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Vladimir de la Cruz
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La democracia griega definió un sistema de gobierno, el de la ciudad, el de la polis, donde las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos, los varones adultos, libres, mayores de 20 años, hijos legítimos de padre y madre griegos, atenienses, en la cual se excluían a las mujeres, los esclavos, los ilotas o los siervos de Esparta, los metecos, que eran personas que no tenían derechos políticos y servían en el ejército, los extranjeros, los reyes o emperadores. Las decisiones eran por votaciones directas, no representativas. Los funcionarios del gobierno que de esta manera se escogían eran elegidos por la asamblea general y algunos por sorteo.
Los grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que marcaron las grandes líneas y escuelas filosóficas, hasta los tiempos modernos, se refirieron a los sistemas de gobierno donde contemplaron la democracia, como uno de ellos, junto a la tiranía, la oligarquía, la aristocracia, la autocracia, la monarquía, conceptos que se siguen usando para calificar formas de gobiernos y sistemas políticos, temas para otra ocasión, que siguen siendo válidos para considerar las sociedades modernas, y las formas de gobierno que se imponen en algunas sociedades o países.
La democracia así entendida es el gobierno del pueblo, derivado su concepto de los vocablos griegos “demos”, pueblo y “cratos”, poder. Así también la democracia como “poder del pueblo”.
Las categorías “pueblo” como la de “democracia” son históricas, precisas, correspondientes a las épocas históricas en que se desenvuelven o existen, evolutivas en ese sentido, de modo que el pueblo de una época puede no serlo de otra. Conceptualmente el pueblo de la antigua griega no es el pueblo de la mayoría de las sociedades políticas actuales.
Lo que sigue siendo válido es la esencia del vocablo democracia, el poder o el gobierno del pueblo.
Elemento clave del sistema democrático es que la ciudadanía pueda expresarse, que su opinión sea libre y sea escuchada, que se viva con justicia y en armonía. La igualdad de derechos y la igualdad de la palabra para los ciudadanos fue característica de la época griega. En la Grecia antigua los ciudadanos controlaban, por su participación ciudadana, todas las partes del proceso político.
Con el desarrollo de los sistemas feudales el origen del poder descansó en la creencia religiosa de que Dios definía a los gobernantes, los reyes y monarcas, y les daba el poder de gobernar, de mandar políticamente.
En el siglo XVII, con Thomas Hobbes y John Locke, empezó a cuestionarse el origen divino del poder. Desarrollaron las tesis de que la libertad natural de las personas era el fundamento de la sociedad políticamente organizada, y que dicha libertad era resultado de un pacto social, de un contrato social, que daba origen igualmente al gobierno, como resultado de una decisión mayoritaria, que definía de esa manera un régimen o sistema político de gobierno. De ellos, y de esa época, surgen las llamadas ideas liberales, los derechos individuales y la igualdad como condición natural de las personas.
También distinguieron el Estado, como la organización política de la sociedad civil, la legitimidad representativa y popular del poder político, con posibilidad de revocatoria de ese poder por los ciudadanos para garantizar su seguridad. Igualmente, fortalecieron la idea de las personas sometidas a la leyes.
Thomas Hobbes y John Locke contribuyeron en los conceptos modernos de las sociedad democrática representativa actual. Con Nicolas Maquiavelo se reconoce la independencia de la teoría política, como instrumento o guía de los gobernantes. Juan Bodino fortaleció los elementos de la soberanía. Jean Jacques Rosseau sumó a las ideas del contrato social. Althusius hizo descansar la soberanía en el pueblo. Hugo Grocio señaló la injusticia como el elemento contrario de la comunidad. El Barón de Montesquieu estableció la estructura de los tres poderes del Estado, con su teoría de pesos y contra pesos, resultado de las limitaciones que se le venían imponiendo a las monarquías con los parlamentos que iban surgiendo.
En el siglo XVIII, con el Enciclopedismo y los movimientos revolucionarios que condujeron a la Revolución Francesa, con el Iluminismo que contribuyó teórica e ideológicamente a la Independencia de las colonias inglesas, se fortalecieron los conceptos de nuevos sistemas políticos, opuestos a las monarquías, haciendo surgir las repúblicas, los gobiernos republicanos, y un nuevo ser social y político, el ciudadano moderno, el hombre libre, con derechos y libertades. El ciudadano surgió como el mandante del pacto social, el que obliga al mandatario a que no se aparte del pacto social, de velar por su cumplimiento para logar el mayor bienestar y la mayor felicidad posible, como proponían los gestores y grandes luchadores de la Independencia americana.
El origen del poder empezaba a conceptualizarse como resultado del pacto social, del contrato social, mediante el cual los ciudadanos escogían gobernante, depositándole su voluntad, por representación de esa voluntad, obligando al gobernante a tener una relación armónica con los gobernados, de modo que el gobernante no podía convertirse en un déspota, una persona autoritaria, un dictador, en un personaje que actuara o gobernara contra el pueblo que lo había elegido, con el sagrado derecho de rebelión del pueblo contra ese gobernante si así actuaba, para cambiarlo por otro que mantuviera la relación armónica de la representación política.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, y luego la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, del 5 de setiembre de 1791, ambas resultantes de la Revolución Francesa, establecieron el justo derecho a la rebelión política en sus artículos 6 y 15 cuando afirman que la ley es la expresión de la voluntad general, la expresión de la soberanía y la fuente de los poderes públicos; señalando que los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella.
La caída del régimen colonial español produjo el surgimiento de los estados surgidos de los movimientos insurgentes hacia los Estados nacionales y de los procesos republicanos, que poco a poco, con determinación, se fueron afirmando con Constituciones políticas, y con la gestación de los tres poderes clásicos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, con sus específicas, indelegables e independientes funciones. Así, se desarrolló Costa Rica desde 1824 cuando formamos parte de la República Federal de Centro de América, y en la parte correspondiente, como parte de ella, nos constituimos en Estado.
Han transcurrido 200 años de esa esa división de poderes públicos. Han sido la estructura y han constituido la arquitectura de la sociedad política, estatal y civil de los costarricenses. Han generado lo que se conoce como un Estado de Derecho, que significa que todo ese engranaje se somete a las leyes, y que quienes dirigen esa organización política, estatal y administrativa se someten, igualmente, a Constitución y a las leyes sin poder actuar o hacer lo que la ley no les permite.
Las 13 constituciones que hemos tenido desde 1821 han validado esa forma de desarrollar el país, de asegurar la vida de la sociedad, de los hombres y las mujeres, de asegurarles los derechos y las libertades, su seguridad, su territorio, su condición de personas, y ciudadanos, libres.
Desde sus orígenes, las personas que ocuparon los puestos de dirección de las estructuras estatales, en el Poder Ejecutivo y Legislativo, fueron civiles. Mayoritariamente, maestros y educadores, desde el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador, desde 1824 hasta 1833, abogados, médicos, empresarios, agricultores, economistas. De excepción algunos militares por corto plazo en el ejercicio gubernativo.
Las formas de gobierno en estos 203 años, desde la Declaración de Independencia en Cartago, el 29 de octubre de 1821, fueron para el período 1821-1823, la de Juntas de Gobierno, denominadas: de Legados de los Pueblos, Interinas, Superior Gubernativa, primera, segunda y tercera, Junta Electoral, la Diputación Provincial o Triunvirato; un período brevísimo de 18 días, la de Comandantes Generales, y el Congreso Constituyente, para pasar a la Estructuración del Estado de Costa Rica, con sus jefes de Estado desde el 8 de setiembre de 1823 hasta el 8 de mayo de 1847. A partir de allí por un año bajo la modalidad de Presidente de Estado y desde el 31 de agosto de 1848, bajo la forma de República de Costa Rica, instituimos la figura del Presidente de la República, en un primer gran momento, hasta el 8 de mayo de 1948, cuando se hizo surgir una segunda etapa, al proclamarse la Fundación de la Segunda República que se proyecta hasta nuestros días. En estos 203 años ha habido 92 gobiernos, algunos repetidos en los personajes a cargo de ellos. Junto a ellos tuvimos 4 presidentes de la República Federal que fueron presidentes de Costa Rica, mientras estuvimos allí formando parte.
La alternabilidad en el ejercicio del cargo fue más estable después de 1847, en promedio cada tres y cuatro años, y desde 1949 hasta hoy procesos ininterrumpidos cada cuatro años, de alternabilidad de gobernantes y también de partidos políticos.
Hombres fuertes al frente del Poder Ejecutivo ha habido algunos, pero en carácter de dictadores o tiranos, como los conocemos hoy, en términos generales, caben en una mano, en estos 203 años de vida independiente.
Las dictaduras y tiranías como formas de gobierno y de ejercicio de poder en el siglo XX solo se conocieron en estricto sentido dos, la de Federico Tinoco, 1917 a 1919 y la de Junta de Facto, de la Segunda República, 1948-1949. La primera hecha caer por la acción del pueblo en luchas populares, luchas constitucionalistas y democráticas, con acciones armadas. La segunda, por su propia voluntad entregó el Poder Político, en 1949, al presidente Otilio Ulate a quien le habían anulado su elección presidencial en 1948.
