Un nuevo Gobierno ante un creciente y peligroso déficit fiscal

Desde mi perspectiva

José Francisco Bolaños Arquín

El Gobierno y la Asamblea Legislativa, inician con un nuevo período con una enorme responsabilidad de conducir a buen puerto los destinos de nuestra patria.

Son muchos y variados los problemas que deberán afrontar, sin embargo el que requiere de atención inmediata es el creciente y peligroso déficit fiscal, que podría poner en peligro a muy corto tiempo, nuestra estabilidad económica, política y social.

La nueva presidenta de la Asamblea Legislativa Carolina Hidalgo, fija un plazo de hasta de 6 meses para que los nuevos diputados puedan hacer las variaciones que consideren adecuadas al Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dejaron pendiente los anteriores diputados y que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, dicha propuesta, reducía el déficit en un 2,4% del PIB.

En las pasadas elecciones, el pueblo costarricense le dio una segunda oportunidad al Partido Acción Ciudadana de continuar en el poder por cuatro años más, por lo que no se puede decir que está en un periodo de aprendizaje, sobre todo en un tema tan sensible como es el déficit fiscal y el creciente endeudamiento; esto ha provocado que las principales calificadoras de riesgo, estén pendientes de las medidas que se tomen con el inicio de esta nuevo Gobierno para mantener, mejorar o degradar más nuestra calificación, que en la actualidad nos ubican en BB-.

Con un déficit fiscal que en 2017 fue de 6,6% y para este año, será superior al 7% del PIB y con proyecciones de continuar creciendo en los próximos años, si no se toman las acciones necesarias para disminuirlo en alrededor al 3%, considerado por expertos como un porcentaje aceptable y perfectamente manejable.

Nuestro país se ha acostumbrado como se dice a “patear la bola”, con lo que ha perdido un tiempo muy valioso en estos últimos años; situación que podría explotar en poco tiempo, con graves e incalculables consecuencias de enfrentar una situación similar a la de Grecia.

Paralelo a lo anterior y sin duda parte de esa problemática, es la deuda costarricense, que ante mayores gastos en relación con los ingresos fiscales, se ha venido recurriendo al endeudamiento para cubrir ese faltante. En la actualidad la deuda representa el 50% del PIB, lo que equivale a unos ₡28 mil millones de colones y el pago de intereses este año es de ₡1.4 mil millones de colones, un 4% del PIB y lo más preocupante es que parte de esa deuda se utiliza para pagar intereses por deuda, salarios y pensiones con cargo al presupuesto y un porcentaje muy pequeño en la necesaria infraestructura, que este país requiere con urgencia y que se ha postergado por años.

Esta situación hace que nuestro país tenga que pagar tasas de interés cada vez más altas, para colocar bonos soberanos del Gobierno de Costa Rica, a medida que nos degradan la calificación.

A nivel interno también tiene sus repercusiones, ya que para acceder a un crédito bancario, las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, los emprendedores y ciudadanos, tendrán que pagar altos intereses; provocando una disminución en las inversiones y un aumento en el precio de los bienes y servicios; que complican aún más la situación y en donde se puede ver un aumento del desempleo en el último año de 10,3%.

Nuestro país se encuentra en un período muy complicado que amerita lograr verdaderos y sinceros acuerdos entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa, los distintos gremios y sectores, para buscar una verdadera y pacífica solución a esta peligrosa coyuntura con una reforma fiscal justa y equitativa.

Esto implica además, de mejorar el control y calidad del gasto público, donde un 96% de los egresos están comprometidos, hay que tomar acciones inmediatas como lo es entrarle de frente a la alta evasión fiscal, el contrabando, las pensiones de lujo, los altos y desmedidos salarios en instituciones públicas, viáticos, viajes al exterior, consultorías y exoneraciones por nombrar algunas. Como se puede observar, existen alternativas para aumentar los ingresos y disminuir el déficit fiscal en varios puntos porcentuales y no solamente afectando a los trabajadores, como única opción para resolver el problema fiscal.

Con respecto a las transferencias del Gobierno Central (incluye los tres poderes de la República), se debe entrar en un proceso de profundo análisis. En los últimos 10 años, éstas han aumentado considerablemente hasta alcanzar en este 2018 el 9,6% del presupuesto y se nota que algunas instituciones no cuentan con la capacidad gerencial y operativa, con trámites lentos y la no ejecución de los presupuesto en su totalidad quedándoles un superávit.

“Nuestro país, con voluntad, decisión, liderazgo y patriotismo, contará con opciones para lograr un presupuesto más equilibrado.”