Vía costarricense
Johnny Soto Zúñiga
La vida de las comunidades o sociedades humanas implica una organización jurídica y política que ordene las relaciones sociales y las instituciones públicas. Esta función la realiza el Estado; es su ser esencial, y en este tema existen múltiples teorías o maneras de pensar o concebirlo; en su existencia histórica este ente es un fenómeno en donde todos los ciudadanos somos parte queramos o no; es decir es una obligación vivir en el Estado, Nación o República en que nacimos o escogimos cohabitar. Si bien en una eventual reforma constitucional debe revisarse todo lo referente al concepto y función del Estado; esto rebasa aspectos meramente del Derecho Constitucional, si no que se convierte en un asunto más integral, que encierra todos los ámbitos de una sociedad organizada. En la actualidad en Costa Rica varios juristas e interesados en estos temas están hablando de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que revise y reforme la Constitución Política de 1949 (COPOL)
El Artículo 1 de la COPOL expresa: “Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.” Desde nuestra independencia en 1821 escogimos tener un Estado republicano, soberano y nacional; esto conlleva que nos auto administramos y gobernamos con base en nuestro ordenamiento jurídico. Si suscribimos Tratados Internacionales y otros convenios debemos respetarlos con base a la Teoría de Kelsen y su famosa pirámide de la jerarquía de las fuentes. Somos un Estado democrático y no autoritario, donde existen diversos poderes de la República, que actúan de forma independiente y se controlan recíprocamente; esto es bueno para evitar las dictaduras o el interés de que un poder esté encima de otro poder dictándole lo que tengan hacer como pasa en otros países; donde el sistema democrático es frágil y el dedo maligno de una persona es la que dicta las funciones y actos administrativos según su voluntad unilateral; y esto es muy peligroso y atenta contra los derechos fundamentales y la buena convivencia en un Estado republicano.
Se debe dejar claro que el “Estado es uno solo”; todos los ciudadanos de este país somos parte de este ente y todos debemos contribuir aportando nuestro “granito de arena” al desarrollo social y económico donde vivimos. Por eso no se vale hablar del Estado como un ser lejano, o como que no es con nosotros. El pueblo exige respuestas y soluciones reales a los múltiples problemas de todo tipo y no le importa que el Estado tenga varios detentadores del Poder Público; si no más bien se desilusionan de observar los “pleitos y diferencias de criterios” de los actores que no conducen a nada. El Estado no solo lo integra el territorio y la población, si no que integra a todos en su totalidad y diversos ámbitos, Poderes e instituciones públicas y privadas; todo está interrelacionado de forma real y cualquier análisis es parte del conjunto en beneficio del bien común de la ciudadanía. No es solamente un asunto entre gobernantes y gobernados; el Estado es una unidad compleja y cualquier reforma estructural debe tomarse en cuenta a todas las partes que lo componen.
En nuestro país, es mediante el sistema de partidos políticos que se accede a elegir actores o representantes ante los poderes públicos que conforman el Estado; por eso la lucha entre estos actores a veces resulta encarnizada por tener el control y dirigir la esencia del propio Estado. Por eso es cosa de todos los días ver el espectáculo en varios poderes de la República como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde se dan los “dimes y diretes” de quienes gobiernan, coadministran o quienes deben llevar la voz cantante en cuanto a la creación de los actos administrativos, las resoluciones y la iniciativa en la aprobación de las leyes de la República. Mientras tanto el pueblo observa, critica, cuestiona y aprueba o desaprueba lo que democráticamente y con plena libertad de expresión considera debe ser el rumbo de los poderes públicos.
Varios juristas reconocidos en el país como los doctores Alex Solís Fallas y Walter Coto Molina, han venido planteando la necesidad de realizar una reforma integral constitucional a la COPOL aprobada en 1949 y que ha recibido alrededor de 92 enmiendas o “parches” durante todo este tiempo. Sin duda una reforma estructural y estatal debe pasar por el tamiz de una nueva Constitución Política (máxima norma legal en un país). El Poder soberano reside en el pueblo y se hace conciencia de una reforma constitucional; éste podría exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por alguna de las vías legales del procedimiento que permite nuestro ordenamiento jurídico. Incluso hasta mediante un Referéndum podría el pueblo solicitar si quiere o no una nueva COPOL. Actualmente por iniciativa del constitucionalista Alex Solís fue presentado en la corriente legislativa con la firma de la diputada liberacionista Maureen Clarke, para que siga su curso respectivo (estaremos al tanto de su procedimiento y resolución final)
Considero que nuestro Estado ha funcionado como todo un Estado de Derecho, que respeta el principio de derecho, la división de los Poderes Públicos, la soberanía popular; el pueblo goza de deberes y derechos, principalmente de la libertad e igualdad; este es el fundamento de nuestra democracia y legitimidad de la COPOL. Costa Rica tiene un Estado moderno y respeta al pueblo como el soberano. Existe la crítica de que nuestro Estado está entrabado; pueda ser que la multiplicidad de funciones de las diversas instituciones públicas; han desvirtuado la esencia misma de nuestro Estado de Derecho y ha ido en perjuicio de la gobernabilidad o gobernanza del quehacer institucional de la administración de los Poderes públicos y por ende de la sociedad. Considero que estamos en el mejor momento histórico de hacer una profunda reflexión y análisis del funcionamiento de nuestro ordenamiento jurídico e institucional para mejorar y no por temores infundados de algunos que creen que se pueden eliminar derechos fundamentales adquiridos.
No creemos en un “Estatismo” a ultranza, donde todos los poderes públicos están al servicio del gobierno, excluyendo a los ciudadanos y fuerzas vivas; esto degenera en dictaduras o “totalitarismo de Estado”. El ideal es concebir un Estado de Derecho, social demócrata que respete los principios de legalidad, libertad, justicia, solidaridad e igualdad, y que los ciudadanos tengan una participación democrática. Por eso todos los extremos son perjudiciales para un país democrático y soberano. Para no convertirnos como otros países en un Estado “fallido”, debemos acometer con responsabilidad histórica hacer las reformas necesarias como crear una nueva Constitución Política, una reforma al Reglamento Legislativo que se encarga de ordenar los aspectos del funcionamiento del Poder Legislativo y la aprobación de leyes, revisión de las múltiples instituciones públicas y avanzar a una reforma estructural del Estado, la reforma integral fiscal; la planificación y funcionamiento ordenado de los Poderes e instituciones públicas.
Finalmente, los partidos políticos tienen una enorme influencia y responsabilidad de proponer verdaderas soluciones, y que el pueblo los observe como que ayudan a buscar soluciones y no seguir siendo parte de los problemas del país; que atentan contra el verdadero desarrollo social y económico de la Nación. Costa Rica se merece que todos participemos sin ningún tipo de exclusión en ser parte de la solución; porque reitero el “Estado es uno solo” y todos somos parte del Estado costarricense. Vivimos un sistema presidencialista y en una Asamblea Nacional Constituyente pueden discutirse si cambiamos a un sistema semipresidencialista, parlamentarista o semiparlamentarista; la discusión de hacerse un Estado Laico o seguir siendo confesional a través de la influencia histórica de la Iglesia Católica; y búsqueda de mayores formas de participación ciudadana.