Como forma de vida ciudadana desde aquellos años iniciales se empezó a formar a los ciudadanos en la vida republicana, en la vida civil, aun cuando tuvimos Ejército, desde 1835 hasta 1948,y cuando ese ejército cumplió una extraordinaria labor patriótica, heroica y nacional en la lucha contra los filibusteros norteamericanos en 1856 y 1857.
Esa formación se estimuló desde la escuela, desde los gobiernos de Juan Mora Fernández que se impulsó teniendo en cuenta a niños y niñas, con apoyo de las municipalidades que estaban empezando.
Así se empezaba a educar en la democracia como una forma de vida, no solo como una organización de poder político. Una forma de vida que descansa en la organización política que garantiza esa manera de vivir, con principios de solidaridad, igualdad, equidad, con ejercicio de derechos y libertades y luego con el desarrollo de esos derechos a la escala de los llamados Derechos Humanos, que operan como un gran paraguas de prácticamente toda la legislación en lo que atañe a las personas en sus diversas dimensiones que puede expresarse en su vida en sociedad. Hoy agrega la ampliación de los derechos políticos sin discriminación alguna en cuanto a género, condición de alfabetismo o analfabetismo, raza, etnia, grupos sociales. El voto universal es su máxima expresión, directo y secreto, garantía de una decisión tomada en conciencia, sin interferencia ni presión alguna en la urna. La titularidad del ejercicio de poder nace del proceso electoral, de las urnas, del depósito de los votos o del sufragio ciudadano.
Cuando se ha desarrollado la democracia político electoral a la participación directa de los ciudadanos en la posibilidad de actuar como legisladores con la figura del referéndum, el concepto tradicional de la Democracia por el pueblo para el pueblo y del pueblo, se ha enriquecido para entenderla como Democracia con el pueblo. La participación ciudadana, en este sentido, es importante para entender la construcción de una sólida y vigorosa democracia, que implica responsabilidad social compartida, transparencia en la gestión pública y política y rendición de cuentas de quienes ejercen la representación política.
Políticamente la eliminación del voto indirecto que existió, para comprender a todo ciudadano con plenos derechos, impuso el principio democrático de una persona un voto, todas las personas con igual peso cualitativo en el sufragio, y con la certeza de que miembro de la Asamblea Legislativa representa igual número de ciudadanos o habitantes.
La democracia se percibe como una forma de vida, con gobiernos que procuran la justicia y el bien común, como la mejor forma de vida de los sistemas de gobierno y de organización social que existen. El promover las condiciones que permitan a las personas acceder a una igualdad de oportunidades y posibilidades para el logro de su mejor y mayor bienestar es un fin del ideal democrático.
La democracia supone una cultura democrática que se expresa en valores, creencias de distinta naturaleza, representaciones sociales de una pluralidad nacional. La vida en un sistema democrático impone tener la democracia como una aspiración permanente de mejorarla, de fortalecerla y de enriquecerla para trata de lograr la máxima aspiración o deseo que quisiéramos. En un proceso de vida en desarrollo constante, con riesgos y desafíos que a su vez la amenazan, tratan de debilitarla y de hacerla ineficaz en sus fines y objetivos.
Pilares de la democracia como son las libertades de expresión, de prensa, de conciencia, de acceso a la información, de asociación, de protesta y de organización, de pluralismo político, religioso, de procesos electorales confiables, del respeto del resultado de esos procesos electorales respetando las mayorías victoriosas y la minorías perdedoras, son parte de la arquitectura democrática nacional que se ha construido en 203 años de vida independiente y soberana.
La democracia como la entendemos hoy, y así se expresa en Costa Rica, descansa en estas bases institucionales y constitucionales, participación política, ejercicio de derechos y libertades, pluralismo político, separación orgánica y funcional de los poderes públicos, con independencia, autonomía, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones, con un Estado de Derecho que sujeta a los gobernantes a lo que les dispone la ley y a los ciudadanos al ejercicio amplio, irrestricto de sus libertades y derechos, bajo principios de tolerancia y respeto a las personas y sus opiniones.
La construcción democrática que hemos alcanzado ha sido también el resultado de pactos, concertaciones y acuerdos nacionales de las distintas fuerzas políticas, en los espacios y circunstancias en que tienen y han tenido que participar.
La democracia costarricense es una construcción de toda la ciudadanía.
El Estado de Derecho de Costa Rica es el resultado de la evolución democrática nacional. Sin esa democracia no habría Estado de Derecho, ni tampoco habría el Estado Social de Derecho que también se logrado, como expresión de una democracia social ricamente lograda, hoy bastante amenazados el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. La tarea nacional urgente que nos compromete es su defensa.
Historiador
