Valores, práctica política e institucionalidad

Ágora

Guido Mora

El pasado fin de semana, el Partido Liberación Nacional realizó un vigoroso proceso cívico donde se eligieron los candidatos que se postularán para ocupar los puestos de Alcaldes, Vice Alcaldes, Regidores y Síndicos en los 81 cantones del país.

Fue una actividad donde prevaleció el orden, la disciplina y en la gran mayoría de los casos, la lucha transparente y noble, entre los diversos grupos que aspiraban a ocupar las posiciones de elección popular que representarán a la agrupación liberacionista, en las elecciones municipales del próximo mes de febrero de 2016.

A pesar de que ésta fue la norma que se observó en todo el país, no puedo dejar pasar la oportunidad de comentar los acontecimientos suscitados en el Cantón central de Alajuela, con el actual Alcalde y candidato a la reelección, el Lic. Roberto Thompson Chacón.

La espectacularidad del arresto, la cobertura mediática, las medidas cautelares y la liberación del Alcalde, merecen que reflexionemos por un momento sobre estos hechos.

En primer lugar, cosa que está por probarse, si el Lic. Thompson es culpable, debe recaer todo el peso de la Ley sobre él, por infringir las normas que deben regir el accionar de un representante popular en la función pública. Esto está por verse y serán las instancias respectivas quienes establezcan si Roberto Thompson es o no responsable de las faltas que se le imputan.

Por otra parte, si lo sucedido a Roberto Thompson no es más que un montaje para tratar de eliminar a un rival en la lucha política cantonal, estamos siendo testigos de una de las más execrables y deleznables prácticas, que creíamos desterradas del escenario político costarricense.

Si esta última situación es la que motiva los acontecimientos señalados, el Tribunal de Ética y Disciplina debe realizar una exhaustiva investigación, con el fin de identificar a cada uno de los involucrados en tan vil maniobra y castigar con todo el peso de la normativa partidaria, a quienes puedan ser capaces, por cálculo e interés político, de mancillar la honra, no sólo de un costarricense, sino de un compañero de Partido.

Se debe enviar el mensaje, a lo largo y ancho del territorio costarricense, a toda la dirigencia nacional, cantonal y distrital, de que el Partido Liberación Nacional no permitirá, ni perdonará a quienes sean capaces de manchar la trayectoria de un costarricense, que desde el Partido, sirva a sus conciudadanos.

Si las acciones contra Thompson se suscitan en este escenario, no pueden las Autoridades Partidarias dejar de enviar un mensaje claro, en el sentido que no están dispuestos a permitir, en el marco del remozamiento político que pretenden impulsar, que subsistan este tipo de artilugios y que no es éste el prototipo de lucha política que pretenden patrocinar.
Un partido político moderno no puede condescender a que personas capaces de elucubrar semejantes canalladas, ocupen puestos de dirección, en que el poder sea un fin en sí mismo y se permita cualquier ardid ayuno de valores, para poder obtenerlo o conservarlo.

Finalmente, si esta situación a que fue sometido Roberto Thompson fue un montaje y si se presume que existió complicidad de los representantes del Ministerio Público, para mancillar el honor del Alcalde, las Autoridades del Poder Judicial deben, de igual manera, sentar las responsabilidades del caso contra quienes, desde ese Poder de la República, se presten para facilitar el ascenso a puestos públicos de inescrupulosos, capaces de recurrir a este tipo de prácticas innobles para hacer prevalecer sus intereses.

No puede el Poder Judicial en general o el Ministerio Público en particular, dejar de sentar un precedente que condene, con la fuerza que corresponde, el uso de recursos públicos o la injerencia política de funcionarios que, capaces de instrumentalizar la justicia, se presten para ejecutar tan despreciables acciones, involucrándolo en luchas políticas partidarias.

En caso de que sea ésta la situación que cobija dicho acontecimiento, no puede permitirse que estas acciones se repitan, pues constituyen una nefasta señal que puede indicar una posible prostitución del Poder Judicial y la presencia de focos de corrupción, que tanto mal acarrean a la institucionalidad democrática costarricense.

Recapitulando, si Roberto Thompson es culpable o no, serán los Tribunales de Justicia quienes determinen, si el proceso judicial puede ser sustentando hasta llevar al Alcalde a un posible juzgamiento.

Pero si esta situación fue sólo un montaje político, el Partido Liberación Nacional tiene el deber de sentar las responsabilidades del caso y reprimir la ejecución de acciones que recurran a semejantes atrocidades, para sacar de la contienda a un rival político.

El Ministerio Público, de igual manera, no puede permitir que se instrumentalice su institucionalidad para perseguir o denigrar a costarricenses por pugnas políticas o diferencias personales.

Erradicar de una vez por todas esta posibilidad, permitirá mantener impolutas las instituciones democráticas y alejar la posibilidad de que se pervierta la institucionalidad jurídica.

El adecentamiento de la política pasa por evitar la impunidad de acciones que, como ésta, ponen en entredicho la acción partidaria y la institucionalidad de los Poderes de la República.

Señores, la responsabilidad está en sus manos; no teman en acometer las acciones que consideren correctas y oportunas. El Partido y la Patria, se los agradecerá.

– El Ágora era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas