la protección de los derechos humanos”.
Por otra parte, la catástrofe afgana no tendrá sólo una dimensión local, sino que va a tener efectos internacionales. El primero de ellos va a suceder en Estados Unidos. Los comentaristas en ese país ya han acuñado una frase categórica: “Afganistán será el Vietnam de Biden”. Y los congresistas republicanos más atrevidos ya están solicitando la dimisión del presidente. Es cierto que la rápida toma de Kabul esta mostrando una administración desconcertada y sin respuestas. La credibilidad del mandatario que hace sólo un mes se atrevía a asegurar que las escenas de la caótica retirada de Saigón no se repetirían en Kabul, ha quedado por los suelos.
Los demócratas insisten en que la negociación con los talibanes para el retiro de las tropas estadounidenses fue iniciada por el presidente Trump. Y tienen razón. Pero lo cierto es que Biden no se separó de esos acuerdos y comenzó a ejecutarlos. Y la mayor acusación contra el actual presidente consiste en señalar que, cuando fue evidente desde mayo que los talibanes desarrollan una ofensiva arrolladora, Biden no tuvo capacidad de elaborar un plan B. Algo que aceleró la marcha de los talibanes. Hoy, cuando el despropósito ya está consumado, es difícil saber cuál será el próximo acto de esta catástrofe política y humanitaria. Desde luego, toda solución que pase por confiar en las promesas de los jefes talibanes de que gobernarán el país de una forma moderada, estará condenada al fracaso. O a la hipocresía.
